Débil argumento de CPI para no investigar a Washington
Con dos curiosos argumentos la Corte Penal Internacional (CPI) con sede en La Haya rechazó la posibilidad de abrir una investigación para determinar supuestos crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en Afganistán cometidas por tropas de Estados Unidos asi como también por talibanes y autoridades del país.
Las dos principales razones para el rechazo a abrir una investigación son la falta de fondos económicos necesarios para que la Corte realice el trabajo y el hecho no poder «asegurar la cooperación significativa de las autoridades pertinentes».
El rechazo de Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI a la investigación, solicitada por la Fiscalía, se produce tras la reacción de Estados Unidos de rechazar cualquier intento de investigación y de amenazar al máximo tribunal de Justicia de la ONU y a sus integrantes.
La reacción del gobierno de Donald Trump se conoció, y fue progresivamente en aumento, desde que la fiscal general de la CPI, Fatou Bensouda, anunciara en 2017 su intención de inspeccionar presuntos crímenes cometidos por el ejército estadounidense en Afganistán, país en el que está presente desde 2001.
Para rechazar el inicio de las investigaciones la Sala Preliminar argumentó que «es extremadamente difícil evaluar las perspectivas de asegurar la cooperación significativa de las autoridades pertinentes para el futuro, ya sea con respecto a las investigaciones o a la entrega de sospechosos».
Los jueces de la CPI tardaron más de un año y cuatro meses en llegar a esta conclusión, tiempo suficiente para que Estados Unidos continuara con sus amenazas a los miembros de la Corte y retirara visas a algunos de ellos.
El tribunal preliminar afirmó que, pese a que «se cumplen todos los requisitos relevantes, tanto en lo que respecta a la jurisdicción como a la admisibilidad» del caso, «las perspectivas de una investigación y un procesamiento exitosos son extremadamente limitadas».
En su resolución también expusieron motivos económicos al concluir que «una investigación requeriría inevitablemente de una significante cantidad de recursos».
Explicaron en su fallo: «en la previsible ausencia de recursos adicionales para el presupuesto de la corte, autorizar la investigación resultaría en que la Fiscalía tendría que reasignar sus recursos financieros y humanos».
En septiembre de 2018 el asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, John Bolton, amenazó con imponer sanciones a la CPI si autorizaba la investigación y aseguró que el tribunal estaba «muerto» para su país.
Recientemente Washington anunció que prohibiría la entrada a Estados Unidos de cualquier trabajador de la CPI implicado en la eventual investigación y le retiró el visado a la Fiscal general, Fatou Bensouda.
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