La aprobación por unanimidad en las comisiones dentro del Congreso de Estados Unidos de la ley Nica Act, que busca limitar y sancionar económicamente al país para forzar cambios internos, fue repudiada por el gobierno de Daniel Ortega.

En un comunicado oficial, la Nica Act fue interpretada como una agresión más en el marco de “la continuidad de políticas históricas de injerencia imperial de los Estados Unidos”. La respuesta, leída por la vicepresidente Rosario Murillo, afirma que las políticas y propuestas de gobierno continuarán su rumbo en función de los “compromisos constitucionales” y las realidades del país, sin injerencia exterior.

Ante esta nueva provocación Nicaragua interpondrá un proceso jurídico para exigir a Estados Unidos el pago de una indemnización ordenada en 1986 por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, como compensación por todos los daños ocasionados durante la guerra de los años 1980. Dichos recursos “se dispondrán para la paz, la democracia y el desarrollo”, ante “la intromisión destructiva e ilegal de esa potencia en los asuntos nacionales”, comunicó Murillo.

La Nicaraguan Investment Conditionality Act de 2017, es un proyecto de ley resucitado por 25 legisladores -15 republicanos y 10 demócratas- que pretende condicionar los préstamos y financiamientos de organismos internacionales al país, tal como lo hace actualmente Estados Unidos con Cuba y Venezuela en América Latina.