El show montado el sábado en Cúcuta, Colombia, tuvo a la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, como uno de los blancos preferidos de los sectores más reaccionarios del continente.

Desde el escenario le pidieron dureza contra el Gobierno de Venezuela y le criticaron, entre otras cosas, cuando en septiembre pasado recibió al canciller Jorge Arreaza y cuando a comienzos de este año aceptó que viajaría a Caracas.

Además, este fin de semana venezolanos que viven en Chile -de los sectores que prefieren una invasión militar antes que reconocer a Maduro- le gritaron «comunista» y reivindicaron muertes y desapariciones durante la dictadura de Augusto Pinochet, incluyendo a los torturados como el padre de la ex presidenta.

Solamente para la derecha enceguecida de odio Bachelet puede ser vista como alguien aliada a la revolución Bolivariana. Si durante sus dos presidencias en Chile mostró cierta empatía fue porque la relación de fuerzas entre los Gobiernos de la región era entonces claramente favorable a la integración de naciones aún desde las diferencias.

La enorme y honrosa diferencia con el presidente actual Sebastián Piñera, hay que decirlo, es que nunca operó -al menos públicamente- contra la revolución bolivariana. Jamás simpatizó con el movimiento revolucionario pero tampoco vendió su alma al imperio con la facilidad con la que sí lo hizo, por ejemplo, el uruguayo Luis Almagro.

Pero tanta presión surtió efecto en momentos en que la situación exige definiciones concretas. La prensa recogió este domingo declaraciones de Bachelet, en su carácter de responsable de la agencia de Derechos Humanos de la ONU, poniendo las cosas donde la derecha reaccionaria las necesita.

“Se ha disparado a personas y algunas han muerto, hay quien ha recibido heridas de las que nunca se recuperará, incluyendo la pérdida de un ojo. Estas son escenas deplorables y el Gobierno venezolano debe obligar a los cuerpos de seguridad a dejar de emplear el uso excesivo de la fuerza contra manifestantes desarmados y ciudadanos comunes”, indicó.

Las pruebas en imágenes y testimonios son más que elocuentes de la responsabilidad que le cabe a las autoridades colombianas y a la extrema derecha venezolana que, desde Cúcuta, cometió todo tipo de delitos para generar un escenario violento.

“Hemos recibido informes de varios incidentes violentos, en algunos casos prolongados, en diferentes puntos de las fronteras con Colombia y Brasil vinculados al bloqueo por parte de las fuerzas de seguridad de la asistencia que se dirigía hacia el interior de Venezuela a través de fronteras cerradas”, publicó Bachelet.

Ninguna mención hizo Bachelet que, entre las víctimas de la violencia se encuentra una compatriota suya, fotógrafa, que sobrevivió de milagro a los vehículos blindados de la Guardia Nacional Bolivariana que acababan de ser robados por tres desertores en connivencia con autoridades y manifestantes colombianos.

Bachelet pidió este domingo “frenar a estos grupos y arrestar a aquellos que utilizaron la fuerza de manera ilegal en contra de manifestantes».

Recordó que «el uso de fuerzas paramilitares o parapoliciales tienen una larga y siniestra historia en la región y es muy alarmante verlas operar de manera tan clara en Venezuela».

En su comunicado Bachelet no da ni un solo dato ni hace referencia a ningún caso específico. Sólo habla de generalidades y, en todos los casos, responsabiliza al Gobierno de Venezuela, nación que este fin de semana fue víctima del mayor intento de invasión de los últimos 30 años en América Latina.

No sólo no hay pruebas ni informes que sostengan la tesis de que Venezuela utilizó «fuerzas paramilitares o parapoliciales» sino que además invierte la carga de la prueba: acusa a los invadidos en lugar que hacerlo con los invasores.

Hace apenas 20 días la misma oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU reconoció que las últimas grandes marchas simultáneas que hubo en Caracas el primer fin de semana de febrero, tanto las convocadas por la oposición como por el Gobierno, fueron pacíficas.

Un comunicado del 5 de febrero de la agencia que encabeza Bachelet aseguró que no recibió información de detenciones, heridos o fallecidos en las manifestaciones de ese fin de semana en Venezuela, según informó en ese momento la agencia de Noticias ONU.

Ni en ese momento ni antes de este domingo hubo referencias puntuales al accionar de grupos paramilitares aliados o regidos por el gobierno chavista. Sin embargo fueron mencionados este fin de semana por Bachelet.

Pero en algo tiene razón Bachelet. El paramilitarismo tiene una larga y siniestra historia en la región. Sin ir más lejos, en Colombia, esa larga y siniestra historia se cobra la vida de, en promedio, un líder social o político cada día.

El mismo paramilitarismo colombiano penetra de manera periódica por la extensa frontera con Venezuela y deja venezolanos muertos, militares y civiles, sin que la oficina de Derechos Humanos de la ONU abra la boca.

Por último, Bachelet cuestiona al Gobierno bolivariano por rechazar «la asistencia que se dirigía hacia el interior de Venezuela a través de fronteras cerradas”.

Como es bien sabido, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aclaró varias veces que el organismo internacional no iba a colaborar con estas maniobras desde Colombia y Brasil por tratarse de una acción política.

La posición de Bachelet vulnera la necesidad de investigar los hechos antes de pronunciarse (las más que evidentes violaciones de Israel sobre palestinos, por ejemplo, demandan largos meses de análisis en el terreno).

Pero además rompe hacia dentro de la ONU, al lamentarse porque Venezuela no dejó entrar ayuda que el propio secretario general denunció como un acto político.

Urge que el Gobierno venezolano reitere su invitación a Bachelet para que visite el país o que, al menos, la titular de la Agencia de Derechos Humanos de la ONU concrete el prometido envío de asesores para que hagan una avanzada.

De lo contrario, la ex mandataria se sumará muy rápidamente a los dirigentes latinoamericanos que, como irresponsables socios del imperio, terminarán justificando la violencia que buscan Estados Unidos y Colombia.

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