Colombia reinicia negociaciones de paz tras la derrota en el referendo

Luego del rechazo al acuerdo, el 5 de octubre se realizaron multitudinarias manifestaciones por la paz en distintas ciudades de Colombia.

Gobierno y guerrilla discuten reformas al acuerdo. Uribe y las sectas evangélicas responsabilizan a las Farc de un fracaso. Fuerte presión internacional y dura disputa por la tenencia de tierras.

Negociadores del gobierno colombiano y de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) regresaron a La Habana a buscar un nuevo acuerdo para el fin de la guerra. En los días que pasaron entre la derrota en el plebiscito del 2 de octubre y el retorno a la capital cubana hubo una ronda de diálogo político, nuevas ofensivas fascistas para de fracaso, fuerte presión internacional y compromiso de las partes de sacar adelante el diálogo. El presidente Juan Manuel Santos confirmó que de las 500 propuestas de modificación presentadas por quienes rechazan el acuerdo original se elaboraron 57 ejes temáticos para discutir en Cuba durante noviembre.
Tras el primer impacto que provocó el triunfo del No al acuerdo de paz por menos de un 1% (51,21% a 49,78%) y con una participación de apenas el 37% del electorado, se produjo un reacomodamiento de las fuerzas políticas y sociales colombianas. Tanto la guerrilla como el Ejecutivo reconocieron la necesidad de hacer ajustes al acuerdo original firmado el 26 de septiembre en Cartagena de Indias. Ambas partes, además, se comprometieron a conseguir ese nuevo acuerdo a la mayor brevedad.
El jefe de la delegación del Gobierno, Humberto De la Calle, pidió “no abandonar el compromiso de recuperar el campo, limpiar la política, contribuir a la superación del problema mundial de la droga, reparar a las víctimas e impartir justicia”. La insurgencia ratificó que “las Farc están comprometidas con sacar este proceso de paz adelante”. El máximo líder de la insurgencia, Rodrigo Londoño Echeverri alias “Timochenko”, admitió que el triunfo electoral del No abre la posibilidad de hacer ajustes al acuerdo original.
Mientras, en varias ciudades de Colombia la consigna “acuerdo ya” se hace oír casi diariamente desde la derrota en el plebiscito. Diferentes organizaciones realizan marchas, asambleas y debates. También se montó un acampe en la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá a la espera de una solución negociada. “No levantamos hasta que no se firme el acuerdo”, dijeron los manifestantes.

Derecha de manos sucias
El ex presidente Álvaro Uribe y su partido Centro Democrático motorizaron primero el No y luego la mayoría de las propuestas que ahora se discuten en La Habana. Pero otros sectores de la derecha también fueron la cara visible del No: el expresidente Andrés Pastrana, el ex procurador Alejandro Ordóñez y de la ex candidata presidencial Martha Lucía Ramírez. También hizo aportes la llamada Fundación Víctimas Visibles, que reúne principalmente a familiares de militares y que se define como defensora de las “víctimas del terrorismo”. Se sumaron representantes de varias iglesias entre ellas los sectores más reaccionarios de la católica y sectas evangélicas como las del millonario Miguel Arrázola, conocido en los medios de prensa como el pastor del No por haber liderado la campaña contra el acuerdo de paz.
Un documento de siete puntos firmado por Uribe, Pastrana, Ramírez, Ordóñez y otros encumbrados reaccionarios, responsabilizó a la guerrilla ante un eventual fracaso de las negociaciones. “El balón está ahora en manos de las Farc. Las Farc deben decir al mundo si están dispuestas a acatar la decisión del pueblo colombiano o si van a perder la oportunidad de la paz”, señala el texto del 3 de noviembre, difundido tras una reunión con delegados del Gobierno.
El jurista español y asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago, admitió que uno de los puntos cuestionados por la derecha es el de la propiedad de la tierra. La guerrilla ratificó que su concepto de “propiedad privada” no sólo incluye a los tenedores legítimos de las tierras sino también a quienes fueron despojados de sus parcelas como consecuencia del conflicto armado. Recordó que Uribe pretende ignorar el contexto en que se generó la “propiedad” de las tierras a manos de los terratenientes.
También aclaró que las Farc no van a renunciar a conformar un partido político desde el cual discutir las mismas ideas que hasta ahora defendieron con las armas. El primer acuerdo establecía que la insurgencia tendrá cinco curules en Cámara de Representantes y cinco en Senado durante dos períodos constitucionales para garantizar una participación legislativa mínima durante la transición. Aclaró que esto no significa que haya un partido único de la ex guerrilla sino que bien podrían sumar a otros referentes políticos colombianos. En cualquier caso –dijo– exigirán al Estado las condiciones de garantía y seguridad necesarias.

