Colombia: 36 líderes sociales muertos en seis meses
La lista de casos fue tomada del portal web ¡Pacifista! (www.pacifista.co)
La paz en Colombia está mucho más lejos de lo que se piensa. Pero no por los riesgos de incumplimiento en la implementación de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc o por las difíciles negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN), sino por los ininterrumpidos asesinatos de dirigentes sindicales, campesinos, indígenas, estudiantiles, ambientalistas, comunitarios y de todo tipo.
El año pasado, marcado por la firma de la paz en La Habana, fue sin embargo el de mayores homicidios registrados contra líderes sociales en Colombia desde 2002. La ONG Somos Defensores publicó una lista de los 80 casos de dirigentes asesinados, el 88% en zonas rurales del país. Las cifras surgen de organizaciones sociales nacionales e internacionales porque ni el Gobierno ni la Fiscalía tienen un sistema propio para registrar y analizar estos homicidios. Tampoco los funcionarios nacionales se refieren públicamente a los hechos.
El informe presentado por Somos Defensores muestra otro dato alarmante: están siendo asesinados los encargados de implementar los acuerdos de paz en las distintas regiones y territorios del país.
La implementación de los acuerdos de paz comenzó formalmente el pasado 1 de diciembre. Desde entonces, 36 dirigentes sociales fueron asesinados.
El periodista Mario Zamudio Palma lleva el registro de todos estos casos, publicados en el portal ¡Pacifista!, que demuestran el carácter sistemático de los asesinatos en Colombia y la vigencia del paramilitarismo. Ambos fenómenos minimizados por el Gobierno.
Los 36 casos:
36. Bernardo Cuero Bravo, 7 de junio. Fiscal Nacional de AFRODES y miembro de la Mesa de Víctimas del Atlántico.
Dos hombres se acercaron a Bernardo cuando él miraba un partido de fútbol en una cancha del barrio Villa Esperanza en Malabo, Atlántico. “Cuando Bernardo se acercó para atender a los sujetos uno de ellos saco un arma y lo ultimó en presencia de su compañera y demás familiares y luego huyeron del lugar”, según denunció la organización Afrodes. Según la Defensoría del Pueblo, “Cuero Bravo denunció reiteradamente amenazas en contra de su vida”.
35. Álvaro Arturo Tenorio Cabezas, 18 de mayo. Miembro del Movimiento Étnico y Popular del Pacífico, de la COCCAM y Marcha Patriótica en Nariño. Asesinado en Magüí Payán, Nariño.
A las 4 de la tarde del 18 de mayo, desconocido abordaron a Álvaro Arturo y le dijeron que lo habían llamado para una reunión. El líder social “se dirigió al sitio de la reunión con sus dos hermanos y en el sitio Bocas de Guilpi sobre el rio Patía los desconocidos dispararon sus armas de fuego en contra de su humanidad”, según un informe de la Comisión de Derechos Humanos de Marcha Patriótica. Ese mismo documento señaló que a Tenorio Cabezas lo mataron de 10 disparos.
34. Mario Andrés Calle Correa, 13 de mayo. Presidente de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Valle del Cauca.
El 14 de mayo a las 9.30 de la mañana, desconocidos llegaron al Corregimiento Santa Rosa de Tapias, Vereda Pomares, del municipio de Guacarí en el Valle del Cauca buscando a Mario Calle. Encapuchados, le dispararon tres veces y lo mataron en medio del pueblo. Calle tenía 40 años y era el presidente de Astracava subdirectiva Guacarí desde marzo de 2016.
33. Jorge Chantre Achipiz, 4 de mayo. Secretario del Cabildo Nasa de Pueblo Nuevo.
En la tarde del jueves 5 de abril fue asesinado el líder indígena y dirigente de la comunidad Nasa, quien se desempeñaba como secretario del Cabildo de Pueblo Nuevo, en el corregimiento de Mesetas, en el Valle del Cauca. Según la versión de los familiares Chantre estaba trabajando en un lote muy cerca a su casa, donde recibió un disparo en el abdomen.
32. Diego Fernando Rodríguez, 27 de abril.
El representante legal del Consejo Comunitario de Ganaplata y Canei, dos veredas del municipio de Mercaderes, en el Cauca, fue encontrado sin vida este jueves. Al parecer, fue asesinado con arma blanca. Rodríguez era un reconocido líder social de la región y había sido el presidente de la Junta de Acción Comunal de esas veredas en el período pasado.
