En marcha la nueva comisión para el caso Ayotzinapa
El Grupo de Apoyo Técnico (GAT) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se sumó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, creada por el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, para investigar los hechos de septiembre de 2014 por los que están desaparecidos los 43 estudiantes de Ayotzinapa.
La nueva comisión junto a las autoridades de Justicia de México inicia una nueva investigación luego de las realizadas por el Estado mexicano durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto, rechazada por familiares de los jóvenes y por la propia CIDH.
El nuevo trabajo se centrará en cuatro puntos específicos: búsqueda de los 43 estudiantes de la normal Ayotzinapa desaparecidos de manera forzada; investigaciones efectivas; atención a todas las víctimas de esos crímenes y establecimiento de medidas estructurales que garanticen la no repetición de los hechos.
El pasado lunes la presidenta de la CIDH y relatora de ese organismo para México, Esmeralda Arosamena de Troitiño, entregó al Estado mexicano el informe final del Mecanismo de Seguimiento para el caso Ayotzinapa de la CIDH.
Este grupo se instaló en México con la pasada administración federal como una manera de suplantar los trabajos del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que dejó el país el 30 de abril de 2016 luego que el gobierno de Peña Nieto no renovara el acuerdo para su permanencia.
Al entregar el nuevo informe, la presidenta de la CIDH afirmó que para esa instancia internacional, la “mal llamada” verdad histórica (elaborada por la Fiscalía General y el anterior Gobierno mexicano), debe ser descartada por las nuevas autoridades mexicanas a fin de llegar a la verdad y la justicia.
“Tenemos que dejar atrás la llamada verdad histórica. Debe darse una nueva narrativa. Al mal llamada verdad histórica está descartada”, subrayó.
Destacó la posición de las nuevas autoridades federales, que a diferencia de la pasada administración, han abierto un impulso que representa “una oportunidad histórica para romper con la impunidad”.
El Gobierno de México reafirmó que el GAT apoyará técnicamente todas las líneas e investigación criminal abiertas, las que no siguió la antigua Procuraduría General de la República.
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