Medios y muertes: campaña de desinformación contra Venezuela
“Marcha opositora: ya son dos los muertos”, titula La Nación de Argentina en su portal web el 19 de abril, al igual que numerosos medios de comunicación privados de toda le región y el mundo. Dos días después otros portales anuncian “12 muertos en protestas” y en sus balances al 25 de abril presentan de 26 a 29 muertes –cada medio elige la cifra en base a criterios desconocidos– “en las marchas” iniciadas al comienzo de abril. La causa de tal tragedia, enuncian los medios, es “la represión” del Gobierno contra las manifestaciones en su contra.
Las víctimas fatales existen. Sus nombres y apellidos llegan a los medios internacionales y en algunos casos también las fotos de sus cuerpos sin vida, difundidas con particular interés. Sin embargo, en la mayoría de los casos los artículos no dan la información más elemental sobre los hechos concretos: dónde ocurrió la muerte, cómo, en qué circunstancias…
Pero en Venezuela la realidad es otra. A medida que pasan las horas posteriores a cada muerte anunciada en la prensa comienzan a conocerse los datos sobre los hechos: quién es la víctima, dónde murió, en qué circunstancias, familiares dan declaraciones a la prensa, investigaciones policiales y judiciales precisan informaciones. Sin embargo, llamativamente los mismos medios que llevan en sus principales títulos los sucesos en Venezuela y especialmente las muertes, omiten la información que va surgiendo e incluso las declaraciones de los propios familiares.
19 de abril
Lo ocurrido el día de las grandes movilizaciones convocadas por el Gobierno y la oposición es paradigmático en cuanto a la cobertura. Rápidamente los medios se hicieron eco de dos muertes, ocurridas en Caracas y San Cristóbal en la mañana del 19 de abril, y presentaron inmediatamente a las víctimas como manifestantes asesinados. Sin embargo, con el paso de las horas y la declaración de los propios familiares, se supo que ninguno de los dos jóvenes baleados en la cabeza participaba de alguna protesta. Pero los títulos de los portales no cambiaron.
Carlos José Moreno, adolescente de 17 años, murió en el barrio San Bernardino de Caracas. Su familia confirmó que había salido a jugar un partido de fútbol con amigos y no participaba de ninguna manifestación cuando fue alcanzado por un disparo en la cabeza. El caso está bajo investigación.
La segunda víctima fatal de la que se hicieron eco los medios es Paola Ramírez, de 23 años, que cayó por un disparo en las cercanías de la plaza San Carlos de San Cristóbal. De inmediato, la muerte se atribuyó a “colectivos chavistas” en las redes sociales. Pero la investigación confirmó que el asesino de Ramírez fue un comerciante y militante activo del partido opositor Vente Venezuela, que dirige María Corina Machado, una de las referentes de la MUD. El hombre –que según la Defensoría del Pueblo confesó el crimen– hizo más de 20 disparos desde la azotea de su casa contra un grupo de motorizados por motivos que se desconocen. Una de esas balas dio en la cabeza de Paola Ramírez mientras caminaba por la vereda. Durante un allanamiento en su domicilio se le incautó al asesino una pistola Glock y 442 cartuchos.
Otros dos asesinatos se produjeron durante la jornada del 19 de abril, y sí estuvieron vinculados a las manifestaciones. Un oficial de la Guardia Nacional Bolivariana de 28 años fue asesinado tras recibir una ráfaga de disparos en San Antonio de los Altos, Estado Miranda, mientras intervenía un foco de manifestaciones violentas. En el hecho también recibió disparos otro agente de seguridad, que salvó su vida en el hospital. Se investiga si el ataque provino de francotiradores.
El segundo caso es de Almelina Carrillo, que falleció en el hospital cuatro días después de haber recibido en su cabeza el impacto de una botella con agua congelada lanzada desde lo alto un edificio contra un grupo de manifestantes chavistas. Carrillo no participaba de la movilización que se dirigía hacia la avenida Bolívar de Caracas y pasaba por el barrio La Calendaria, pero justo caminaba por esa zona cuando recibió el golpe fatal. Por las redes sociales circularon varios videos de personas que arrojaban elementos contundentes desde lo alto de edificios contra movilizaciones chavistas pacíficas.
En resumen, la jornada del 19 de abril registró dos muertes producto de dos intentos de ataque contra grupos identificadas con el chavismo y el asesinato de un policía con arma de fuego. Ningún manifestante opositor murió asesinado. Sin embargo, los medios transmitieron todo al revés y no modificaron sus noticias pese a las evidencias.
Información sobre cada caso
La última muerte conocida al 25 de abril fue la de Efrain Sierra Quintero, militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), en el estado Táchira, de un tiro en el estómago. El gobernador del distrito aseguró que el hecho ocurrió cuando la víctima se dirigía a trabajar e intentaba pasar con su motocicleta una barricada instalada por manifestantes y sufrió un intento de robo.
En la noche del 24 de abril, dos trabajadores de la gobernación del Estado Mérida, que recibieron disparos en el cuello y la cabeza respectivamente, murieron tras una emboscada en la que otros tres empleados públicos fueron baleados. El gobernador de Mérida denunció la presencia de “francotiradores” y acusó de la emboscada contra los manifestantes chavistas a “la derecha terrorista”.