31. Gerson Acosta, 19 de abril.
A las 4 y 40 de la tarde llegó sin vida al hospital de Timbío, en el Cauca, Gerson Acosta, el gobernador del cabildo indígena Kite Kiwe de la vereda La Laguna de este municipio. Según información preliminar, Acosta fue asesinado cuando “salía de una reunión de su comunidad, y un sicario le disparó en repetidas ocasiones. La comunidad lo auxilió, lo trasladó de urgencia a hospital cercano pero llego sin signos vitales”. El líder tenía medidas de protección de la UNP tipo uno. Es decir, escoltas.
30. Rubiela Sánchez Vanegas, 18 de abril. Líder comunitaria.
A las 8:30 de la mañana del martes 18 de abril, Rubiela regresaba a su casa, en la vereda Las Cruces del municipio San Vicente Ferrer en Antioquia, de llevar la leche que había producido al tanque recolector. En ese momento, hombres armados se acercaron y la asesinaron. “Era una mujer campesina, luchadora, sola, le había tocado batallar para salir adelante”, la recuerda Gloria Quintero, presidente de la Asociación de Mujeres del municipio (AMUSAVI).
29. Eliver Buitrago, 2 de abril. Dirigente comunal.
El domingo 2 de abril, en pleno casco urbano del municipio de Mesetas, en el Meta, fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Buenos Aires de ese lugar. Desconocidos mataron a disparos a Elber Buitrago, en hechos que todavía son materia de investigación. Al día siguiente, los campesinos decidieron bloquear la carretera para protestar por el homicidio de este líder social.
28. Alvenio Rosero, 27 de marzo. Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Unión.
En la vereda La Unión, del municipio de San Miguel, Putumayo, desconocidos llegaron a la casa de Alvenio Rosero y le dispararon. Fue el lunes 27 de marzo, a la 1 de la mañana, y los vecinos avisaron de inmediato al presidente de AsoJuntas en la región, Jaxin Oswaldo Solarte Rosero. “La acción comunal está de luto, un líder más que perdemos”, declaró Solarte.
27. Javier Oteca, 22 de matzo. Líder indígena en la finca El Guanábano.
El 22 de marzo a la 1.40 de la tarde, Javier Oteca fue asesinado en la finca Miraflores del municipio de Corinto, en el Cauca. Según la Asociación de Cabildo Indígenas del Norte del Cauca (Acin), “este hecho fue perpetrado por personal que labora en los ingenios azucareros, (…) a escasos metros donde se encuentra el ejército y la policía nacional”.
25 y 26. Luz Ángela Anzola y José Antonio Anzola, 5 de marzo. Miembros del Sindicato de Trabajadores Agrícolas Independientes del Meta (SINTRAGRIM).
Dos sindicalistas fueron asesinados el domingo 5 de marzo en “la finca Guayabetal ubicada en la vereda Alto Gobernador del municipio de Mesetas”, de acuerdo con un comunicado emitido por la Policía del Meta. Se trata de Luz Ángela Anzola Triana, de 45 años, quien, según las autoridades “fue objeto de atentado contra su humanidad, presentando herida por arma de fuego en la región temporal izquierda”. Con ella murió su hermano José Antonio Anzola Tejedor, de 61 años, quien “fue encontrado sin vida en la vereda Buenos Aires de Mesetas, con heridas de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo”, según el mismo comunicado de la Policía.
Los hermanos Anzola militaban desde hace tiempo en el Partido Comunista y eran beneficiarios de uno de los proyectos conjuntos entre la organización Cumbre Agraria y el Ministerio de Agricultura. En un principio las autoridades dijeron que ellos habían intentado robar una finca, y que por eso los habían matado, pero estas mismas fuentes, y el comunicado posterior de la Policía, desvirtuaron esa información.
24. Fabián Rivera, 2 de marzo. Presidente de la Junta de Acción Comunal Rosalpi.
El pasado 2 de marzo hombres encapuchados acabaron con la vida de otro dirigente comunitario en Bello, Antioquia. Se trata de Fabián Rivera, presidente de la Junta de Acción Comunal Rosalpi, que fue interceptado por varios hombres encapuchados mientras viajaba en su moto. Los sicarios le dispararon y le causaron la muerte. El hecho, según medios de comunicación regionales, sucedió “en cercanías al cementerio San Andrés, en la diagonal 61 con la avenida 49, en el barrio Niquía Camacol, sector que está bajo el control de la banda que lidera alias el Tío y que está aliada con la banda El Mesa”.
