Ayotzinapa: seis años de dolor y memoria en Latinoamérica
La desaparición en México de 43 jóvenes, en 2014, abrió preguntas sin respuestas y reabrió viejas heridas en el continente.
Los 43 estudiantes de magisterio de la Escuela Normal de la localidad de Ayotzinapa desaparecieron la madrugada del 27 de septiembre de 2014 en el vecino municipio de Iguala a su regreso de una protesta contra las autoridades locales.
La versión oficial del entonces presidente Enrique Peña Nieto, de la Procuraduría General y de las autoridades del estado de Guerrero, es que fueron sorprendidos por la organización criminal Los Rojos.
La misma versión señaló que esto ocurrió como parte de un ajuste de cuentas entre grupos narcos rivales y que los sicarios los mataron e incineraron y se deshicieron de sus restos en el basurero de Cocula.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y forenses argentinos que, a instancias de los familiares, participaron en las pesquisas probaron la falacia de esta teoría.
Las mismas investigaciones particulares apuntaron que el crimen podría estar relacionado con el tráfico de drogas en la región e involucró la connivencia entre autoridades políticas y grupos criminales.
Más allá de los detenidos como partícipes de la emboscada que terminó con el secuestro y la desaparición ¿qué pasó con quienes dieron órdenes, quienes encubrieron, quienes destruyeron evidencias y simularos pruebas que resultaron falsas?
Se cumplen seis años de ausencia de justicia, de entramado impune entre diferentes ámbitos del Estado, de burla a los familiares de los jóvenes, de desgaste y estigmatización de las víctimas.
También se cumplen seis años de marchas de silencio, de madres y padres que mueren sin saber de sus hijos, de campañas internacionales, de expresiones artísticas para recordarlos.
Seis años de convivir con los fantasmas de una América Latina que llora a sus hijas e hijos desaparecidos a manos de un poder corrompido desde sus entrañas.
SEIS AÑOS DESPUÉS…
¿Qué nos dice la Justicia de México sobre las responsabilidades de Peña Nieto y sus fuerzas federales, entre ellos el 27° Batallón de Infantería del Ejército? ¿Y qué sobre Ángel Aguirre, por entonces gobernador de Guerrero, su policía y sus funcionarios más cercanos?
¿Qué sabemos del fugado Tomás Zerón, exfuncionario policial de la Procuraduría especializado en manipulación de pruebas? ¿Y de los ex Procuradores Jesús Murillo Karam y Areli Gómez?
A poco de haber asumido, en diciembre de 2018, el Presidente Andrés Manuel López Obrador, atendiendo un reclamo de los familiares y de organismos internacionales, creó la «Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa”.
En este tiempo, el trabajo de un sector de la Justicia y de las nuevas autoridades permitió el hallazgo de los restos de otro de los estudiantes desaparecidos, Christian Alfonso Rodríguez Telumbre, en un sitio distinto al señalado en la versión oficial de aquellos años.
También se logró la entrega voluntaria del ex titular de la Policía Federal Ministerial Carlos Gómez Arrieta y la detención de José Ángel Casarrubias Salgado, alias El Mochomo, líder del cártel Guerreros Unidos, la organización criminal responsable material del secuestro.
Pero en estos últimos tiempos se produjo la fuga del mencionado Zerón. Se escapó primero a Canadá y luego a Israel, país con el que México no tiene tratado de extradición.
En México dicen que esta pieza es clave porque solo él puede explicar quién le ordenó alterar, esconder y destruir pruebas, torturar para obtener testimonios que encajaran en esa teoría oficial y ocultar la verdad.
Madres, padres y otros familiares de los 43 reconocen en López Obrador voluntad en resolver el caso, pero hay evidencias de que un entramado institucional trasciende esa mirada.
La búsqueda de los 43 dejó y aún deja al descubierto violencia institucional, crimen organizado, narcos, complicidad policial, judicial y estatal.
AQUELLA NOCHE…
La noche del 26 de septiembre de 2014 el alcalde de Iguala José Luis Abarca Velázquez del PRD (Partido de la Revolución Democrática) y su esposa María de los Ángeles Pineda daban una fiesta
Celebraban los logros obtenidos en el instituto para el desarrollo integral de la familia organismo del cual Pineda era directora, esa misma noche los estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos habían llegado a la ciudad de Iguala para manifestarse
Tomaron autobuses de la terminal, con la intención de acercarse al lugar donde se realizaría a fiesta, en ese momento fueron interceptados por la policía, quienes abrieron fuego sobre los estudiantes. Provocaron 3 muertos, 27 heridos y 43 estudiantes desaparecidos
La escuela Rural Isidro Burgo se encuentra en Ayotzinapa, una localidad en el estado de Guerrero al sur de México. Fue creada en marzo de 1926 con ayuda del pueblo y para dar educación y protección a los hijos de campesinos de las zonas más pobres del lugar.
Desde aquel 26 de septiembre de 2014 las familias llevaron adelante una intensa búsqueda. Se realizaron caravanas por distintos puntos de México y por casi toda América Latina, con el lema “vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
A pesar de esta consigna, el gobierno de Peña Nieto se dedicó a buscarlos muertos, en los primeros ocho meses de rastreos se encontraron 60 fosas clandestinas, y en ninguna hallaron a los estudiantes.
Como se dijo, la búsqueda de los 43 dejó al descubierto los innumerables casos de violencia institucional, el crimen organizado y el narcotráfico, en un contexto de complicidad policial, judicial y estatal.
Millones en América Latina buscamos respuestas, verdad y justicia por los 43 y por todas y todos aquellos jóvenes asesinados por la violencia narco, policial, parapolicial, institucional y militar. Con la memoria intacta, decimos Nunca Más.
LA NOTICIA EN AUDIO (Voz: Salvatrice Sfilio)
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