Ocho legisladores colombianos investigados por corrupción
La Procuraduría General de Colombia abrió una investigación contra ocho congresistas de partidos de derecha en varios procesos de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht, desvío de dinero y sobornos a jueces de la Corte Suprema de Justicia.
Los investigados son los senadores Francisco Andrade y Yamina Pestana (Partido Conservador), el detenido Musa Besaile y Plinio Olano (Partido de la U, uribista), Álvaro Ashton (Partido Liberal) y Antonio Guerra de la Espriella (Cambio Radical).
También son investigados los legisladores de la Cámara de Representantes Cámara Tatiana Cabello (Centro Democrático) y el exrepresentante Ciro Rodríguez Pinzón (Partido Conservador).
La Procuraduría informó que el proceso tiene relación con las coimas de Odebrecht, el desvío de dineros de las llamadas Entidades Promotoras de Salud (EPS), pedido de dineros de congresistas a los integrantes de sus Unidades de Trabajo Legislativo (UTL) y el supuesto pago de dinero a magistrados de la Corte Suprema de Justicia para influir en sus decisiones.
Guerra de la Espriella, Olano y Rodríguez Pinzón son investigados por supuesta recepción de dinero para favorecer la adjudicación de los proyectos de Odebrecht en la Ruta del Sol y la autovía Ocaña-Gamarra.
Por esta misma causa ya están detenidos el exviceministro de Transporte Gabriel García Morales, el exsenador Otto Bula y el exasesor de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) Juan Sebastián Correa. También están en prisión los empresarios Enrique y Eduardo Ghisays, César Hernández y Gustavo Urrego.
La Procuraduría también informó que Andrade, Asthon y Besaile son investigados por el escándalo de corrupción de la Corte Suprema de Justicia que los benefició con fallos judiciales a cambio de dinero.
A la senadora Pestana se le investiga por el presunto financiamiento de su campaña política al Congreso 2014-2018 con dineros de las EPS, gracias a un presunto saqueo por unos 2,3 millones de dólares con recobros injustificados, afiliados fantasma, personas fallecidas que seguirían recibiendo servicios, y un supuesto cartel de cirugías.
En último año de gobierno del presidente Juan Manuel Santos y de la actual legislatura está atravesado por investigaciones judiciales que involucran no sólo a legisladores oficialistas sino también a instituciones del Estado colombiano.