23. Alicia López Guisao, 2 de marzo. Dirigente social de la Cumbre Agraria.
Este 2 de marzo, en pleno centro de Medellín, hombres armados se metieron en el taxi de Alicia López Guisao y la asesinaron. Alicia trabajaba en la ejecución del proyecto “Cumbre Agraria y Gobierno Nacional con Asokinchas – CNA en el departamento del Chocó”, según pudo conocer ¡Pacifista!. Al parecer, Alicia pertenecía a la organización Congreso de los Pueblos, pues en su cuenta en Twitter este movimiento político lamentó la muerte de su “compañera”.
22. Eider Cuetía Conda, 26 de febrero. Miembro de Seguridad Campesina.
El 26 de enero, en zona rural del municipio de Corinto, en el Cauca, un miembro de la Seguridad Campesina fue asesinado por “hombres encapuchados que le dispararon varias veces desde una moto”, según le contó a ¡Pacifista! un miembro de la comunidad. La Seguridad Campesina es un mecanismo creado en el Catatumbo por miembros de asociaciones comunitarias que se está replicando en varias veredas del Cauca. Justamente en Corinto, líderes sociales han denunciado la presencia de hombres encapuchados y la aparición de graffitis alusivos a las Autodefensas Gaitanistas de Colombia.
21. Wilfredy Gómez Noreña, 29 de enero. Líder comunitario en Usme
Wilfredy Gómez Noreña, un bogotano de 32 años, era desde hace tiempo el representante de una asociación comunal de Usme, al sur de la capital. Hacía parte de la mesa de Derechos Humanos de la ciudad y ya había recibido amenazas por parte de un grupo conocido como Los Rastrojos. El 29 de enero hombres encapuchados llegaron al barrio Compostela, en Usme, y lo asesinaron. Gómez Noreña había sido mencionado en panfletos amenazantes por su liderazgo social y no contaba con ninguna medida de protección.
20. Faiver Cerón Gómez, 18 de febrero. Presidente de la Junta de Acción Comunal (JAC) del Corregimiento de Esmeraldas-Mercaderes, Cauca.
Cuando Faiver regresaba de una reunión con autoridades locales y miembros de la Gobernación del Cauca, cuando fue alcanzado por dos hombres en moto. Ahí, a 10 minutos de la cabecera municipal, lo detuvieron y le dispararon en varias ocasiones.
19. Luz Herminia Olarte, 7 de febrero. Representante de la JAC de Llano de Ochalí.
Desapareció el pasado 28 de enero en el corregimiento Llano de Ochalí, en el municipio de Yarumal, norte de Antioquia. Días después, el 7 de febrero, unos campesinos hallaron su cuerpo entre matorrales y cubierto con ramas en una zona boscosa de la vereda Las Cruces. Al parecer fue atacada con un machete. Olarte pertenecía a la Junta de Acción Comunal de su corregimiento. Era madre de cuatro hijos y se encargaba del cuidado de su padre, un hombre de avanzada edad. Su caso dejó preocupados y afligidos a los vecinos del sector, pues en el lugar nunca se había presentado un hecho de violencia de este tipo.
18. Edilberto Cantillo, 5 de febrero. Presidente de la JAC de Entre Ríos y testigo de restitución de tierras.
A las 7 de la noche, dos hombres llegaron a la vereda Entre Ríos, en el municipio del Copey en Cesar. Le preguntaron a Edilberto por su nombre y cuando respondió, lo mataron a tiros. Tenía 55 años, hacía parte de la Asociación Veredal de Víctimas y era reconocido en el pueblo como un activo reclamante de tierras.
“El gobierno está hablando de paz, pero no nos está garantizando a las víctimas la vida; hoy asesinan a un compañero de nuestra comunidad y mañana no se sabe si de pronto será otro, ya hay personas que se desplazaron”, le dijo al periódico El Pilón de Valledupar Deyis Carmona Tejada, líder de víctimas del municipio de El Copey y miembro del Comité de Justicia de Transicional de la Mesa de Víctimas.
