El plan de la burguesía para salir del PT e imponer ajustes y reformas no tiene partidos ni líderes capaces de continuarlo a mediano plazo. Temer responde con militarización al rechazo social.

Incapaz por el momento de imponer a la población una reforma jubilatoria regresiva, el gobierno no electo de Michel Temer y el conjunto de las fuerzas políticas burguesas del Congreso lanzaron a las Fuerzas Armadas al estado de Río de Janeiro para que se hagan cargo de la seguridad pública. La maniobra fue decidida mediante un decreto presidencial el 16 de febrero y luego aprobada por la gran mayoría de los legisladores, que son repudiados por el grueso de la población.

Atravesado por una escalada de violencia vinculada al narcotráfico, otros negocios ilegales y el empeoramiento de la situación socioeconómica a nivel nacional, el Estado carioca sufrirá ahora la primera intervención federal desde que rige la Constitución de 1988.

Como los antecedentes lo demuestran, la militarización de la segunda mayor ciudad del país se impondrá con fuerza y violencia en los barrios pobres, habitados mayormente por población negra. Apenas Temer anunció la intervención comenzaron a circular por las redes digitales videos que recomiendan a los habitantes negros cómo actuar ante requisas u operativos militares para evitar ser asesinados. Fueron vistos por millones de personas en pocos días.

Oportunismo
La intervención de Río de Janeiro fue en realidad la respuesta de Temer a la falta de apoyos suficientes en el Congreso para aprobar la reforma del sistema de jubilación y pensiones que esperaba celebrar en febrero. Como el proyecto de ley implica cambios constitucionales, necesita de una mayoría de tres quintos, que por el momento no logra reunir. La razón es simple: ante la cercanía de las elecciones de octubre varios políticos se niegan a dar el voto afirmativo para otra ley que tiene amplio rechazo popular; primero quieren ser reelectos en sus cargos.
El presidente no electo buscó tapar la derrota política de la reforma jubilatoria con la instalación de la seguridad pública como supuesta prioridad gubernamental, sin dudas un tema sensible para la población. Según la Constitución, no puede haber reformas de la Carta Magna mientras rija una intervención estatal, por lo que el proyecto previsional fue obligatoriamente postergado.

Una semana después del decreto de intervención, cronistas reportaban desde Río de Janeiro que la policía civil y militar del estado no tenía ninguna información de qué iba suceder ni cómo se iba a desarrollar la medida. Tampoco había hoja de ruta para las fuerzas armadas, lo que demuestra que no fue una acción planificada. Junto a esa medida, que generó protestas, Temer anunció que analiza la creación de un Ministerio de Seguridad.

La última experiencia en la región metropolitana de Río de Janeiro de operativos conjuntos del ejército y la policía militar fue en San Gonzalo, con un saldo de varios muertos y acusaciones cruzadas entre ambas fuerzas por la responsabilidad de los crímenes.

Cuadro político
Si, como adelanta el sistema judicial brasileño con cada decisión, el ex presidente Lula termina inhabilitado y preso (ver recuadro), la voluntad mayoritaria de la población volverá a ser enterrada. Primero lo fue con la destitución parlamentaria de Dilma Rousseff, justificada en argumentos jurídicos ridículos; luego, mediante el rechazo de aplicar el mismo procedimiento de impeachment contra Temer, vinculado a evidentes casos de corrupción y con el mayor nivel de desaprobación popular que jamás tuvo presidente alguno en Brasil; por último, lo será con la inhabilitación del candidato que ganaría en todos los escenarios electorales posibles según todas las encuestas.

Luego de la condena en segunda instancia contra Lula, que aumentó su pena a 12 años y un mes de prisión sin agregar pruebas, en el caso del supuesto soborno pagado por la constructora OAS, los sondeos ratificaron que el ex presidente ganaría en octubre si le permiten participar de la elección.

La mayor encuestadora de Brasil, Datafolha, mostró que el líder del Partido de los Trabajadores (PT) mantiene una ventaja abrumadora en todos los escenarios electorales posibles, con entre 34% y 37% de los votos para la primera vuelta y con amplia ventaja en un eventual balotaje frente a cualquier candidato.

