Vestigios del terrorismo de estado en Uruguay
Fiscales, abogados, dirigentes de derechos humanos y funcionarios públicos habían sido amenazados de muerte en febrero a través de un correo electrónico que llevaba la firma “Comando Pedro Barneix”. En el mensaje se leía: “El suicidio del general Pedro Barneix no quedará impune, no se aceptará ningún suicidio más por injustos procesamientos. Por cada suicidio de ahora en más, mataremos a tres de la siguiente lista”, y agregaba los nombres de 13 amenazadas de muerte.
Un mes después, más de 150 académicos, periodistas e intelectuales de distintos países firmaron una carta al presidente Tabaré Vázquez para manifestar su preocupación, dar apoyo a las personas amenazadas y exigir al Estado uruguayo que “exprese su más firme condena ante estas nuevas amenazas”, “que los poderes competentes las investiguen seria y efectivamente para dar con sus responsables” y “que se aplique la ley como corresponde en un Estado de derecho, ya que de acuerdo a la legislación uruguaya la amenaza constituye un delito”.
Organismos de derechos humanos dentro y fuera de Uruguay reclaman al Gobierno mayor compromiso para permitir que los responsables de crímenes de lesa humanidad sean juzgados y condenados conforme a la legislación internacional.
Barneix fue un importante agente de inteligencia de la última dictadura militar que siguió ocupando altos cargos durante los siguientes 30 años. A pedido del presidente Vázquez, Barneix se puso en 2006 a la cabeza de un grupo que investigaba casos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura, pero con el tiempo comenzó a ser investigado por violaciones a los derechos humanos.
Años después fue procesado por el asesinato del comerciante Carmelo “Chiquito” Perrini en 1974. El joven de 34 años fue torturado y asesinado en el marco de un interrogatorio a cargo de Barneix, que se suicidó el 2 de septiembre de 2015 luego que la Suprema Corte de Justicia rechazara un recurso interpuesto por su defensa.
Los amenazados por el presunto “Comando Barneix” son: el ministro de Defensa, Jorge Menéndez; el fiscal de Corte, Jorge Díaz; la directora de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Mirtha Guianze; los abogados Juan Errandonea, Óscar López Goldaracena, Federico Álvarez Petraglia, Juan Fagúndez, Hebe Martínez Burlé y Pablo Chargoñia; el magistrado francés Louis Joinet; el activista brasileño Jair Kirshke; la ex canciller Belela Herrera y la investigadora italiana Francesca Lessa.