Paraguayos piden al Gobierno que respete a Venezuela
Decenas de mujeres y hombres sindicalistas, académicos, artistas, políticos, dirigentes campesinos y sociales de Paraguay pidieron al presidente Mario Abdo Benítez que su Gobierno respete el derecho a la autodeterminacion de Venezuela.
Mediante la presentación de una nota formal con firmas e identificación, representantes de la sociedad paraguaya reclamaron además que el Ejecutivo ajuste su conducta a la Carta de las Naciones Unidas y que deje de participar en actos de agresión contra el estado de Venezuela.
También reclamaron que que abandone el grupo de Lima por tratarse de una política irresponsable que trae guerra y conflicto bajo orden de Estados Unidos y se inserte en el grupo de solución pacifica de diferendos.
Tras asegurar que «este gobierno y su política no nos representa porque somos un pueblo pacifista respetuoso del Derecho de los Pueblos», le piden «que se ocupe de resolver los problema de hambre y miseria del pueblo paraguayo».
En la nota dirigida al ministro de Relaciones Exteriores, Luis Alberto Castiglioni, exigen «que cese la actual política exterior violatoria de la disposición constitucional» y que «explique los motivos de su política de subordinación a una potencia extranjera y por qué optó por violar en forma flagrante la misma CN (Constitución Nacional) y las
reglas esenciales e imperativas contenidas en la Carta de la ONU y en instrumentos internacionales de Derechos Humanos».
Entre otros, firman la nota los senadores nacionales Carlos Filizzola, Hugo Richer y Sixto Pereira; el Parlamentario del Mercosur Ricardo Canese; los ex ministros de Exteriores Héctor Lacognata y Hugo Ruiz Díaz Balbuena; el político y defensor de los Derechos Humanos Domingo Laino y el médico, investigador y defensor de los Derechos Humanos Joel Filartiga.
El texto está suscripto además por otros dirigentes de Derechos Humanos, personalidades de la cultura, líderes campesinos, comunicadores, investigadores, académicos, docentes, sindicalistas y representantes de movimientos políticos.
También cuestionan «en qué parte de su programa de gobierno se encuentra tal política de subordinación a intereses de potencia extranjera, de transgresión sistemática y en gran escala de los Derechos Humanos y de agresión contra otros pueblos».
La exigencia también pide que «se retire inmediatamente del grupo de facto de Lima y abandone toda política de agresión y de intervención contra otro Estado, ajustando su conducta al marco civilizatorio contenido en la Carta de la ONU y en innumerables instrumentos jurídicos internacionales».
Agrega un pedido para que «participe en el proceso de diálogo, negociación y solución pacífica, implementada por Méjico, Uruguay, con la participación de la Caricom y de Bolivia, así como en las iniciativas de diálogo y solución pacífica propuestas por El Vaticano en la voz del Papa Francisco».
A CONTINUACIÓN EL TEXTO COMPLETO DEL COMUNICADO:
Señor
Ministro de Relaciones Exteriores
De la República del Paraguay
LUIS ALBERTO CASTIGLIONI
PRESENTE
En tanto que ciudadanos, amantes y defensores de la paz, de la solución pacífica de diferendos, de la no intervención, de rechazo del crimen internacional de agresión, respetuosos de la autodeterminación de los pueblos; nos dirigimos a Ud., y por su intermedio, al Jefe de Estado, Mario Abdo Benítez, para expresar y explicitar cuanto sigue:
1. Recordamos al gobierno paraguayo que su obligación internacional esencial, emanada de una norma imperativa de Derecho internacional, es la búsqueda de mecanismos de Solución Pacífica de diferendos, contenida en el artículo 33 de la Carta de la ONU así como en los artículos 24, 25 y art. 3 de la Carta de la OEA.
2. La actual política exterior con respecto al Estado de la República Bolivariana de Venezuela, decidida sin consulta ni debate alguno fuera del país, va en contrasentido y en abierta transgresión de aquélla norma imperativa. Esta política exterior persigue y busca el derrocamiento del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, por medio de utilización de la fuerza, de la coacción, de la violencia, del chantaje. El gobierno paraguayo, en una política más que errática, embarca al pueblo paraguayo en aventurerismos guerreristas, cuyas consecuencias son imprevisibles.
