"Fui reseñado como preso #1087985 de Colombia"
La Corte comunicó al Congreso el arresto domiciliario contra Álvaro Uribe y puede perder su banca de senador.
Él mismo se encargó de mostrar la foto. La extrema derecha colombiana llora la detención de Álvaro Uribe y pide su liberación; los movimientos progresistas, liberales y de izquierda ven que, tal vez ahora, comience a hacerse justicia en Colombia, aunque el expresidente esté apenas con arresto domiciliario.
«Hoy fui reseñado como preso #1087985 por confrontar testimonios en mi contra comprados por Farc, su nueva generación y sus aliados. Sin pruebas, solo inferencias. Me Interceptaron ilegalmente. Impidieron a abogados contrainterrogar a su principal testigo. Pido transparencia», escribió Uribe en las redes sociales en su rol de víctima.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia comunicó al Congreso la orden de arresto domiciliario contra Uribe, acusado de soborno y fraude procesal, y ordenó al Legislativo iniciar el trámite para que su banca de senador sea ocupada por un reemplazo mientras dure su suspensión.
El presidente de la Sala Especial de Instrucción de la corte, Héctor Javier Alarcón, envió la comunicación al presidente del Senado, Arturo Char, y le comunicó la nueva «situación jurídica» de Uribe, luego que éste se negara a recusar su detención por considerar que los jueces no son imparciales.
La Constitución colombiana establece que cuando se presenta una orden de detención en contra de un congresista, se configura una ausencia temporal que debe desembocar en la suspensión del cargo.
«El senador Álvaro Uribe Vélez cumplirá la privación de la libertad en el lugar de residencia que señaló para dicho efecto» indica la misiva.
El expresidente, que gobernó Colombia entre 2002 y 2010, pidió que haya «transparencia» en el caso que le sigue el alto tribunal, una de los más de medio centenar de procesos abiertos en su contra por diversos delitos.
El actual proceso comenzó cuando Uribe inició un juicio contra el senador izquierdista Iván Cepeda y lo acusó de tener presuntos lazos con grupos paramilitares y por dirigir una supuesta manipulación de testigos para acusarlo por vínculos con escuadrones paramilitares.
Sin embargo, el Supremo cerró la investigación contra Cepeda y el investigado pasó a ser el propio expresidente, después de que el tribunal no hallara responsabilidad de Cepeda.
La Corte Suprema sostuvo que los testimonios de antiguos paramilitares que recogió Cepeda en algunas cárceles acusando a Uribe de favorecer o de tener nexos con esos grupos no fueron producto de manipulación ni de pagos.
Desde entonces, se abrieron dos investigaciones contra Uribe; una de ellas en la que se lo acusa de presionar a exparamilitares para que declaren contra Cepeda.
En la otra causa, se acusa a Uribe de presionar al exparamilitar Juan Guillermo Monsalve para que se retracte de su declaración, en la que lo vinculó con el nacimiento de las Autodefensas en Antioquia, poderoso grupo paramilitar que se desmovilizó durante su Gobierno.
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