Chile sigue en la calle y pide la reforma de la Constitución
La reforma de la Constitución que exige la calle es una verdadera revolución en el sistema de poder (Por Adrián Fernández).
Decenas de miles de personas siguen en las calles de diferentes ciudades de Chile al cumplirse dos semanas de la rebelión popular que pone en jaque al poder establecido chileno, además de sacudir desde los cimientos al Gobierno de Sebastián Piñera.
Sobre el balance oficial, puesto en duda por organizaciones sociales, de 20 muertos, cientos de heridos, casi 10.000 detenidos y denuncias de violaciones a los derechos humanos, los manifestantes piden la renuncia del presidente y la convocatoria a una asamblea constituyente.
El pedido no es nuevo pero sí es la primera vez que se manifiesta en las calles en plena rebelión.
En los últimos 30 años diferentes sectores del pueblo chileno centraron sus demandas masivas en varios ejes, pero sobre todo en tres: educación libre y gratuita; fin del sistema privado de jubilación y reforma constitucional que, en verdad, abarca todo lo anterior y otras demandas.
En este contexto, corresponde hacer una lectura de la escasa representación política de quienes están en las calles: sea a través de los dirigentes que esta semana fueron a las reuniones con el Gobierno como desde quienes decidieron no asistir.
El jueves, partidos de la oposición, que son parte del poder establecido, reclamaron a Piñera urgentes señales de cambio en la política de su gobierno y que apure las reformas estructurales.
Piñera y sus ministros recibieron a representantes del Partido Socialista, Democracia Cristiana, Partido Por la Democracia, Partido Radical y Revolución Democrática. Se trata de los partidos que son parte de la élite política que hoy está bajo la lupa popular.
El Gobierno “no se cierra a un debate o a un cambio estructural”, dijeron tanto Piñera como su ministro del Interior, Gonzalo Blumel, cuando se les preguntó el miércoles y jueves, respectivamente, si el gobierno estaba dispuesto a discutir una reforma constitucional.
Ambos aclararon sin embargo que la urgencia es recuperar la paz social y luego poner en desarrollo la agenda social que promueve el gobierno pero que no cubre demasiado lo que proponen los manifestantes.
Piñera promueve aparentes mejoras para los jubilados, los sistemas de salud y educación, baja de impuestos para los sectores más postergados, quitas en los precios de los medicamentos y revisión de las tarifas de los servicios públicos.
¿Reforma? ¿Qué reforma?
Para que se entienda mejor: la reforma de la Constitución en Chile como la conciben las organizaciones sociales y populares, es una verdadera revolución en el sistema de poder chileno.
Luego, hay importantes matices sobre los alcances de la reforma, los aspectos que se podrían modificar, aquellos que necesariamente hay que derogar y otros que deberán sumarse.
La propuesta de reforma constitucional es el inicio de un camino cuyo éxito y destino final es incierto, que estará atado a los objetivos que se alcancen.
Sucede que la Nueva Constitución es un planteo que nació en la izquierda chilena desde los años de 1990 apenas acabó la dictadura de Augusto Pinochet, bajo cuyo gobierno de facto se elaboró el actual texto.
Pero la negativa de la derecha y la escasa voluntad de la concertación socialdemócrata y democristiana y las mismas trabas de la Carta Magna llevaron apenas a reformar algunas leyes orgánicas en los años de democracia.
Los pobres compromisos de la élite de poder con las soluciones de fondo son demasiado evidentes para ocultarlos, como lo dejan ver tanto los partidos de la oposición como los manifestantes en las calles.
Partidos como la Democracia Cristiana y el Partido Socialista son parte de la alianza de Gobierno que alternó con la derecha de Piñera desde el fin de la dictadura y que tampoco pudo echar mano a los problemas de fondo.
Derecha y progresismo son diferentes, sin dudas. Estas diferencias se vieron, sobre todo, en el segundo Gobierno de Bachelet que tomó parte de la agenda social y abrió el debate a temas como reforma constitucional y educación, pero no atacó las raíces de un drama que le estalla a Piñera.
Largo camino y destino incierto
La historia reciente de Chile señala que las mayores reformas a la Constitución de 1980 se realizaron durante el gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006) y en el segundo de Michelle Bachelet (2014-2018), ambos socialistas.
Durante el mandato de Lagos los senadores pasaron a ser cargos electivos mientras que con Bachelet fue tumbado el sistema binominal de elección de parlamentarios.
El sistema binominal generaba una casi paridad entre los partidos dominantes en el Congreso y, por lo tanto, imposibilitaba la llegada de otras fuerzas y frenaba las reformas de leyes orgánicas y mucho menos una nueva Constitución.
Para modificar o cambiar estas leyes o crear una nueva Constitución es necesario quorum calificados, según se indica en la actual Carta Magna.
Dice textual: “el proyecto de reforma necesitará para ser aprobado en cada Cámara el voto conforme de las tres quintas partes de los diputados y senadores en ejercicio”.
Tras la reunión del jueves, el dirigente del Frente Regionalista, Jaime Mulet, dijo que la situación es «frustrante» y fue al fondo del asunto: «entendemos que los partidos cumplen un rol, pero es fundamental que el gobierno dialogue con las organizaciones sociales, con la gente que está en la calle».
Ahí está la clave. El sistema representativo en Chile -también sostenido por la élite del poder- no mira hacia las organizaciones sociales y populares.
Esto hace que cientos de miles de chilenas y chilenos que ganaron las calles en los últimos 15 días no se sientan representados por los partidos del poder.
El Partido Comunista, por caso, supo interpretar las demandas populares pero es cierto que durante el segundo gobierno de Bachelet sufrió el desgaste de haber sido parte de esa alianza de Gobierno.
Esta vez ni el PC ni la nueva expresión de izquierda del Frente Amplio quisieron ser parte de esta puesta en escena. Rechazaron participar de las reuniones con el Gobierno por entender que no están representados los verdaderos sectores de la sociedad.
Con todo, las voces de los comunistas y frenteamplistas y de algunos legisladores de otros espacios, son lo más próximo en el Congreso a los temas que reclama el pueblo en las calles.
Las presiones sociales y políticas también apuntan a atender otra de las muy graves consecuencias de la rebelión social: las violaciones a los derechos humanos luego de que Piñera ordenara militarizar las calles de Chile.
El Ministerio Público de Chile informó que abrió 840 investigaciones por denuncias de violaciones de derechos humanos en el contexto del aparato represivo.
La magnitud del alzamiento popular es inobjetable: Piñera canceló dos cumbres internacionales, una sobre cambio climático y otra vinculada con el comercio y la economía.
Este sólo dato, a los ojos de los admiradores del «modelo chileno», fue un mazazo para la imagen del «paraíso» elogiado por la derecha occidental y por sus socios del agonizante Grupo de Lima.
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