3. La presencia del Estado paraguayo en el grupo de facto de Lima, desde donde se aplican políticas violatorias de toda norma jurídica de convivencia, transgresoras del Derecho como tal, es más que indecente e inmoral.
4. El llamado constante, permanente a asfixiar económica, financiera, comercial, diplomática, políticamente a otro pueblo; al gobierno de otro Estado; es un acto que viola todos y cada uno de los principios y reglas de la Carta de las Naciones y de otros instrumentos jurídicos. (art. 2.4 de la Carta de la ONU; arts. 19 y 20 Carta de la OEA, Resolución 2625 de 1970, Resolución 2131 1965, entre otros).
5. Las sanciones comerciales, económicas, financieras, diplomáticas, son decisiones, medidas unilaterales decididas por el gobierno norteamericano, simplemente homologadas por el Estado paraguayo. Importante es recalcar al gobierno paraguayo que estas sanciones unilaterales, por su escala y su objetivo, son actos constitutivos de un acto de agresión económica, estrictamente prohibidas por la Carta de las Naciones Unidas y que por sus efectos sobre la población, muy próximos ya al crimen de genocidio y al crimen de lesa humanidad.
6. Más grave aun. Las sanciones en las que participa el Estado paraguayo, son actos no fundados en decisiones colectivas de ninguna organización internacional ni fundadas en disposiciones legales. No fueron adoptadas ni en el marco de la OEA ni en el marco de la Carta de las Naciones Unidas. Los actos del gobierno paraguayo obedecen, pues, a una política carente de independencia, de soberanía, de autonomía. Es una política de sumisión y de subordinación a los intereses de una potencia extranjera, a los intereses que responden a los del gobierno de Estados Unidos, que busca instaurar la violencia, la guerra fratricida, la destrucción de la democracia, el aniquilamiento de la autodeterminación, la liquidación de todo proyecto de desarrollo autónomo; en toda la región.
7. Además, recordamos al gobierno que las sanciones unilaterales norteamericanas, endosadas por el Estado y gobierno paraguayos, son actos intrínsecamente violatorios, transgresores en gran escala de los Derechos Humanos (art. 1 común a los dos Pactos de las Naciones Unidas). El carácter ilícito y violatorio de estos actos fueron explícitamente señalados en forma constante por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y por la Asamblea General de la ONU hasta nuestros días.
8. Por tanto, esta política exterior, basada en la violación sistemática y en gran escala de los Derechos Humanos, de principios y reglas fundamentales del Derecho internacional, no representa ni los intereses del pueblo paraguayo,
ni los intereses nacionales, ni el interés general. Es toda una política de destrucción de todo Derecho, nacional, regional, internacional que abre el campo a la barbarie.
9. Recordamos al gobierno paraguayo, la disposición contenida en el artículo 143 de la Constitución Nacional, la cual lo obliga a la más profunda revisión de esta política exterior irresponsable, y se ajuste las obligaciones internacionales derivadas de normas imperativas.
Exigimos al gobierno:
a. que cese la actual política exterior violatoria de la disposición constitucional; explique los motivos de su política de subordinación a una potencia extranjera y por qué optó por violar en forma flagrante la misma CN y las reglas esenciales e imperativas contenidas en la Carta de la ONU y en instrumentos internacionales de Derechos Humanos.
b. en qué parte de su programa de gobierno se encuentra tal política de subordinación a intereses de potencia extranjera, de transgresión sistemática y en gran escala de los Derechos Humanos y de agresión contra otros pueblos.
c. se retire inmediatamente del grupo de facto de Lima y abandone toda política de agresión y de intervención contra otro Estado, ajustando su conducta al marco civilizatorio contenido en la Carta de la ONU y en innumerables instrumentos jurídicos internacionales.
d. que participe en el proceso de diálogo, negociación y solución pacífica, implementada por Méjico, Uruguay, con la participación de la Caricom y de Bolivia, así como en las iniciativas de diálogo y solución pacífica propuestas por El Vaticano en la voz del Papa Francisco I.