Endeudado, Puerto Rico activa el proceso de quiebra
El gobernador de Puerto Rico, Ricardo Rosselló, solicitó a la Justicia la activación de un proceso de quiebra para afrontar una deuda que ronda los 70.000 millones de dólares. El pedido fue tramitado por la Junta Fiscal encargada de someter el caso ante un tribunal.
El gobernador Rosselló explicó que el pedido de quiebra tiene “el propósito de asegurar los servicios esenciales a la ciudadanía, el pago de la nómina pública y los suplidores”.
Admitió que “tras amplias conversaciones de buena fe y la apertura de los libros financieros del Gobierno de Puerto Rico a los acreedores, no ha habido progreso suficiente en las negociaciones”.
Puerto Rico pasa a ser la primera jurisdicción estatal en la historia de Estados Unidos en pedir un rescate vía judicial.
Hasta este martes regía la moratoria que impedía que los acreedores reclamaran en los tribunales el pago de la millonaria deuda de Puerto Rico.
El Título III de la Ley para la Supervisión, Administración y Estabilidad Económica de Puerto Rico (Llamada Ley Promesa) permite llevar a un tribunal especial la reestructuración de la deuda pública, explicó el gobernador.
Según especialistas este Título III es un híbrido entre los capítulos 9 y 11 del Código de Quiebras de Estados Unidos; paraliza todas las demandas judiciales y deja en manos de un tribunal las decisiones sobre el pago.
El martes, la Junta de Control Fiscal, que se encarga de pedir el proceso a la justicia, certificó los planes fiscales que implican recortes millonarios.
Al justificar su solicitud ante la Justicia, la Junta de Control Fiscal remarcó que el Estado debe alrededor de 12.000 millones de dólares en bonos de la isla.
Entre las corporaciones públicas que echarán mano a esa reducción fiscal se anotan las compañías de agua, electricidad, carreteras y del Banco Gubernamental de Fomento.
Puerto Rico se declaró en 2016 incapaz de pagar una muy alta deuda solicitó la colaboración del gobierno federal de Estados Unidos, del que Puerto Rico es un Estado Libre Asociado.
En aquel momento había serias amenazas de los acreedores de iniciar juicios interminables contra el Estado y corría riesgo de cerrar las operaciones gubernamentales por falta de liquidez.
De ese pedido de ayuda surgió la llamada Ley Promesa, aprobada por el Congreso estadounidense, que es la que ahora se utiliza para pedir el proceso de quiebra.