Ese mismo lunes fue asesinado durante una manifestación en Valencia, estado Carabobo, Christian Ochoa, de 22 años, por heridas de bala. Aparentemente recibió varios disparos al salir de su hogar en la parroquia Miguel Peña, donde había un foco de protestas. Otra víctima fue Johán Medina, de 23 años, asesinado durante una manifestación en el estado Lara. Recibió un disparo de escopeta en el rostro en la localidad de Morán.
Dieciocho días antes llegaba a los medios la primera muerte “en las protestas”: Jairo Johan Ortiz Bustamante, asesinado el 6 de abril en el municipio Carrizal, Estado de Miranda. Pero apenas fue difundida por la prensa como víctima de la represión de manifestaciones, el padre aclaró que su hijo no se encontraba en ninguna protesta y no militaba para ningún partido. Pidió justicia y reclamó que no se use el caso para convocar a más violencia.
Daniel Queliz, de 20 años, fue asesinado el 10 de abril en Los Parques, Estado Carabobo. Murió de un disparo en el cuello durante una manifestación opositora que se enfrentaba a la policía de estado venezolano. Por el caso fueron detenidos un oficial y un el supervisor en jefe de la fuerza, luego que se comprobara que el tiro provino de un arma policial. También se registraron disparos de armas de fuego contra el módulo policial de la zona.
Este caso y el de Gruseny Canelón, asesinado el 11 de abril durante una manifestación en el Estado Lara, son hasta ahora los únicos dos donde fue confirmada la responsabilidad de las fuerzas de seguridad estatales. Según el Defensor del Pueblo, Canelón “recibió dos impactos durante manifestaciones violentas”. Por el caso fueron detenidos 14 efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, lo que confirma que no hay impunidad ni orden del Gobierno para atacar violentamente las manifestaciones, como se pretende imponer desde la prensa.
También el 11 de abril se difundieron por distintos medios otras cinco muertes, que pretendieron atribuirse a la represión de las manifestaciones. Una fue un accidente de tránsito, en el que murió un policía de Lara atropellado por un automóvil mientras conducía una moto. Un diputado opositor había asegurado que había sido arrollado “por colectivos (chavistas) mientras intentaba mediar” entre dos grupos. Pero el propio gobernador del Estado Lara, el opositor Henry Falcón, confirmó que “no tenía nada que ver con las manifestaciones”.
Otro caso similar fue el de Ricarda de Lourdes González, de 87 años, que falleció en Belo Monte de un accidente cerebro vascular. Medios de comunicación difundieron que había muerto asfixiado por las bombas lacrimógenas arrojadas por la Guardia Nacional, pero su hija desmintió esa información y agregó: “Si quieren culpar alguien por su muerte, fue culpa de los guarimberos (manifestantes violentos), que no nos dejaron salir cuando íbamos a llevarla a una clínica en las Mercedes”. Ningún medio de los que atacan a Venezuela tomó las declaraciones.
El comerciante Oliver Villa Camargo, otro de los “muertos por represión”, fue asesinado de un disparo en la cara desde una motocicleta, mientras conducía su camioneta y luego de pasar una barricada en la urbanización El Paraíso, Caracas. El acompañante de la víctima fatal relató que los asesinas dispararon sin mediar palabra y el comerciante falleció minutos después mientras conducía rumbo a un hospital.
Miguel Ángel Colmenares recibió 11 disparos en Barquisimeto, en una zona donde se realizaban manifestaciones violentas. Según el Defensor del Pueblo “fue emboscado por numerosos sujetos (aún por identificar), quienes lo despojaron de sus pertenencias antes de asesinarlo”. Estaba a una cuadra de su vivienda. Sin tener ninguna evidencia, algunos medios lo presentaron como víctima de “colectivos chavistas”.
Por último, Brayan Principal, de 14 años, fue asesinado en la Ciudad Socialista Alí Primera, un urbanismo construido por el gobierno de Nicolás Maduro en la ciudad de Barquisimeto, Estado Lara. Vecinos de la zona aseguraron que ese día el urbanismo sufrió el asedio de pistoleros encapuchados cerca de las 9 de la noche, momento en el que el adolescente recibió dos impactos de bala. La investigación del caso apunta a algunos habitantes de una urbanización cercana, llamada “Hacienda Yucatán”, donde se realizaban manifestaciones violentas. Un grupo de vecinos de Alí Primera había salido a recoger escombros para liberar las calles en el momento que se produjeron los disparos. La madre de la víctima declaró: “Envié a mi hijo anoche a la entrada de (la urbanización) Alí Primera a comprarme unas empanadas. De repente empezaron a echar tiros. Mi hijo recibió una bala perdida que le traspasó la espalda hacia al estómago, dañándole todos los intestinos y una vena arterial”. El ataque se produjo desde un automóvil.
Jornada de saqueos
En la noche del 20 una serie de saqueos violentos se produjeron en la parroquia El Valle, de Caracas y otras zonas de la ciudad. Según investigaciones preliminares, en una panadería murieron electrocutadas ocho personas, aparentemente por el desprendimiento de un cable de alta tensión, mientras se realizaban saqueos. El Gobierno denunció que los actos fueron financiados por dirigentes opositores tras el fracaso de la movilización del 19 de abril. Otras tres personas, una de ellas un comerciante, murieron por heridas de bala durante los saqueos, y seis resultaron heridas por disparos, entre ellos cuatro policías.
La misma noche, en Petare, municipio del estado Miranda, un joven murió baleado en las cercanías de un foco de protesta violenta, en circunstancias que están bajo investigación.
I.D. y A.F.