Corte de Colombia ratifica la Justicia Especial para la Paz
La Corte Constitucional de Colombia determinó que el presidente, Iván Duque, deberá sancionar de forma completa la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), una herramienta institucional de justicia que surgió tras los acuerdos de paz con la guerrilla de las Farc y que el mandatario había objetado.
Con su fallo, el máximo tribunal echa por tierra las seis objeciones que Duque hizo hace tres meses a la ley estatuaria que reglamentó la JEP, órgano judicial que se aplicará en las investigaciones sobre diferentes delitos en que hayan incurrido los grupos armados ahora desmovilizados.
Duque está obligado, en consecuencia, a sancionar esta norma y olvidar los reparos y cambios que él quería hacerle cuando en marzo pasado rechazó y envió al Congreso los alcances de la JEP.
El presidente, y el uribismo en general, cuestionaron aspectos contemplados en la JEP como extradición de terceros, reparación de víctimas, entre otros temas, que habían sido incluidos en las negociaciones de paz entre el Gobierno de Juan Manuel Santos y las Farc.
La Corte tuvo que dirimir sobre la validez de la votación por parte del Senado cuando el pasado 30 de abril rechazó las pretensiones de Duque a través de una mayoría de legisladores cuestionada por el Ejecutivo.
En consecuencia, el alto tribunal consideró que los 47 votos que en el Senado conformaron una mayoría suficiente para mantener el proyecto de ley que ya había sido avalado por el alto tribunal sin cambios que proponía Duque.
Según el razonamiento de la Corte, los 47 votos que se pronunciaron por rechazar las objeciones del Ejecutivo son mayoría, ya que en el Senado hay 108 senadores pero hay 14 que estaban impedidos.
El fallo afirmó que a esos 94 senadores habilitados para votar había que restarle dos que no se posesionaron: la de Aída Merlano, detenida por corrupción electoral, y la del exjefe de las Farc Iván Márquez, que nunca se posesionó.
La Corte concluyó que en el Congreso las mayorías insistieron en mantener la ley estatutaria tal y como ya estaba, lo cual significa que el presidente Duque tendrá que sancionar la normativa ta como surgió de los acuerdos de 2016.
La JEP es el mecanismo de justicia de transición para investigar y juzgar a los integrantes de las FARC, miembros de la Fuerza Pública y terceros que hayan participado en el Conflicto armado colombiano.
Su aplicación afecta a los delitos cometidos durante el conflicto armado hasta la firma de los acuerdos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC el 24 de noviembre de 2016.
Según el acuerdo, se acepta que hay delitos cometidos en el contexto del conflicto armado que son tan graves que no pueden ser objeto de amnistías e indultos pero se establece la aplicación de la JEP como mecanismo de transición hacia la paz.
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