Aumentan los crímenes contra activistas en Guatemala
Ignacio Díaz – América XXI
Este martes la ONU publicó un preocupante informe sobre la situación de los defensores de los derechos humanos en Guatemala. Las cifras son elocuentes: entre 2017 y 2018 fueron asesinados 39 de estos activistas y casi 900 sufrieron ataques.
El informe de de la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expuso la ausencia de garantías fundamentales para las organizaciones y sus miembros que defienden estos derechos en el país centroamericano. Además de la violencia física y sexual, se multiplicaron en el país las amenazas, el espionaje o vigilancia y las acciones de intimidación.
Otras agresiones contra estos grupos reportadas en el informe tienen que ver con “el uso indebido del derecho penal en su contra”, especialmente en cuestiones vinculadas a la posesión y el acceso a las tierras y los recursos naturales, lo que da cuenta de una extendida corrupción judicial en favor de los más poderosos.
Las poblaciones indígenas, las mujeres, los defensores del colectivo LGBTI, periodistas, jueces y abogados independientes y los defensores de víctimas del conflicto interno son grupos en situación de riesgo, según el informe conjunto de la Procuraduría de los Derechos Humanos y la Oficina que encabeza la expresidenta chilena Michelle Bachelet.
De los 196 defensores de los derechos humanos entrevistados, el 86% sufrió ataques o amenazas al menos una vez en el periodo estudiado, y un 58% en más de una ocasión. Los denunciantes señalan tanto a funcionarios públicos como a miembros de organizaciones criminales y actores del sector privado o mercenarios como los perpetradores de las agresiones.
Agravamiento
En lo que va del año se corroboró que el proceso electoral en marcha agudizó la violencia contra estas organizaciones. Tres candidatos y dos aspirantes que representan a sectores comunitarios o indígenas fueron asesinados desde enero.
Además, el informe confirma que “la impunidad en relación con estos delitos es persistente y generalizada”. En cuanto a las investigaciones, se afirma que “los jueces independientes -incluidos los de los tribunales superiores- y los fiscales sufrieron agresiones, amenazas y represalias y fueron estigmatizados”.
Guatemala padece una “corrupción endémica”, gravísimos problemas de acceso a la tierra, falta de seguridad, extendida impunidad y “debilidades institucionales”, según el informe.
El escrito sostiene que “las personas defensoras de derechos humanos desempeñan un papel fundamental en la construcción y consolidación de la democracia y el estado de derecho. Su trabajo comprende una amplia gama de acciones, desde la denuncia de violaciones de los derechos humanos hasta el desarrollo de propuestas para fortalecer la realización efectiva de los derechos humanos de todas las personas”.
En consecuencia, las recomendaciones son: adoptar una política pública de protección integral que incluya un enfoque diferenciado sobre personas defensoras indígenas, mujeres, LGBTIQ, periodistas y operadores de justica; prevenir ataques contra las personas defensoras; desarrollar una política integral de protección de la vida e integridad; combatir la impunidad.
Ver: Comisión de la ONU confirmó que seguirá en Guatemala
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