17. Porfirio Jaramillo, 29 de enero. Líder reclamante de tierras.
La noche del 28 de enero, cuatro hombres armados entraron en la casa de Porfirio Jaramillo en la vereda Guacamayas, en Turbo (Antioquia) para llevárselo con rumbo desconocido. En la madrugada del domingo lo encontraron muerto. Jaramillo, reconocido reclamante de tierras en la región, había recibido amenazas en los últimos días, por eso le solicitó a la Unidad Nacional de Protección un esquema de seguridad. Sin embargo, las peticiones fueron rechazadas por el organismo.
16. Yoryanis Isabel Bernal, 26 de enero. Defensora de los derechos del pueblo wiwa.
Está líder se desempañaba como defensora de los derechos de las mujeres de su comunidad. La gente la recuerda como una persona que siempre estaba en busca de soluciones a las necesidades de los suyos en Santa Marta. También apoyaba una delegación wiwa asentada en Riohacha. La asesinaron el pasado jueves 26 de enero en Valledupar, Cesar, de un disparo en la cabeza. Sus familiares llevaron su cuerpo a Santa Marta, donde tuvieron lugar los actos fúnebres. “Nos quitaron a una gran líder, y cuando esto sucede nuestra cultura se baja porque no hay mucha gente valiente para enfrentar nuestros problemas de orden público, que siempre son peligrosos”, dijo el cabildo gobernador Kogui José de los Santos Sauna.
15. Hernán Agames, 19 de enero. Integrante de Ascursor y Marcha Patriótica.
En la vereda San Ciprian, del corregimiento Tierradentro, de Montelíbano (Córdoba), fue asesinado Hernán Agamez Flórez. Según la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, afiliada a Marcha Patriótica, Agamez era “parte del comité cocalero y dinamizaba políticamente” la preparación de las comunidades para la fase de implementación de los puntos uno y tres del Acuerdo Final que firmaron el Gobierno y las Farc en La Habana.
De acuerdo con la Asociación, el cuerpo sin vida de Agamez fue trasladado desde San Ciprian hasta el corregimiento Juan José, en Puerto Libertador (Córdoba), por campesinos e integrantes de la guardia indígena Zenú San Jorge. Desde allí fue trasladado a la morgue del municipio de Puerto Libertador.
14. Emilsen Manyoma, 17 de enero. Líder de la Red CONPAZ
Esta líder de 31 años y su esposo se convirtieron en las dos primeras víctimas de violencia armada en Buenaventura en 2017, según la Fiscalía. Emilsen era una reconocida líder y defensora de derechos humanos de la región del Bajo Calima y miembro de la Red Conpaz, que busca construir paz desde los territorios.
“De acuerdo con el director del CTI en el municipio, Omar Bonilla, los homicidios se habrían hecho con arma blanca. Los cadáveres, que se encontraron en un avanzado estado de descomposición, fueron hallados en una zona selvática al lado de la vía férrea de Buenaventura, en la vereda El Limonar del Barrio El Progreso”, dijo el periódico El Espectador días después del fallecimiento de Manyoma.
Emilsen era activista política y líder social desde 2005, y denunció duramente tanto la presencia paramilitar como el tráfico de drogas en el barrio El Calima, uno de los más peligrosos de Buenaventura.
13. José Yimer Cartagena, 11 de enero. Vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú, ASODECAS.
La policía de Carepa, un municipio del Urabá antioqueño, confirmó el 11 de enero la muerte del líder social Jose Yímer Cartagena. En circunstancias desconocidas, y mientras se desplazaba por la vereda Saiza, de ese municipio, varios sujetos acabaron con la vida del vicepresidente de la Asociación Campesina del Alto Sinú (Asodecas) y líder del movimiento político Marcha Patriótica.
12. Juan Mosquera, 10 de enero. Jefe comunal.
Cuando Juan Mosquera se movilizaba por la vereda Salaquí, del municipio de Río Sucio (Chocó), presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia se le acercaron. Los acusaron a él y a su hijo —Moises Mosquera, de 33 años— de ser colaboradores del frente 57 de las Farc, y los asesinaron.
Fuentes de la zona aseguran que una de las razones por las que fueron asesinados Juan y su hijo es que eran familiares de miembros de la guerrilla. Mosquera era un reconocido líder comunitario de la región del Bajo Atrato.
11. Yaneth Calvache, 30 de diciembre. Integrante de Astcabal – Fensuagro, CUT y PUPSOC.
A Yaneth la mataron en su habitación. Cuando abrió la puerta de su cuarto para recibir un teléfono celular, un sujeto le disparó cuatro veces. Tres balas impactaron en el pecho y una en la mandíbula. Aunque fue auxiliada por su familia y amigos, murió cuando era trasladada al hospital.
