La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (Acnudh) en Guatemala expresó su preocupación por el asesinato de líderes campesinos, indígenas y ambientalistas.

La intervención pública de Acnudh se conoció luego del asesinato el jueves de Ángel Estuardo Quevedo, un activista indígena opositor a una minera de capitales canadienses, integrante de la Resistencia Pacífica de Casillas.

Según informó Prensa Comunitaria, un portal de periodismo comunitario, feminista y autónomo de Guatemala, la víctima recibió seis disparos cuando viajaba en su moto en la zona de Santa Rosa de Lima.

El líder indígena organizaba el plantón pacífico frente a la Corte de Constitucionalidad (CC) para exigir el cierre del proyecto minero «El Escobal», de la empresa minera San Rafael y la transnacional canadiense Tahoe Resources Inc.

Los pobladores de la zona denunciaron que, entre otras irregularidades toleradas por el Gobierno de Jimmy Morales, nunca se realizó la consulta obligatoria a los pueblos que viven alrededor de la mina El Escobal.

El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas establece el derecho de los pueblos de ser consultados por los Gobiernos sobre proyectos que tengan un impacto en su comunidad.

Ante la falta de convocatoria oficial, en 2012 los siete poblados cercanos al proyecto realizaron una consulta comunitaria cuyo resultado fue un 98,2 por ciento en contra de la operación del proyecto El Escobal.

Las organizaciones comunitarias denunciaron que desde mayo último, casi una decena de líderes campesinos indígenas o activistas han sido asesinados.

El director ejecutivo de ONU Medio Ambiente, Erik Solheim, dijo que la escalada de violencia contra líderes indígenas de Guatemala es «inaceptable».