Uruguay presente en la conferencia Hábitat III de Naciones Unidas

Organizado por tercera vez en 40 años, el encuentro internacional sobre vivienda y territorio sirvió para hacer balances en Uruguay. Cooperativas y Gobierno tienen acuerdos y diferencias.

Organizaciones sociales de Uruguay, vinculadas al hábitat y la vivienda, como la Federación Uruguaya de Cooperativas de Vivienda por Ayuda Mutua (Fucvam) y la Federación de Cooperativas de Vivienda (Fecovi), participaron junto al gobierno en la conferencia de las Naciones Unidas (ONU) sobre vivienda y desarrollo urbano sostenible Hábitat III, que tuvo lugar en Quito, Ecuador, entre el 17 y el 20 de octubre. El planteo del gobierno ecuatoriano en 2003 más el trabajo patrimonial que se realiza en el país determinaron que Quito fuera la sede de la reunión.
En la sesión inaugural estuvieron presentes el presidente anfitrión, Rafael Correa, el secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, el secretario general de Hábitat III, Joan Clos, el alcalde de Quito, Mauricio Rodas, autoridades nacionales y representantes de las delegaciones de los países miembros. Correa abogó por alcanzar un acuerdo global sobre el tema y renovar paradigmas, mientras Ban Ki-moon sostuvo que “será en las ciudades donde ganemos o perdamos el desafío del desarrollo sostenible”. Joan Clos expresó que “la urbanización no es un gasto, sino una inversión a futuro. Además genera una amplia gama de empleos para una población creciente a escala global. Se debe abordar la urbanización como estrategia de transformación social”.
La conferencia reunió un universo variado de actores que incluyó Estados nacionales, gobiernos locales, parlamentarios, urbanistas, fundaciones, ONG, colectivos de jóvenes y mujeres, organizaciones sociales, empresarios, investigadores y universidades.

Desarrollo sostenible
Hábitat III integra una tríada conjuntamente con las conferencias de Cambio Climático y la Agenda de Desarrollo. Su propósito es fortalecer el compromiso político en torno a una nueva “agenda urbana” mundial que pueda ser aplicada durante los próximos 20 años. Las anteriores conferencias datan de 1976 y 1996.
El concepto “desarrollo sostenible” admite diversidad de acepciones. Hay una definición, acuñada en ocasión de la confección del informe final de la Comisión Mundial sobre Medio ambiente y Desarrollo de la ONU en 1987, que lo entiende como “el que satisface las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”. Esta amplia definición presupone un cuestionamiento al actual modelo de desarrollo dilapidador, degradante del medio ambiente, inequitativo y, en particular, expulsor de pobres hacia las periferias de las ciudades.
El hecho de que la mayoría de la población viva en centros poblados es un dato relevante en relación a la sustentabilidad. Es significativo que las ciudades ocupen menos de un décimo del área terrestre siendo responsables del 75% de la energía consumida.

El caso uruguayo
La propuesta que el gobierno del Frente Amplio (FA) presentó en Quito, tomando como base el plan quinquenal del año pasado, incorporó aportes que técnicos, funcionarios, organizaciones sociales y académicos hicieron desde la Comisión Asesora de Vivienda (Coavi), que viene siendo convocada por el Frente Amplio (FA). En esta comisión los representantes gubernamentales se negaron a ponerle cifras a los planteos emergentes.
El Gobierno señala que el país concentró su desarrollo primero en la capital y luego lo extendió al litoral sur. “Este desequilibrio territorial se consolidó a lo largo del siglo XX y hoy es un dato estructural”. No obstante, observan procesos emergentes de reorganización territorial que podrían, bajo ciertas condiciones, habilitar nuevas oportunidades de accesibilidad a bienes y servicios. Creen que ello es fruto de la “segunda transición demográfica” que está registrando la sociedad nacional, “que implica una transformación significativa de los patrones de natalidad y mortalidad, procesos migratorios internos y externos, incremento de la expectativa de vida, diversidad de arreglos familiares y modificaciones en la composición y tamaño de los hogares, con todos los aspectos económicos, sociales y culturales que ello conlleva”.
El desarrollo territorial del país se apoya en la sostenibilidad integral y está materializado en la generación de estrategias y la puesta en funcionamiento de diversos instrumentos. La Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible (Lotds) –no muy apropiada por la población– prevé, con fuerte ancla en los gobiernos departamentales, estrategias regionales, directrices departamentales, planes locales y gestión de riesgos. Distintos gobiernos departamentales han diseñado sus planes de ordenamiento territorial y están dentro de las etapas previstas en la ley.
En el documento uruguayo se reconoce la existencia, como tendencia, “hacia la segregación socio-territorial (…) situaciones que son promovidas por ciertos patrones de producción y consumo muy instalados en la cultura y las lógicas del mercado”. La respuesta prevista es la promoción del derecho a la ciudad, lo que significa el “acceso a los más diversos bienes y servicios de carácter público que son propios de los ámbitos urbanos”.
Una de las estrategias del gobierno nacional ha sido la construcción de viviendas, por parte de privados, en barrios consolidados y deprimidos, arbitrando una batería de exenciones fiscales que ha generado un negocio jugoso para las empresas constructoras. El problema radica en que es difícil que la población con esa necesidad insatisfecha acceda a las mismas. Otra estrategia, de buen resultado, es la instalación de cooperativas de vivienda en la trama urbana consolidada. Son dos caras de una misma moneda.

