Comisión Interamericana confirma lo que Duque niega
Comisión Interamericana confirma lo que Duque niega
Por más que el presidente de Colombia, Iván Duque, desnaturalice el tenor de la represión de la que es responsable político y sostenga que se trata de casos aislados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató graves violaciones a los derechos humanos durante las protestas que comenzaron el 28 de abril.
Entre los hechos más graves se destacan «el uso desproporcionado de la fuerza, desapariciones, violencia de género e irregularidades en los traslados» de detenidos durante las protestas.
El informe, de 48 páginas, fue presentado en forma virtual como conclusión de la visita a Colombia que incluyó entrevistas con víctimas, familiares, organizaciones civiles y autoridades.
La CIDH (órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos, OEA) recabó al menos 302 testimonios de individuos, colectivos y funcionarios durante los cuatro días que visitó distintas localidades del país, tras las denuncias de violaciones a los derechos humanos, la mayoría a manos de la fuerza pública.
«Como principales preocupaciones se identificaron el uso desproporcionado de la fuerza, la violencia basada en género, la violencia étnico-racial, la violencia contra periodistas y contra misiones médicas, irregularidades en los traslados por protección y denuncias de desaparición», indicó el informe.
La CIDH reveló también «por la inconsistencia en las cifras registradas por las distintas entidades del Estado y las disparidades con las de la sociedad civil».
Explicó que, mientras la Fiscalía General de la Nación registró al 5 de junio, primer día de la visita, unos 51 muertos, organizaciones civiles reportaron hasta 84 fallecidos para la misma fecha.
Halló también que, tanto las dependencias públicas como las ONGs dieron cuenta de desaparecidos, detenciones arbitrarias y heridos, muchos de ellos con lesiones oculares, un trauma que suele ser causado por agentes policiales como ya se vio durante el accionar de los Carabineros en Chile tras el estallido social iniciado en 2019.
La CIDH concluyó que la respuesta del Estado a las protestas «se caracterizó por el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza» y dio cuenta de la utilización «en muchos casos de la fuerza letal» con armas de fuego, y en otros no menos peligrosa, con «el uso indiscriminado de gases irritantes vencidos o del lanzagranadas Venom».
Especialmente evidenció el accionar del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), la fuerza de choque de la Policía colombiana, que irrumpió «en diferentes movilizaciones, puntos de resistencia y otros eventos de concentración pacífica mediante agresiones físicas, sexuales, verbales»
Los grupos más afectados por la violencia policial, de acuerdo con el texto, son jóvenes, estudiantes, periodistas, pueblos indígenas, afrodescendientes y mujeres.
En cuanto al género, la CIDH dio cuenta de denuncias de violencia y abuso sexual realizadas por mujeres, personas LGBTIQ+ y niñas.
En su relevamiento, incluyó el caso de la joven «que habría sido abusada por varios agentes en la ciudad de Popayán y que posteriormente se habría suicidado» y de otra que «recibió un disparo a quemarropa contra sus genitales».
La Comisión realizó 40 recomendaciones al Gobierno colombiano para poner fin a la violencia y propiciar el diálogo, entre ellos quitar a la Policía y su Esmad de la esfera del Ministerio de Defensa.
Esto logrará «garantizar una estructura que consolide y preserve la seguridad con un enfoque ciudadano y de derechos humanos, y evite toda posibilidad de perspectivas militares», señaló.
Duque mira para otro lado
Duque defendió que las fuerzas dependen de la cartera de Defensa desde hace medio siglo, porque antes, cuando funcionaba bajo el Ministerio de Gobierno, «se politizó y esa politización llevó a grandes brotes de violencia».
El mandatario también reaccionó a la recomendación que hizo la CIDH de «abstenerse de prohibir de manera generalizada los cortes de ruta como modalidad de protesta» y justificó la represión.
«Los actos de vandalismo, de terrorismo urbano de baja intensidad, los bloqueos que atentan contra los derechos de los ciudadanos están siendo enfrentados con la Constitución y la ley», señaló.
«Vimos niños morir en ambulancias, ciudades desabastecidas, personas perder sus empleos por cuenta de esos bloqueos y están claramente condenados en nuestro Código Penal», señaló.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
América XXI es un medio de comunicación dedicado a ofrecer contenido de alta calidad periodística desde y para América Latina y el Caribe. Actualmente se sostiene gracias a los aportes de quienes acompañan este proyecto de autogestión. ÚNETE