Masivo recorte de pensiones por discapacidad en Argentina
El Ministerio de Desarrollo Social argentino eliminó o suspendió más de 170 mil pensiones no contributivas en el último año y medio, que en la enorme mayoría de los casos percibían personas con discapacidad. La ministra Carolina Stanley argumentó que se hizo para “transparentar” el sistema y por presuntas “irregularidades”.
Desde el Gobierno justificaron que este año encontraron 7 mil casos de personas que habían fallecido y aún cobraban el beneficio y que 5 mil 600 no tenían el grado de invalidez (de 76%) que exige un decreto firmado en 1997. Sin embargo, esos números están muy por debajo de las 70 mil pensiones que fueron suspendidas en lo que va del año.
Para llegar a la cifra de 170 mil recortes en 18 meses, el Ministerio de Desarrollo Social buscó ampararse en otras cláusulas del decreto 432/97, con el fin de reducir las pensiones por invalidez, que a diciembre de 2015 percibían 1.061.265 personas. Entre ellas hay temas patrimoniales, como la titularidad de un automóvil, que el cónyuge perciba algún beneficio previsional, que el beneficiario perciba algún ingreso propio, entre otras.
Pero tampoco la suma de esos casos llega al número de recortes decidido por el gobierno nacional. Por eso en un 40% de los casos las pensiones debieron ser restablecidas, aunque sólo luego que los damnificados tuvieran que atravesar un proceso burocrático de alrededor de seis meses.
Las quejas se extendieron por todo el país y las Defensorías del Pueblo provinciales y de la Nación exigieron el restablecimiento total de los beneficios anulados por la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales del Ministerio de Desarrollo Social. El titular de esta comisión, Guillermo Badino, defendió los recortes asegurando que, por ejemplo, “una persona con síndrome de down no es sujeto de derecho de esta pensión, (porque) puede trabajar si lo deseara”.
La Defensoría del Pueblo nacional aseguró haber recibido reclamos masivos sobre la suspensión “arbitraria e intempestiva” de pensiones no contributivas y ofreció públicamente los resultados de su investigación sobre el tema. “Surgió con claridad la manifiesta situación de vulnerabilidad de los reclamantes, la uniformidad en el modo de disponer las suspensiones, y en todos los casos, la angustia por la que atraviesan los denunciantes”, señaló.
Las denuncias presentadas en sedes judiciales de todas las provincias resaltan la falta de notificación o información previa a la suspensión de las pensiones. “Muchos damnificados alegaron en sus presentaciones que tomaron conocimiento de la cesación de su beneficio en la entidad bancaria al momento del cobro”, describió la Defensoría. “Este hecho habría significado un agravante para los damnificados en tanto no tuvieron la posibilidad de prever la falta de ese ingreso, colocándolos en un grave estado de desamparo, y no permitiendo el ejercicio de los recursos administrativos por el ocultamiento de los fundamentos”, agregó.
En un pronunciamiento dirigido a la Comisión Nacional de Pensiones, la Defensoría recordó que “la obligación de no regresividad” en materia de derechos sociales “implica la prohibición de adoptar políticas y normas jurídicas que empeoren la situación de los derechos económicos y sociales de los que goza la población”. Fue en referencia a la utilización de cláusulas del decreto firmado por Menem en 1997 para dar de baja pensiones por invalidez.
La Defensoría del Pueblo exhortó además a que el Congreso de la Nación realice una reforma normativa “para modificar los criterios de adjudicación de Pensiones no Contributivas, a efectos de lograr una política más eficiente e inclusiva hacia el colectivo que debe proteger”.