Colombia y México al tope de una lista criminal
Al menos 321 activistas defensores de derechos humanos fueron asesinados a nivel mundial en 2018, según el último reporte de la organización Front Line Defenders, que ganó el premio de Derechos Humanos 2018 de la ONU.
Esta ONG con sede en Dublin contabilizó nueve víctimas más que el año anterior y lo más alarmante es que el 75% de los casos ocurrieron en América Latina. Aunque la organización reconoce que los casos reportados en África y Asia solo una porción de los totales, los datos de nuestra región son elocuentes.
Mientras una enorme campaña propagandística está destinada a maximizar los problemas de Venezuela y afirmar que no hay democracia en el país, violaciones a derechos fundamentales de las poblaciones de América Latina quedan fuera de la cobertura de los grandes medios de comunicación.
Cruzando la frontera occidental de Venezuela está Colombia, país que encabezó otra vez la lista de activistas asesinados, con 126 casos, que representan casi el 40% del total en 2018.
Si se suman los crímenes contra defensores de derechos humanos en México, los dos países suman el 54% de los muertos en la lista difundida por Front Line Defenders, con 174 casos en total.
El tercer país con más activistas muertos es Filipinas, con 39 casos, y le siguen otros dos países latinoamericanos: Guatemala (26) y Brasil (23).
En el caso de Guatemala los crímenes se multiplicaron desde mayo de 2018 y el año terminó con un 136% más de asesinatos de derechos humanos.
Otro dato clave del informe es que el 77% de los asesinatos fue perpetrado contra defensores de la tierra, el medio ambiente y los derechos indígenas, una categoría que registró un 67% más de casos respecto de 2017.
La presencia latinoamericana en esta lista se completa con ocho casos de Honduras, cinco casos de Venezuela, dos de Chile y uno en Argentina, Ecuador y Perú.
Consideraciones
El informe resalta para el caso de Guatemala que entre el 9 de mayo y el 4 de junio siete indígenas defensores de derechos humanos fueron asesinados, cinco de los cuales eran miembros de Codeca, una importante organización campesina del país. “Algunos días antes del primer asesinato, el 2 de mayo, el presidente Jimmy Morales se refirió a Codeca como una organización criminal durante un acto público”, registra el informe.
En el caso colombiano, el país registra un aumento de los asesinatos contra activistas líderes de comunidades desde la firma de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la exguerrilla de las Farc. “Dos años después, el Estado ha fallado en implementar la mayoría de sus obligaciones, como establecer una presencia integral en las regiones rurales e implementar la restitución de tierras y programas de sustitución de cultivos. Esto llevó a un número de grupos armados ilegales a pelear por el control de las áreas previamente ocupadas por las Farc y al fortalecimiento de las economías ilegales en la región”, concluye el informe.
Según la organización, muchos de los ataques contra líderes sociales están precedidos por campañas nacionales de criminalización de los activistas, a quienes se los califica como “terroristas”, «anti-desarrollo», «anti-estado», «traidores» o “criminales.
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