Expertos de ONU acuden a la Corte Internacional por Gaza
Un grupo de expertos en derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU) pidieron a la Corte Penal Internacional que investigue los ataques contra la población civil y otras graves violaciones de los derechos humanos.
Señalaron que los desalojos forzosos por parte de Israel de familias palestinas que vivían en Sheikh Jarrah y Silwan, en Jerusalén Este (zona palestina), fue la chispa que encendió la mecha desencadenando una guerra a gran escala.
Tras el compromiso de alto al fuego, los expertos instaron a la Corte Penal Internacional a investigar los comportamientos de todas las partes que violan el Estatuto de Roma, especialmente los crímenes de guerra.
También incluyeron los ataques contra civiles, las violaciones masivas e indiscriminadas del derecho a una vivienda adecuada, y a investigar los actos que sucedieron durante el conflicto o que han contribuido a él, ya que pueden equivaler al crimen de apartheid y a crímenes contra la humanidad.
La fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, anunció días atrás que incluirá los hechos ocurridos en los últimos días en la investigación que lleva a cabo sobre posibles crímenes de perpetrados en Palestina.
Fatou Bensouda dijo en un tuit: «recuerdo que las investigaciones de mi Oficina cubrirán todas las partes y todos los hechos y pruebas relevantes para evaluar si existe responsabilidad penal individual en virtud del Estatuto» de Roma.
Antes del alto el fuego, la devastación
Los expertos cifraron en al menos 222, entre ellas 63 niños, el número de personas que murieron en Gaza por las 12 personas que fallecieron en Israel como consecuencia de los combates.
A las bajas civiles se suman más de 450 edificios completamente destruidos o dañados por los misiles en la Franja de Gaza, entre ellos seis hospitales.
También se reportaron destrucciones en nueve centros sanitarios, una planta desalinizadora de agua, que suministraba agua potable a unos 250.000 palestinos y una torre que albergaba a diversos medios de comunicación.
Afirmaron que “a causa de la enorme asimetría de fuerzas, las víctimas son en su mayoría los palestinos de Gaza, con 74.000 personas desplazadas forzosamente que quedaron sin hogar, la mayoría de ellos mujeres y niños”.
Destacaron que “el conflicto ha provocado una nueva oleada de destrucción masiva de viviendas e infraestructuras civiles sin precedentes que incluyeron a la red eléctrica de Gaza».
También denunciaron «ataques indiscriminados o deliberados con misiles contra civiles y zonas residenciales de Israel y Gaza”.
Los expertos indicaron que los ataques “no sólo violan las normas internacionales de derechos humanos, sino que también equivalen a crímenes de derecho internacional por lo que existe responsabilidad individual y estatal”.
Denunciaron que todos los «bombardeos indiscriminados o deliberados contra civiles y torres que albergan civiles, organizaciones de medios de comunicación y campos de refugiados en Gaza e Israel son crímenes de guerra».
Agregaron que estos ataques, «a priori, no están justificados por los requisitos de proporcionalidad y necesidad del derecho internacional».
“Todas las partes que participen en esos ataques deben asumir la responsabilidad individual y estatal que corresponda», explicaron.
Asimismo, instaron a Israel y a las autoridades de Gaza a restablecer el suministro de electricidad, combustible, agua y alimentos en Gaza, y a garantizar la entrada de ayuda humanitaria en la Franja.
La noticia en audio (voz: Salvatrice Sfilio)
LECTURA COMPLEMENTARIA:
La ONU informó quiénes son los expertos que elaboraron este informe:
Balakrishnan Rajagopal, relator especial sobre una vivienda adecuada como elemento integrante del derecho a un nivel de vida adecuado y sobre el derecho de no discriminación a este respecto;
Michael Lynk, relator especial sobre la situación de los derechos humanos en el territorio palestino ocupado desde 1967;
Pedro Arrojo Agudo, relator especial sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento;
Koumbou Boly Barry, relatora especial sobre el derecho a la educación;
Michael Fakhri, relator especial sobre el derecho a la alimentación;
Cecilia Jiménez-Damary, relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos;
Irene Khan, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos de los trabajadores migratorios;
Fionnuala Ní Aoláin, relatora especial sobre la promoción y protección de los derechos humanos en la lucha contra el terrorismo;
Morris Tidball-Binz, relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.
Agregó que los Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo forman parte del mayor sistema de derechos humanos de la ONU. Trabajan de forma voluntaria; no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo. Son independientes de cualquier gobierno u organización y prestan sus servicios a título individual.
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