Yaneth era integrante de la Asociación de Trabajadores Campesinos de Balboa, Cauca, y hacía parte del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano, uno de los colectivos campesinos más articulados en esa región del país.
10. Aldemar Parra, 7 de enero. Presidente de la Asociación Apícola de El Hatillo.
Fue asesinado en zona rural del corrimiento La Loma, del municipio El Paso (Cesar). Era el presidente de la Asociación Apícola del Cesar y sobrino del presidente de la junta de acción comunal de la vereda El Haltillo, de ese corregimiento. La comunidad de El Haltillo enfrenta un proceso de reubicación por cuenta de la contaminación del medio ambiente generada por la explotación carbonífera, y varios de sus líderes han sido amenazados por su labor en la defensa de los derechos humanos. Están a la espera de que la Unidad Nacional de Protección les asigne esquemas de seguridad.
Según una empresa carburífera de la zona, Parra era empleado de Colombia Natural Resources, que también saca carbón de ese departamento. El comandante (e) de la Policía en Cesar, coronel Mauricio Bonilla, dijo que Parra no era líder comunitario, pero que tres de sus familiares integran un comité de concertación con las empresas carboníferas. Tras el crimen, el Programa de Desarrollo y Paz expidió un comunicado en el que aseguró que “desde noviembre del año pasado advertimos sobre los riesgos que esta comunidad enfrentaba y ofrecimos nuestro apoyo para que se adoptaran medidas de prevención y protección”.
9. Olmedo Pito, 6 de enero. Integrante de CONPI y Marcha Patriótica.
El pasado 9 de enero, Marcha Patriótica denunció el asesinato de Olmedo Pito, comunero del resguardo Huellas Caloto, de indígenas Nasa, en el Cauca. Según esa organización, Pito fue asesinado en el corregimiento El Palo, de Caloto, a las 11:30 p. m., luego de “departir en un establecimiento público del corregimiento con algunas personas”. Dice la denuncia que, cuando el comunero se disponía a volver a su casa, “desconocidos se le acercaron y le propinaron tres heridas de arma blanca, dejándolo mal herido”. Murió camino al hospital.
Pito era, además de militante de Marcha, miembro del Movimiento de los Sin Tierra Nietos de Manuel Quintín Lame, del Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano y de la Coordinación Nacional de Pueblos Indígenas de Colombia. El pasado 11 de enero, la Fiscalía informó que, presuntamente, fue asesinado por un hombre llamado Jesús Armando Troches, que lo atacó luego de que ambos tuvieran una “fuerte discusión”. El ente acusador dijo que el asesinato del comunero “no fue motivado por la condición de líder ni por hechos relacionados con la defensa de los derechos humanos en su cabildo”.
8. Anuar Álvarez, 25 de diciembre. Líder campesino de Mirolindo.
A pocos metros de su casa, ubicada en el municipio de Argelia (Cauca), desconocidos se acercaron a Anuar José Álvarez y le dispararon en tres ocasiones. El líder campesino, que se movilizaba en una motocicleta, “continuó su camino a bordo de la motocicleta y posteriormente se encontró un vehículo que venía en sentido contrario, a quienes les solicitó ayuda y de forma inmediata fue trasladado hasta el hospital de Argelia, pero por la gravedad de las heridas no pudieron salvarle la vida”, según explicó Marcha Patriótica en una denuncia pública.
Álvarez era socio de la Asociación Campesina de Trabajadores de Argelia. Además, coordinaba procesos de asociación campesina en la vereda Mirolindo, del corregimiento El Plateado, y trabajaba con el comité cocalero de esa localidad.
7. Guillermo Veldaño, 12 de diciembre. Presidente de una JAC y militante de Marcha Patriótica.
Fue asesinado en zona rural de Puerto Asís (Putumayo). Era presidente de la junta de acción comunal de la vereda Buenos Aires e integrante del Sindicato de Trabajadores Campesinos del Cordón Fronterizo del Putumayo, que está afiliado a Fensuagro y a Marcha Patriótica. Su liderazgo se desarrollaba entre los corregimientos Teteyé y Puerto Vega, de Puerto Asís, donde los campesinos protestan frecuentemente por la explotación petrolera que realiza el Grupo Vetra, operador del Consorcio Colombia Energy.
