Violento foco insurreccional en el noroeste de Mérida
(Tomado de AVN)
Mérida, 26 May. AVN.- En zona de recurrentes crímenes y violaciones a los derechos colectivos de los ciudadanos se ha convertido el área de expansión de la capital de Mérida, al noroeste de la ciudad andina, área afectada por la violencia que dejan a su paso las recurrentes convocatorias de la llamada Mesa de Unidad Democrática (MUD).
La franja territorial conocida en sus albores como «La otra banda», tiene 1,5 kilómetros cuadrados de área. La incidencia de secuestros a unidades de transporte, hechos vandálicos y cierres de vías, escaló de manera exponencial bajo omisión y auspicio del propio alcalde de la jurisdicción, Carlos García.
«Nosotros debemos denunciar de manera enérgica, porque ellos tienen funciones y competencias como alcaldes», dijo al respecto el gobernador de Mérida, Alexis Ramírez, en una rueda de prensa, efectuada en el comando de la Policía Estadal.
El mandatario especificó que en la intersección del viaducto Campo Elías se han registrado tres homicidios por arma de fuego, en «protestas» anunciadas como pacíficas, que derivaron en asedios contra comercios e instituciones.
El perímetro de 9,5 kilómetros delimitado por las avenidas Ezio Valeri, un tramo de Las Américas, la Cardenal Quintero y un tramo de la avenida Los Próceres, tiene apenas 1,5 kilómetros cuadrados de área, equivalentes a 0,16% de la superficie de la municipalidad.
Sin embargo, las continuas acciones de terrorismo y vandalismo, ejecutadas allí por grupos juveniles de extrema violencia, afines a las organizaciones Voluntad Popular y Primero Justicia, afectan la cotidianidad del 99,84 % de territorio en la jurisdicción.
Por ello el gobernador Ramírez no duda en respaldar la medida de amparo cautelar emitida el miércoles de esta semana por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), aludiendo al burgomaestre García (Primero Justicia) y a sus pares Omar Lares y Juan Peña, en las jurisdicciones de Campo Elías y Alberto Adriani, respectivamente.
La acción judicial emitida a solicitud de habitantes organizados, busca salvaguardar y restablecer los derechos colectivos de la ciudadanía en los tres municipios, afectados por similar situación a la presentada en Libertador.
Ramírez sostiene que no está siendo negado el derecho a la protesta y enfatiza que toda movilización, para ser legal y constitucional, debe ser pacífica y racional.
«Sin trancar vías, sin armas de fuego, sin conculcar derechos de la colectividad (…) Lo que ellos asumieron, es prácticamente una insurrección», denunció y agregó que los ayuntamientos estarían en desacato, si persiste el apoyo, la omisión de responsabilidad y el silencio cómplice de los gobernantes municipales.
El balance local por actos sediciosos contra la institucionalidad suma 222 heridos y lesionados, de los cuales 73 son efectivos de policía y de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), siete de estos últimos por armas de fuego.