03 julio, 2017
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Burguesía brasileña retiene el poder sin pasar por las urnas
La clase dominante y sus facciones políticas maniobran y disputan espacios para imponer su agenda a la población. La gran mayoría está excluida y exige elecciones directas.
El presidente ilegítimo de Brasil está próximo a cumplir 14 meses en el poder, aunque hace varias semanas su gobierno está agotado. Las promesas que acompañaron la maniobra del impeachment contra Dilma Rousseff cayeron como fichas de un dominó y arrastraron al conjunto del sistema político a una crisis histórica.
La primera de ellas fue la anunciada y nunca concretada reactivación económica. Los últimos pronósticos emitidos por el Gobierno afirman que el crecimiento del PIB estará por debajo de 0,5% este año, luego de haber caído 3,6% en 2016 y 3,8% en 2015. Hay 14 millones de personas desocupadas (13,6%), según datos oficiales del período febrero-abril, y al menos 22 millones de personas bajo la línea de pobreza.
Sobre esta grave situación socioeconómica está montado el descarado espectáculo de acusaciones cruzadas, sobornos, delatores, comportamientos mafiosos, corrupción, enriquecimiento, cuentas ocultas en el exterior, que pone en el centro de la escena a dirigentes políticos, empresarios y jueces.
Cientos de miembros del Congreso, ministros y el propio Michel Temer tienen fuertes denuncias en su contra, principalmente por corrupción. Paradójicamente la mayoría de ellos votó la destitución de la ex mandataria por incumplir normas fiscales para cubrir el déficit presupuestal con el uso de fondos de bancos públicos, un mecanismo utilizado en gobiernos anteriores sin inconvenientes.
Aunque millones de brasileños salieron a las calles en 2015 y 2016 para denunciar la corrupción del gobierno del PT, a 14 meses de su destitución a Rousseff no se le ha podido probar ningún delito de corrupción ni enriquecimiento ilícito. Un año después, el gobierno de Temer ha demostrado ser incomparablemente más corrupto.
Cuestiones de fondo
Tras ser denunciado por corrupción pasiva desde la Fiscalía General (ver recuadro), la aprobación del gobierno de Temer siguió cayendo a mínimos históricos. La encuesta mensual de Datafolha le dio en junio un 7% de aprobación, la más baja para un presidente desde 1989, cuando José Sarney llegó a 5%. El 69% de los consultados calificó la gestión de Temer directamente como “pésima”.
Sin embargo, el presidente ilegítimo respondió a los avances judiciales de manera desafiante: “Nada nos destruirá. Ni a mí ni a nuestros ministros”, afirmó en referencia a su gabinete, donde ocho de sus miembros son investigados por corrupción. “No huiré de las batallas ni de las guerras que tenemos por delante. No me falta coraje para seguir en la reconstrucción del país”, lanzó en un acto frente a empresarios luego que se conociera la denuncia en su contra, que quedó en manos de la Cámara de Diputados. “En el plano jurídico mi preocupación es mínima”, desafió.
Temer utiliza el concepto de “reconstrucción nacional” para referirse a la agenda de reformas legislativas impulsadas desde el empresariado, por la cual llegó a ocupar la Presidencia. Una de ellas logró aprobarla el año pasado: la enmienda constitucional que congeló el gasto público por 20 años y prohíbe aumentos presupuestarios para rubros como educación y salud públicas. Pero las otras dos: reforma laboral y del régimen previsional, quedaron congeladas por el rechazo popular, el descrédito del Gobierno y la denuncia contra Temer que modificó la agenda del Congreso. La primera de ellas aún tiene chances de ser aprobada, porque necesita una mayoría simple, pero la reforma de jubilaciones demanda tres quintos de los votos parlamentarios y parece estar derrotada.
El fiscal general solicitó además ante el Supremo Tribunal Federal declarar la inconstitucionalidad de la ley de tercerización aprobada en marzo por iniciativa del gobierno. La nueva norma había sido votada a escondidas, sin debate y en menos de 24 horas en la Cámara de Diputados, tras desempolvar un proyecto de 1998 que habilitaba la subcontratación laboral en todos los rubros de la economía.
La agenda de reformas quedó así detenida por la crisis política. Temer pasó de ser su promotor e impulsor a un obstáculo para su avance en el Congreso y los principales medios de comunicación del país ya atacan abiertamente al repudiado mandatario.
