Escándalo en Brasil por las dimensiones de la corrupción
Ignacio Díaz – América XXI
No se salva nadie. Las acusaciones e investigaciones por corrupción y lavado de dinero, en el marco de la Operación Lava Jato, dieron un salto fenomenal luego que se conocieran los interrogatorios a los directivos de Odebrecht, la mayor empresa constructora del país. El conjunto de los principales partidos y dirigentes políticos brasileños quedó ahora atravesado por las sospechas de corrupción.
El más afectado por las novedades judiciales es el gobierno no electo de Michel Temer, que cada día está más desprestigiado. Ayer, el ministro del Supremo Tribunal Federal Edson Fachin ordenó investigar las denuncias contra ocho ministros del gabinete, tres gobernadores, 42 diputados y 24 senadores señalados en las delaciones de Odebrecht, tras dar luz verde a la mayoría de los pedidos de investigación hechos por el procurador general, Rodrigo Janot.
Al conocerse la noticia el Congreso quedó vacío y el proyecto de reforma previsional enviado por Temer más lejos de ser aprobado.
La apertura de indagatorias ordenada por Fachin incluyó a 98 políticos, en su mayoría del gobernante Pmdb, el derechista Psdb y el PT de Lula. Entre los acusados se encuentran el presidente del Senado, Eunício Oliveira (Pmdb) -que había reemplazado recientemente a otro investigado por corrupción, Renan Calheiros (Pmdb)- y el presidente de la cámara de diputados, Rodrigo Maia (DEM); los senadores Aécio Neves y José Serra, ambos ex candidatos presidenciales por el Psdb.
La lista de acusados es en realidad mucho mayor. El procurador general también pidió abrir una indagatoria contra el presidente Temer, señalado en las delaciones, pero los fueros invalidan que pueda ser juzgado mientras ejerce el mandato por hechos previos a su llegada a la presidencia.
El ministro del Supremo Tribunal Federal envió además más de 200 peticiones de indagatoria hechas por Janot a instancias judiciales inferiores. En esa lista se encuentran los ex presidentes Lula da Silva, Dilma Roussef, Fernando Henrique Cardoso y Fernando Collor de Mello, además de otros nueve gobernadores, entre ellos los de San Pablo y Río. Todos ellos podrían ser investigados judicialmente.
La situación de Lula
Aunque el tribunal supremo no ordenó la indagatoria de Lula, por pedido del juez Sergio Moro comenzaron a difundirse algunos de los interrogatorios hechos a los directivos de Odebrecht, especialmente fragmentos de las acusaciones de Marcelo Odebrecht, quien era el director general de la compañía.
En su delación, la máxima autoridad de la constructora confesó supuestos pagos por entre 35 y 40 millones de reales hechos “por demandas de Lula” a través de un pedido del ex ministro Antonio Palocci, aunque dijo que el ex presidente nunca le solicitó directamente dinero.
Es muy probable que en base a la difusión de los interrogatorios nuevas causas judiciales se abran contra el máximo dirigente del PT y aumenten con ello las posibilidades de que sea detenido e impedido de postularse como candidato presidencial en 2018.