Supremo juramenta a la nueva vicefiscal general de Venezuela
Los magistrados que componen la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela juramentaron a la abogada Katherine Harrington quien desde este martes ocupará el cargo de vicefiscal general de la República.
Harrington fue fiscal del Ministerio Público (MP) durante 21 años y ocupó el cargo de viceministra del Sistema de Investigación Penal, perteneciente al Ministerio para las Relaciones Interiores y Justicia.
Este nombramiento lo lleva a cabo el TSJ de acuerdo a la sentencia 470 de la Sala Constitucional, donde declara nula la designación de Rafael González Arias, quien había sido juramentado por Luisa Ortega Díaz, incumpliendo con la normativa que exige ser aprobado por la mayoría de la Asamblea Nacional (AN) que al estar en desacato, es suplida por la Sala Constitucional, donde la fiscal debió acudir para solicitar un recurso de interpretación.
El presidente de la Sala Constitucional del Supremo, Juan Mendoza Jover, explicó que la designación de González fue anulada debido a que no fue revisada en un primer momento por la Cámara que se encuentra «en desacato».
Antejuicio contra la Fiscal General
El diputado chavista Pedro Carreño especificó ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela los argumentos jurídicos para solicitar antejuicio de mérito contra la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.
Mencionó, entre otros cargos, atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano (CMR), lesionar la ética pública y actuar con inexcusable ignorancia de la Constitución.
Durante la audiencia que realiza el TSJ para evaluar ese procedimiento, Carreño señaló en su exposición de motivos que Ortega Díaz deslegitimó al Poder Ciudadano al declarar en días recientes que no avaló el proceso de preselección de magistrados al TSJ, cuando, subrayó, sí lo hizo.
«Estas afirmaciones fueron negadas por el presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien ofreció las pruebas de la participación de la Fiscal en este proceso, todo lo cual representa un intento de la ciudadana en desprestigiar al Consejo Moral Republicano», dijo Carreño durante la exposición.
Por este hecho, el parlamentario señaló que la Fiscal también comprometió la ética de la ciudadanía, pues en el supuesto caso de no haber participado en el proceso, hizo público este hecho dos años después.
«Ella le negó al país su participación, eso es un hecho grave, pero además atentó contra la moral, la ética del Poder Ciudadano», insistió, al tiempo que pidió solicitar un experto grafólogo para reconocer la firma de la Fiscal en las actas de selección de magistrados.
Además, señaló, basado en argumentos constitucionales y de las leyes de la República, que Ortega incurrió en faltas graves como la lesión a la ética pública o moral administrativa, la actuación con inexcusable ignorancia de la Constitución y el menoscabo de sus principios fundamentales establecidos en la Carta Magna, en lo que concierte a activismo político.
Entre las evidencias de activismo político, refirió que Luisa Ortega Díaz recibió en su despacho a un grupo de fiscales del Ministerio Público, quienes dentro de la instalación gritaron «a viva voz y en coro: este Gobierno va a caer».
También indicó que, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la Fiscal no tiene facultad para desconocer las sentencias del TSJ, lo que supondría otro motivo de falta.
Mencionó su actuación del lunes, cuando acudió a la Asamblea Nacional (AN) a pedir la ratificación del vicefiscal Rafael González Arias, aún cuando el máximo tribunal había declarado nula su designación.
Al procedimiento realizado este martes, que se ajusta a lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 374 del Código Orgánico Procesal Penal, también fue convocado el presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo.
También participa el defensor público Javier Hernández —representante Ortega Díaz, que no acudió a la audiencia—, quien solicitó el sobreseimiento de la causa.
El defensor del Pueblo, Tarek William Sabb, solicitó que se realicen pruebas grafotécnicas a los documentos que presentó y en los que se encuentra la firma de la fiscal, que prueban cómo avaló la designación de los magistrados del TSJ en 2015.
Durante el antejuicio de mérito, también solicitó que tanto él como el contralor y Ortega Díaz se sometan a la prueba del polígrafo «también llamada detector de mentira o experticia de la verdad, para determinar quién ha venido mintiendo de forma descarada a lo largo de este proceso».
(Con informes de Ciudad Caracas, CCS, y Agencia Venezolana de Noticias, AVN)