Las organizaciones, partidos políticos y ciudadanos firmantes, señalamos nuestra preocupación con respecto al traslado arbitrario del exvicepresidente constitucional de la República del Ecuador, JORGE DAVID GLAS ESPINEL, al Centro de Detención de Latacunga el 21 de octubre de 2018. Mediante un comunicado oficial de la Secretaría de Comunicación del Gobierno ecuatoriano, se señala que “luego de la fuga del exsecretario de Comunicación del Gobierno de Rafael Correa, Fernando Alvarado Espinel, se ha recibido un informe de inteligencia policial, y por razones de seguridad hace pocos minutos se procedió al trasladar a Jorge Glas al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Se garantiza su integridad de acuerdo con los protocolos vigentes.”

Jorge Glas Espinel fue elegido por votación popular para ejercer el cargo de vicepresidente constitucional del Ecuador desde el 24 de mayo de 2017 hasta el 24 de mayo del 2021.

El vicepresidente fue involucrado en el caso de corrupción llamado “Odebrecht”. El 20 de septiembre de 2017 el Juez de la causa dispuso una revisión de la medida cautelar de prohibición de salida del país que tenía desde el 29 de agosto de 2017, medida que no había sido incumplida. El 2 de octubre de 2018, se realizó una audiencia en la cual se resolvió la orden de detención la cual se cumplió el mismo día. El plazo para la que fiscalía concluya la instrucción fiscal finalizaba el 1 de octubre de 2017, es decir, un día antes de la orden de detención. Fue despojado de su cargo de vicepresidente mediante un simple oficio emitido por el presidente Lenín Moreno Garcés, el 4 de enero de 2018, alegando la causal de “falta definitiva”.

El vicepresidente fue involucrado en ilícito exclusivamente en base del falso testimonio de un corrupto confeso de Odebrecht; fue condenado por un delito distinto de aquel por el cual le levantaron la inmunidad; y lo sentenciaron con un código derogado, para así poder aumentar la pena, y evitar que salga libre y retome la vicepresidencia de la República. Todo esto es impensable en un estado de derecho.

El traslado de Jorge Glas Espinel al Centro de Rehabilitación Social de Latacunga es una clara represalia. Es importante resaltar que el caso exsecretario de Comunicación y el de Jorge Glas son totalmente diferentes y no están relacionados directa ni indirectamente. El riesgo de fuga del señor Glas era prácticamente nulo, y, por lo tanto, la medida tomada por el Gobierno ecuatoriano es totalmente arbitraria.

El perfil político del vicepresidente lo ponen en un gran riesgo. En el mes de junio de este año, el Centro de Rehabilitación Social de Latacunga registró tres muertes debido a un incidente en la prisión. Además, al exvicepresidente se le ha impedido que sea visitado por su familia y su defensa jurídica, lo que viola la Carta de las Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y la Constitución ecuatoriana.

Hacemos responsable al Gobierno ecuatoriano por la seguridad, protección y garantías para el
exvicepresidente, ya que su vida corre un grave peligro, como consecuencia de la judicialización de la política en el Ecuador.

Solicitamos al Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas realice el
procedimiento de acción urgente en este caso y haga un llamamiento al Ministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, en el que le pida al Gobierno adoptar las medidas para garantizar que se respete el derecho a la vida, la integridad física y mental del exvicepresidente Jorge Glas.

Ginebra, 23 de octubre de 2018