Unas 40 organizaciones sociales de Panamá presentaron al país y a las autoridades gubernamentales una Declaración sobre la situación actual socio ambiental en el país y anunciaron el inicio de una vigilia y un plan de acción.

Se trata de organizaciones ambientales, estudiantiles, indígenas, feministas, campesinas, defensores de los derechos humanos, gremios de profesionales, educadores, trabajadoras y trabajadores.

Esta iniciativa colectiva recoge el posicionamiento político de afectados y víctimas de los conflictos socioambientales como extractivismo y cambio climático, registrado en las últimas décadas.

En el documento exigen la apertura a un debate nacional sobre la urgencia notoria de la degradación ambiental y la falta de reparaciones por daños a los ecosistemas y comunidades rurales.

También promueven debate sobre las concesiones para extractivismo y energéticos, y los efectos negativos que genera el cambio climático, con énfasis al modus operandi del extractivismo minero.

Denuncian que la minería a gran escala ha aumentado la brecha de las ganancias entre el fisco nacional y las exportaciones.

El resultado del mal llamado desarrollo minero -señalan- no ha dejado cuentas claras de lo que revierte las exportaciones de minerales como el cobre y demás metales a la economía nacional.

Advierten que se trata de una actividad de acumulación de capitales sin precedentes a cambio de irrisorias ganancias con carencia de transparencia y declarada de corrupta por la falta de rendición de cuentas.

También exigieron mayor participación ciudadana en todas las actividades de carácter socioambiental que involucre al Estado y Sociedad Civil o comunidades rurales y urbanas.

Advierten que, a partir de la pandemia causada por la COVID -19, la modalidad virtual ha prevalecido, marginando a las comunidades rurales que no tienen acceso a un dispositivo e internet.

Esto soslaya las voces y decisiones de aquellos pueblos amenazados por modelos de desarrollo contrario a las buenas costumbres, tradiciones culturales y la protección de la biodiversidad, afirman.

Citan, además, el Acuerdo de Escazú, aprobado el 10 de marzo de 2020, que estipula preceptos sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales.

La declaración fue presentada por el Dr. Donaldo Sousa, de la Asociación de Derechos Ambiental, la Lic. Rebeca Yaniz Orobio, de la Federación de Profesionales de Panamá FEDAP, y el abogado ecologista Olmedo Carrasquilla, del Colectivo Voces Ecológicas COVEC.

Fue recibida por el Ministro de Ambiente, el Lic. Milciades Concepción, con el equipo de asesoras, y acompañamiento de la Dirección Nacional de Asuntos Ecológicos de la Defensoría del Pueblo, el lic. Víctor Isaza.

Artículo original publicado por Radio Temblor, Colectivo Voces Ecológicas.

La noticia en audio (Voz: Salvatrice Sfilio)