Temer retrocede en su proyecto de reforma jubilatoria
La reforma de las jubilaciones y pensiones es uno de los puntos claves por los cuales importantes sectores empresariales de Brasil, partidos opositores y grandes capitales extranjeros dieron su apoyo a la llegada de Michel Temer a la presidencia mediante el impeachment a Dilma Rousseff.
En diciembre el Congreso aprobó la primera de las grandes reformas exigidas: el congelamiento por 20 años del gasto público, que tendrá un profundo impacto a largo plazo en la educación y salud públicas. La segunda ley de una agenda que incluye como punto central cambiar la legislación laboral, es la que modifica las jubilaciones y pensiones en perjuicio de los trabajadores.
La reforma previsional tiene como objetivo disminuir la cantidad de personas que acceden a la seguridad social y bajar los costos del Estado en jubilaciones, al establecer una edad mínima de 65 años para mujeres y hombres y aumentar hasta 49 años el tiempo necesario de aportes para poder recibir una paga similar al salario activo.
Sin embargo, mientras avanzan las investigaciones por corrupción contra funcionarios del Gobierno, que cada vez está más debilitado, desde el Congreso pidieron revisar algunos puntos de la reforma y excluir algunos sectores. Ayer Temer anunció que funcionarios estadales y municipales quedaban excluidos de las nuevas reglas de jubilación, al igual que las Fuerzas Armadas, bomberos y policías militares.
Con estas modificaciones, Temer se garantiza que no haya cambios en las jubilaciones de los docentes, que conforman uno de los sectores más combativos del país en unidad con grupos estudiantiles. También se especula que podría hacer lo mismos con los trabajadores rurales, para intentar desmovilizar al Movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra (MST), uno de las organizaciones más fuertes del país, y que mantendría el llamado Beneficio de Prestación Continuada (BPC) del salario mínimo, que perciben personas con discapacidades y enfermos pobres.
Aunque el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, insistió en la importancia y urgencia de aprobar la reforma sin cambios, los partidos políticos que debían votarla no quieren asumir el costo político en vísperas del año electoral o ante la posibilidad de un adelanto de la votación.
De esta manera, Temer dejó en manos de gobernadores y alcaldes la posibilidad de emprender reformas jubilatorias en sus territorios, para alivianar la presión social contra el proyecto de ley nacional.