Macri anula resolución a favor de mujeres embarazadas
El Secretario de Salud había incluido en la legislación nacional el protocolo de interrupción legal del embarazo.
Ignacio Díaz – América XXI
Mínimo contacto con la prensa y sin anuncios públicos. Con esa premisa el presidente Mauricio Macri transita los últimos días de su gobierno, que culmina el 10 de diciembre. Lo hace en segundo plano, mientras el centro de la agenda mediática lo ocupa Alberto Fernández, quien lo reemplazará en menos de tres semanas.
Sin embargo, aún con bajo perfil, las decisiones presidenciales continúan teniendo un fuerte impacto social. Así ocurrió en las últimas horas, cuando ordenó revertir una resolución que su propio Gobierno publicó en el Boletín Oficial este miércoles. Se trata del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo”, que por primera vez pasaba a formar parte de la legislación nacional.
La publicación de la resolución oficial fue una decisión del Secretario de Salud, Adolfo Rubinstein, quien lo anunció en la mañana del miércoles.
“La Secretaría de Gobierno de Salud aprobó el protocolo nacional para la atención integral de las personas con derecho a la Interrupción Legal del Embarazo. Un gran paso para seguir avanzando en la consolidación de derechos y en la protección de la salud pública con equidad”, publicó en Twitter. “Es un gran avance porque reconoce los derechos que ya son ley, actualiza los criterios a lo que establece el Código Civil y termina con la posibilidad de interpretaciones libres sobre el texto acerca de las causales que autorizan la interrupción legal del embarazo, de modo que no puedan existir dilaciones ni que se judicialicen los casos”, agregó luego consultado por el diario La Nación.
Sin embargo, la alegría de las mujeres que luchan por el derecho a la interrupción legal y gratuita del embarazo duró poco. El mismo día, y sin anunciarlo públicamente, el presidente Macri ordenó anular la resolución oficial. Para eso, le ordenó a su ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, ligada a la Iglesia Católica, que redacte y publique otra resolución que invalide la firmada por Rubinstein. Puede hacerlo porque tras la reestructuración de los ministerios hecha por el Gobierno, el área de Salud quedó reducida a una Secretaría dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.
En la mañana del jueves, todavía esa nueva resolución no había sido publicada en el Boletín Oficial, pero desde el Gobierno confirmaron a la prensa que ya era una decisión tomada.
De esta manera, y tras haber promovido el debate sobre la legalización del aborto el año pasado en el Congreso, Macri dio un paso atrás sobre sus dichos y reafirmó posiciones conservadoras. Por el contrario, Alberto Fernández ya anunció que enviará rápidamente un proyecto de ley y se pronunció a favor de la legalización del aborto en una entrevista con el diario Página/12.
Qué decía la resolución anulada
El “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo” fue publicado en 2015, antes de la llegada de Macri a la Casa Rosada, y había sido actualizado por última vez en 2016. Este documento es, a su vez, una actualización de la “Guía Técnica para la Atención Integral de los Abortos No Punibles” elaborada por el Ministerio de Salud de la Nación en 2010.
Tras la nueva actualización de este año, la decisión del secretario de Salud fue darle al protocolo rango de legislación nacional, con el objetivo de que el derecho al aborto en los casos permitidos por ley sea garantizado en todo el país. El Código Penal argentino permite la interrupción voluntaria del embarazo en casos de violación y cuando hay riesgo de salud para la mujer. Sin embargo, múltiples instituciones de salud públicas y privadas interpretaban al protocolo como una recomendación sin valor jurídico y realizaban interpretaciones restrictivas de estos causales, vulnerando derechos de mujeres adolescentes y adultas embarazadas. Por eso Rubinstein intentó sobre el cierre de su gestión dar un paso adelante, pero Macri lo anuló.
El contenido del protocolo actualizado y reconvertido en resolución oficial estaba en buena medida apoyado en recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS). En ese sentido, el documento incorporaba una visión integral de la salud, entendida como el “completo estado de bienestar físico, psíquico y social”, según la OMS.
De esta manera, la interrupción legal del embarazo en casos de peligro para la salud “no requiere la constatación de una enfermedad y, en este sentido, no debe exigirse tampoco que el peligro sea de una intensidad determinada. Bastará con la potencialidad de afectación de la salud de la mujer para determinar el encuadre como causal de no punibilidad para el aborto”, se lee en la resolución.
El documento impulsado por Rubinstein hizo hincapié en los derechos de las niñas y adolescentes a partir de los 13 años. Buscaba habilitar desde esta edad el derecho al aborto por causa de afectación de la salud y sin necesidad de autorización de los padres en embarazos de menos de 12 semanas. «En las situaciones de embarazo en menores de 15 años debe considerarse siempre la posibilidad de acceso a ILE (Interrupción Legal del Embarazo) por riesgo para la salud o la vida», dice el texto, que cita al Comité de los Derechos del Niño (ONU).
Otro punto importante de la resolución es que obligaba a las instituciones de salud que recibieran a mujeres embarazadas a preguntarles si el caso podía considerarse dentro de alguna de las causales de interrupción legal. Esto debía hacerse en la primera entrevista médica sin excepción.
La actualización del protocolo también establecía un plazo de 10 días para realizar la interrupción del embarazo en los casos habilitados por ley y reafirmaba la responsabilidad civil y penal por no hacerlo. «No brindar información completa, dar información inadecuada y obstaculizar la práctica constituyen actos de discriminación y violación al derecho a la igualdad ante la ley, consagrado no sólo en la Constitución Nacional sino también en los Tratados Internacionales de derechos humanos. Y, en caso de tratarse de personal del subsistema público de salud, estas acciones pueden configurarse también en el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público», se lee en la resolución que el Presidente decidió anular.
Según los últimos datos oficiales, en 2017 murieron al menos 30 mujeres por abortos, casos que podrían haberse evitado con una legislación que permita la interrupción voluntaria del embarazo de manera gratuita en las instituciones de salud del país.
@IgnacioDM
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