Otra grave crisis en la Guatemala de Jimmy Morales
Las instituciones de Guatemala, en especial del Gobierno del presidente Jimmy Morales, generaron este fin de semana una nueva crisis luego de que un alto funcionario de un organismo investigador de la ONU fuera detenido al ingresar al país y durante 24 horas.
Si bien el funcionario fue autorizado a ingresar en Guatemala tras pasar más de 24 horas retenido en el aeropuerto de la capital, causó numerosas protestas dentro y fuera del país, provocó una denuncia penal contra dos ministros del gabinete del presidente Jimmy Morales y la detención de dos agentes de la autoridad migratoria.
El representante es el colombiano Yilen Osorio Zuluaga, miembro de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un organismo investigador adscripto a la ONU que funciona en el país desde 2007 con autorización de todos los poderes del Estado pero rechazado por Jimmy Morales desde que asumió la Presidencia en 2015.
Osorio Zuluaga fue detenido el sábado en el aeropuerto internacional La Aurora por efectivos del Instituto Guatemalteco de Migración y de la Policía Nacional Civil (PNC) cuando desembarcaba de un vuelo procedente de Costa Rica.
La prensa guatemalteca explicó que los efectivos intentaron deportarlo de inmediato pero la maniobra se frenó por un recurso judicial presentado por el procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Rodas.
El vocero de la Cicig, Matías Ponce, explicó que tras más de 24 horas retenido, una resolución de la Corte de Constitucionalidad permitió que Osorio fuera autorizado a ingresar en Guatemala.
Mientras duró el incidente, el aeropuerto de Guatemala estuvo rodeado por un numeroso cerco policial y resultaron afectados más de un millar de pasajeros por vuelos suspendidos o demorados.
El gobierno de Morales -acusado por la propia Cicig y la Fiscalía General del Estado de corrupción electoral- decidió no renovar las visas de 11 investigadores de ese organismo, entre ellos Osorio, razón por la que abandonaron el país en diciembre pasado.
Tras su salida, la Corte de Constitucionalidad falló a favor de los investigadores internacionales y ordenó que pudieran retornar al país.
El Ministerio Público envió fiscales al aeropuerto y ordenó la detención de dos funcionarios del Instituto de Migración por no acatar los fallos que protegen a los miembros del organismo de la ONU.
La ONG Acción Ciudadana denunció penalmente al ministro de Gobernación, Enrique Degenhart, y a la canciller, Sandra Jovel, por «desobediencia a una resolución judicial y violación de inmunidades».
La Cicig fue instalada en 2007 para investigar casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, pero luego se dedicó a indagar casos de corrupción.