La derecha en la Asamblea Nacional desoyó al Tribunal Supremo de Justicia
El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) pidió a la Asamblea Nacional (AN) abstenerse de tomar decisiones que están fuera de las atribuciones que la Constitución otorga al Poder Legislativo, en referencia a un nuevo intento desestabilizador contra el presidente Nicolás Maduro.
En un comunicado emitido este lunes, el TSJ reafirmó la postura expresada en la sentencia número 948 de la Sala Constitucional del 15 de noviembre de 2016, en la cual se ordenó al Parlamento a “abstenerse de continuar el procedimiento de declaratoria de ‘responsabilidad política’ contra el Presidente de la República”.
El Tribunal Supremo indicó, además, que el órgano legislativo no posee facultades para tomar ninguna decisión que esté al margen de lo dictado por la Constitución de la República.
El Poder Judicial reafirmó la prohibición a los diputados y diputadas de “convocar y realizar actos que alteren el orden público; instigaciones contra autoridades y Poderes Públicos, así como otras actuaciones al margen de los derechos constitucionales y del orden jurídico”.
La oposición de derecha que controla la Asamblea Nacional desoyó la resolución del TSJ al acusar este mismo lunes al presidente Nicolás Maduro de haber abandonado el cargo y pidió la realización de elecciones.
“La única forma de resolver los graves problemas que aquejan al país es devolver el poder al pueblo de Venezuela y, por lo tanto, convocar a la celebración de elecciones libres y plurales”, señala el acuerdo destituyente.
La norma, tildada de “barbaridad jurídica” por el oficialismo acusa al mandatario de “ruptura del orden constitucional” y “devastación de las bases económicas” del país. El acuerdo incluyo cuestiona a Maduro por “negligente” en el reclamo de la Guayana Esequiba, territorio fronterizo disputado con Guyana.
La figura de “abandono” del cargo generó nuevas grietas entre sectores de la oposición. Grupos de la llamada sociedad civil, que no adhieren al gobierno revolucionario, y el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea), señalaron que la norma dictada por la AN es “una interpretación forzada” de la Constitución.
El Tribunal Supremo de Justicia insistió en que que la AN no tiene facultad para destituir al jefe de Estado y reiteró que el diálogo es la vía para “garantizar la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, y de procurar la promoción de la prosperidad y bienestar del pueblo”.