El otro dato clave de la encuesta es que si Lula no fuera candidato, hoy la segunda vuelta la disputarían el ultraconservador fascista Jair Bolsonaro (Partido Socialcristiano, de raíces evangélicas) y la ex petista Marina Silva. Ni el partido gobernante (el Pmdb de Temer) ni el derechista Partido de la Social Democracia Brasileña (Psdb), que perdió las últimas cuatro elecciones en balotaje con el PT, tendrían posibilidades siquiera de llegar a la segunda vuelta, aunque todavía faltan varios meses hasta octubre.

Bolsonaro, que sería el más votado en una eventual primera vuelta sin Lula, comenzó su campaña electoral tras votar a favor del impeachment de Rousseff y argumentar en su intervención que lo hacía “contra el comunismo, el Foro de San Pablo” y “por la memoria” del coronel que torturó a la ex presidente durante la dictadura instalada en 1964.
En este contexto, desprestigiado el conjunto de los principales partidos políticos tras las escandalosas revelaciones de corrupción que los atraviesan, el discurso populista de derecha ha ganado adhesiones en una minoría considerable de la población.

Representante político de Río de Janeiro y ex capitán del ejército, Bolsonaro es un férreo defensor de la última dictadura militar que pasó luego por ocho partidos políticos distintos –cambios bastante habituales en el país– y propaga un discurso ultraconservador y fascista. Días antes que Temer decidiera intervenir el Estado carioca, Bolsonaro aseguró en una reunión de ejecutivos organizada por el banco BTG que la solución para erradicar la violencia es “ametrallar la Rocinha”, mayor favela de la ciudad.

Bolsonaro se nutre del discurso más reaccionario y anticomunista contra el PT, incubado en los últimos años, que esconde un odio clasista y racial contra las grandes mayorías, en uno de los países con mayor desigualdad social del mundo. Entre otras declaraciones provocadoras ha llegado a decir que “el error de la dictadura fue torturar y no matar”, atacar a una ministra de Derechos Humanos con la frase “no mereces ni que te violen” y promover la discriminación racial al asegurar que sus hijos no tendrían matrimonios con personas negras porque “están bien educados”. Este dirigente fue el diputado más votado de Río de Janeiro en las elecciones de 2014.

Temer, sin apoyo social, tomó nota, y con la intervención militar de ese Estado busca los réditos del populismo derechista para recuperar su imagen. Algunos sostienen incluso que el fin último del presidente no electo es ser candidato en octubre. A ese punto llegó la situación de Brasil.

Ignacio Díaz

Lula mantiene el apoyo popular

Hasta el momento, cada apelación y demanda judicial que realizó la defensa del ex presidente Lula da Silva ha sido rechazada. Así, el líder petista quedó prácticamente inhabilitado para ser candidato en octubre y a un paso de tener que cumplir una condena a 12 años de prisión.
No importó que en febrero quedara expuesto que Odebrecht presentó a la justicia brasileña documentos falsificados con el propósito de incriminarlo, como lo reveló un examen pericial sobre los extractos bancarios y la contabilidad paralela presentada por la empresa.
Sin embargo, Lula no frenó su actividad proselitista y lanzó su precandidatura presidencial el 21 de febrero en un acto en Belo Horizonte, importante Estado gobernado por el PT. A partir del 18 de marzo volverá a realizar una caravana nacional, ahora por los Estados del sur del país, que incluirá un encuentro con el ex presidente uruguayo José Mujica en Porto Alegre.
Tras la figura de Lula se unieron cinco partidos de la izquierda brasileña: el PT, el Partido Socialismo y Libertad (Psol), el Partido Comunista de Brasil (PCdoB), el Partido Democrático Laborista (PDT) y el Partido Socialista Brasileño (PSB). En conjunto elaboraron el documento “Manifiesto de Unidad para Reconstruir Brasil”, presentado el 20 de febrero en Brasilia por los presidentes de los partidos, sus referentes parlamentarios y los de organizaciones y sindicatos afines. Las cinco fuerzas conformaron un frente “en defensa de la democracia y la soberanía”.
El día anterior, las centrales sindicales y organizaciones importantes como el Movimiento Sin Tierra (MST) realizaron protestas y paros parciales a nivel nacional para rechazar definitivamente la reforma jubilatoria de Temer.
Con esta base, buscan construir una alternativa política para las próximas elecciones, con o sin Lula como candidato.