El crimen ocurrió muy cerca de la vereda La Carmelita, uno de los puntos donde las unidades del bloque Sur de las Farc dejarán las armas y empezarán su proceso de reincorporación. En la zona dicen que Veldaño era un importante defensor del agua y del medio ambiente.
6. Éder Mangones, 10 de diciembre. Líder social y comunitario.
La Comisión de Interlocución del Sur de Bolívar, Centro y Sur del Cesar —un proceso social que defiende los derechos humanos y el medio ambiente— denunció que el pasado 10 de diciembre desconocidos asesinaron a Eder Mangones en la vía que conduce del municipio de Tiquisio al municipio de Norosí, ambos en el departamento de Bolívar. De acuerdo con la Comisión, Mangones se movilizaba en un mototaxi cuando fue asesinado.
La Comisión aseguró que Mangones era “un pequeño minero, líder social de muchos años en el corregimiento de Mina Seca (Tiquisio) y actualmente hacía parte de la junta de acción comunal”.
5. Nataly Salas, 3 de diciembre. Estudiante universitaria.
El 3 de diciembre, Nataly Salas fue encontrada muerta en una laguna de Montería, Córdoba. La estudiante de 19 años, que se perfilaba como una activista estudiantil, también fue violada según las primeras declaraciones de las autoridades.
4. José Abdón Hoyos, 3 de diciembre. Integrante de la Mesa de Víctimas de Sotará.
En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció que en la vereda San Isidro, de Sotará (Cauca), fue asesinado con arma de fuego José Abdón Hoyos, integrante de la Mesa de Víctimas de ese municipio. En abril de 2016, Hoyos le había pedido a la Corporación Autónoma del Regional del Cauca que identificara los humedales de una finca en la vereda Ullucos, determinara su estado y trazara una ruta para protegerlos con apoyo de la comunidad.
Según registró W Radio, el comandante de la Policía Metropolitana de Popayán, Pompy Pinzón, declaró que Hoyos “es integrante de la Mesa de Víctimas del municipio y aparece con unos registros: una condena por actos sexuales violentos y estaba vinculado a un proceso por porte ilegal de armas de fuego y homicidio, por lo cual tenía un impedimento para salir del país”.
En 2001, la Fiscalía capturó a Hoyos por su presunta participación en la masacre de nueve excursionistas en el Parque Nacional Natural Puracé, ejecutada en febrero de ese año por las Farc. Más tarde, fue dejado en libertad.
3. Samir López, 2 de diciembre. Concejal.
A comienzos de diciembre, la Policía informó que un hombre asesinó con arma blanca al concejal Samir López Visbal en su propia casa. La ONG Caribe Afirmativo, que defiende los derechos de las personas LGBT en la costa atlántica, informó que el concejal de la Alianza Social Independiente “se encontraba gestionando la creación de una oficina para la atención de las personas con orientación sexual e identidades de género diversas”. Por eso, le pidió a la Fiscalía que investigara si el homicidio tuvo relación con su orientación sexual, pues López Visbal era abiertamente gay.
La organización dijo, además, que López había recibido amenazas por hacerle oposición al alcalde de Galapa José Fernando Vargas, de Cambio Radical, destituido en octubre de 2016 por inscripción indebida.
2. Luis Carlos Tenorio, 2 de diciembre. Médico tradicional.
En su informe sobre la situación de derechos humanos de 2016, la Cumbre Agraria, Campesina, Étnica y Popular denunció el asesinato del médico tradicional Luis Carlos Tenorio a manos de desconocidos. Las autoridades no se han pronunciado sobre el caso.
1. Vicente Borrego, 1 de diciembre. Ex concejal.
Fue asesinado frente a su casa con múltiples disparos. Era un ganadero y comerciante de La Guajira, que fue concejal de Riohacha a comienzos de los años 90. Según el portal noticioso La Guajira Hoy, “en la actualidad estaba dedicado a apoyar a los amigos a corporaciones públicas de elección popular y también en la administración de sus fincas y bienes”.
En 2014, la Fiscalía capturó a Borrego por su presunta participación en el asesinato de Iván Muñizen, profesor y sindicalista de la Asociación de Educadores de La Guajira. Entonces, la entidad lo señaló como presunto responsable de los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir, y ordenó su detención domiciliaria. Quedó en libertad por las demoras de la justicia en tomar una decisión de fondo sobre el caso.