Cooperativismo
En cuanto a la vivienda y el hábitat el documento afirma que la participación ciudadana “está contemplada en todas sus fases”. Pese a que los niveles de participación han decaído, apuntan que la “participación sigue siendo una condición imprescindible”.
Uruguay tiene un movimiento cooperativo de vivienda con 50 años de desarrollo, una ley de vivienda de 48 años, financiación estatal, apoyo técnico y una modalidad, entre otras, encarnada por Fucvam de un modelo basado en la organización de la gente, ayuda mutua y propiedad colectiva. Pero en los avances verificados con los gobiernos del FA también hay déficit. Existe una cartera de tierra nacional, aunque débil y sin mucha cobertura –ha entregado poquísimos terrenos– donde el Gobierno se negó a conveniar con las organizaciones sociales, contrariando la política que lleva adelante el mismo FA en Montevideo. En pocos departamentos las carteras o bancos de tierra son una realidad.
El énfasis en las políticas y el rumbo siempre son discutibles. Hace unos años, una reforma tributaria –con acento en el trabajo– eliminó el ingreso específico que nutría el Fondo Nacional de Vivienda y Urbanización previsto en la ley variando la forma de financiación. Por eso el déficit habitacional sigue siendo elevado en una población de 3,4 millones de habitantes. Para las organizaciones sociales es de 80 mil viviendas, pero según el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente es de 55 mil.
Los recursos son otro tema. Es cierto que hay espacios de participación de la sociedad organizada que con su trabajo tiene legitimidad suficiente para sentarse a discutir políticas públicas, pero cuando se discutió el presupuesto para vivienda se eludió proponer montos.
El cooperativismo, en un contexto político que permitió acordar la recomposición de la cadena de repagos, accedió al subsidio a la permanencia de las familias en la vivienda, pero no ha logrado aún bajar la tasa de interés para créditos destinados a los sectores de menores ingresos.
El mismo contexto, la persistencia demostrada y la validez de la respuesta, permitió la expansión en todo el país y debería ser objeto de una mayor asignación de recursos. El cooperativismo de vivienda uruguayo no solo construye vivienda, sino valores y organización, vitales en sociedades donde la violencia, fragmentación y formas de exclusión dinamitan la convivencia.

La otra mirada
La experiencia y la diversidad de intereses presentes hacen de Hábitat III un encuentro interesante. Sin embargo, están los que descreen de estas instancias globales. Por ello en paralelo al evento se celebró el Foro Social de Resistencia Popular, pensado como un espacio de movilización y articulación de propuestas que cuestiona “el modelo urbano global basado en la alianza gubernamental con el capital que no busca el bienestar humano, sino el crecimiento de los grupos de poder”.
Las organizaciones sociales vieron limitada su capacidad de incidencia e introducción de agenda durante la conferencia Hábitat III. El 15 de noviembre autoridades del Ministerio de Vivienda presentarán la nueva agenda urbana con los acuerdos alcanzados y los desafíos planteados.

Desde Montevideo,
Darío R. Techera