Sin los votos
La crítica situación del gobierno ilegítimo desató intensas negociaciones y oscuras gestiones entre los principales dirigentes de la derecha y empresarios. Todas ellas, amparadas en la misma Constitución que fue manipulada para sacar a Dilma Rousseff del poder, buscan evitar un llamado a elecciones directas. Según la carta magna, si un presidente deja el cargo cumplido más de la mitad de su mandato y no puede asumir el vicepresidente, debe ser reemplazado por elecciones indirectas a través del Congreso.
Una sucesión a dedo de Temer es posible porque la movilización social carece hasta ahora de la fuerza suficiente para forzar la convocatoria a una votación general. Al cierre de esta edición, los frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, que reúnen a diversas organizaciones políticas, sociales y centrales sindicales, realizaban el 30 de junio una protesta en las principales ciudades del país denominada “Día Nacional de Huelga, Movilizaciones y Paralizaciones”, con cortes de rutas y paro de algunos servicios de transporte y otros sectores. Las consignas principales eran: “Fora Temer”, “Diretas Já” (elecciones directas inmediatas) y “No a las reformas” laboral y jubilatoria. La anterior huelga general fue llevada adelante con considerable éxito el 28 de abril.
La huida de dirigentes del gobierno ilegítimo sumó el 29 de junio al líder del oficialista Pmdb en el Senado, Renan Calheiros, que dejó ese cargo tras declarar que no aceptaba “servir de títere para el gobierno, siendo presionado para votar reformas contra los trabajadores”. Él y otros legisladores ya piensan en las próximas elecciones y estiman que necesitan despegarse de Temer cuanto antes para poder ser reelegidos.
Hasta ahora el principal sostén político del presidente ilegítimo es un sector del socialdemócrata derechista Psdb, aunque el ex líder de la fuerza y presidente Fernando Henrique Cardoso declaró que su renuncia y convocatoria a elecciones anticipadas serían un acto de “grandeza” por el bien del país. La misma postura tienen el PT y Lula. Si Temer dejara su cargo sin acordar un llamado inmediato a las urnas, el Congreso tendría un plazo de 30 días para elegir a su sucesor.
En junio, la cúpula del Psdb decidió mantener su apoyo a Temer, a riesgo incluso de una fractura interna. El pacto con el Pmdb incluye el apoyo de este último a su próximo candidato presidencial y algunos posibles dirigentes de la derecha consideran que tendrán mayores chances el año próximo, mientras esperan una posible inhabilitación de Lula desde la justicia.
Sin representatividad, los partidos negocian posibles nombres para reemplazar a Temer, alejados de la sociedad y sus demandas.
La denuncia de la Fiscalía y los pasos que siguen
La Fiscalía General denunció a Michel Temer por corrupción pasiva el 26 de junio y lo transformó en el primer presidente en funciones formalmente acusado por delitos penales en la historia de Brasil.
En la denuncia enviada al Supremo Tribunal Federal, el procurador Rodrigo Janot afirma que Temer “valiéndose de su condición de jefe del Poder Ejecutivo y líder político nacional, recibió para sí y por intermedio de Rodrigo Rocha Loures (su mano derecha), una ventaja indebida de 500 mil reales (150 mil dólares) ofertada por Joesley Batista, presidente de JBS”. El momento en el que Rocha Loures recibió el soborno fue filmado por la Policía Federal, que actuó en coordinación con el delator Batista.
El origen del caso proviene de la grabación de una conversación privada que mantuvo Temer con Batista, en la que se lo escucha avalando el pago de sobornos al ex presidente de la Cámara de Diputados Eduardo Cunha. Batista, que actuaba en coordinación con la justicia para lograr la reducción de su condena y su salida de prisión, aseguró haber contribuido ilegalmente a campañas de más de 1.800 políticos en Brasil.
En otro frente judicial, a principios de junio el Tribunal Superior Electoral había decidió por cuatro votos contra tres rechazar el pedido de anulación de la candidatura Rousseff-Temer por abusos de poder y financiamiento ilegal, evitando la destitución de actual mandatario.
Camino a seguir
La Corte Suprema de Brasil decidió enviar directamente a la Cámara de Diputados la denuncia presentada desde la Fiscalía General, que debe ser tratada en la Comisión de Constitución y Justicia, en un proceso que puede extenderse en el tiempo. Luego la denuncia deberá llegar al pleno de 513 diputados, donde necesita el apoyo de 342 miembros y el aval de la Corte Suprema para dar inicio a un proceso de impeachment y apartar temporalmente del gobierno a Temer por 180 días. En ese caso, el presidente de la Cámara, Rodrigo Maia, asumiría la presidencia durante esos seis meses.
Si esta denuncia no prospera, Janot podría presentar igualmente nuevos cargos, ya que Temer es investigado también por asociación ilícita y obstrucción de la justicia.