Prácticamente ya nadie duda que Cataluña aprobará el próximo 1 de octubre su independencia de España. Tampoco está en discusión la postura que tomará Madrid: rechazar la decisión por ser inconstitucional. El interrogante es qué camino adoptarán los partidos catalanes independentistas luego que se confirmen estas proyecciones.

Este martes fue presentado el proyecto de ley para la celebración del referéndum de autodeterminación por parte de la coalición de gobierno Junts Pel Sí (Juntos por el Sí) y la Candidatura de Unidad Popular (CUP). Anunciado unilateralmente bajo el rótulo Ley de Autodeterminación de Cataluña, el proyecto afirma en su primer punto el carácter “vinculante” de la consulta y dispone la creación de la Sindicatura Electoral de Cataluña para su realización. De ganar el Sí -como se espera- en 48 horas será proclamada la República Catalana mediante la instalación de un proceso constituyente.

“Sabemos que es un acto de desobediencia, pero también de coherencia con nuestro mandato”, aseguró Gabriela Serra, diputada de la CUP, durante el acto de presentación del proyecto, en referencia al pronunciamiento de la justicia española contra la convocatoria.

El punto clave de la iniciativa legal presentada es que no fija ningún mínimo de participación para dar validez al resultado del referéndum, aunque la cantidad de votos será vital para medir la fortaleza del proyecto independentista.

El 9 de noviembre de 2014, la consulta popular sobre la voluntad de que Cataluña sea o no un estado independiente alcanzó apenas el 37,02% de participación, con una proporción 80%-20% a favor del Sí.

La reacción del gobierno español fue inmediata y distintos dirigentes del Partido Popular (PP) salieron al cruce. José Luis Ayllón, diputado del PP y secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, afirmó que Carles Puigdemont, máxima autoridad de Cataluña, “se ha acostado bolivariano y se ha levantado fascista”. “Estamos sumidos en una presión constante y en una falta de democracia cada vez más importante en Cataluña”, agregó. El delegado del Gobierno en Cataluña, Enric Millo, también acusó a Puigdemont de “actuar de forma totalitaria”.