Guerrilla en transición
El presidente Santos definió las casi 450 propuestas que han recibido de los opositores como “responsables y constructivas”, si bien agregó que eso no implica necesariamente que el Gobierno esté “de acuerdo con ellas”. Aclaró que hay compromisos adquiridos que no se deben abandonar y otros no se pueden modificar. “Hay otras (iniciativas) que son totalmente inviables porque parten de la base de que no hay conflicto que solucionar y que, por consiguiente, no se pueden aplicar ni el derecho internacional humanitario ni la justicia transicional”. Recordó que ambas figuras cuestionadas por Uribe fueron creadas “precisamente para ayudar a resolver los conflictos armados”.
El ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, confirmó que el alto el fuego regirá cuanto menos hasta el 31 de diciembre y aseguró que desde que se decretó el fin bilateral de los combates el pasado 29 de agosto no se registraron actos violentos. “Tenemos cero homicidios por parte de las Farc, cero masacres, cero secuestros, cero extorsión”, dijo al hacer un balance el 21 de octubre pasado.
Horas antes de comenzar la nueva etapa en La Habana el Gobierno firmó un decreto que definió 26 zonas de “preagrupamiento temporal” a los cuales se movilizarán las Farc mientras se concreta un nuevo acuerdo. El monitoreo y verificación de esta transición estará a cargo de Naciones Unidas.
En los últimos días de octubre sucedió otro hecho trascendente para el impulso del acuerdo de paz. El gobierno colombiano y el Ejército de Liberación Nacional (ELN, la segunda guerrilla del país) iniciaron en Quito, Ecuador, su propio proceso público de diálogo por la paz. Los primeros contactos se habían dado el año pasado con la garantía del presidente Rafael Correa. El ELN pidió participación activa de la sociedad mientras que el Ejecutivo había exigido el fin de los secuestros, algo que fue cumplido por el grupo insurgente.

Paramilitares intactos
Colombia vive, en el día a día, una dinámica paramilitar que no cede sus negocios ni sus tierras mal habidas ni su persecución sobre militantes sociales regionales. A comienzos de noviembre fue asesinado John Jairo Rodríguez Torres, de la Asociación Nacional de Zonas de Reservas Campesinas y del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica en el Cauca. Dos semanas antes resultó gravemente herido en un atentado con armas Esneider González, también líder de una asociación campesina e integrante de Marcha Patriótica Cauca. Sólo en este departamento (uno de los más peligrosos) se produjeron siete homicidios y dos atentados contra líderes comunitarios entre el 26 de agosto al 13 de septiembre pasados.
En todo el país, en lo que va del año se registraron 54 homicidios de líderes sociales, principalmente en los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Nariño y Antioquia. La mayoría de estos homicidios fueron protagonizados por grupos armados ilegales en momentos en que, como confirmó el Ejecutivo colombiano, las guerrillas no cometieron ningún tipo de delito violento.
La organización Somos Defensores, que impulsa el Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de Derechos Humanos, señaló en su reciente informe semestral que “a las puertas de firmar un acuerdo de paz en Colombia, los índices de asesinatos y agresiones contra defensores de derechos humanos siguen subiendo en contraste con el descenso acelerado de las acciones violentas derivadas del conflicto”. Y alertó que en un escenario de postconflicto entre el Gobierno y las Farc las acciones violentas contra los activistas podían aumentar tal como lo muestra “proliferación de mensajes de odio y rechazo a los acuerdos de paz”.
El plebiscito hizo tambalear mucho más que el complejo proceso de paz iniciado en 2011. Fueron 48 horas de inmensa tensión con guerrilleros a la deriva y en repliegue, fuerzas militares envalentonadas y poblaciones desprotegidas. Santos y las Farc no mostraron fisuras en sus compromisos públicos con un proceso cuya principal cualidad fue su inercia propia. Este es, hasta hoy, el gran freno al fascismo uribista que disfraza de diálogo democrático la defensa de sus propios intereses: la distribución de la tierra, terratenientes versus campesinos, como hace más de 50 años.

Adrián Fernández

Espurio triunfo del No

Rápido derrumbe de las mentiras de la extrema derecha. Uribe defiende intereses propios y a sus socios históricos. Muchos empresarios del Sí financiaron el No. Oligarquía paramilitar al acecho.

Casi todos los colombianos y sobre todo la dirigencia del No saben que el Acuerdo de Paz es el mejor de cuantos se han firmado en Colombia. Entre otras cosas porque se acoge a los estándares internacionales de una justicia que no garantiza impunidad. Su redacción contó con la asesoría de expertos internacionales que compartieron sus experiencias, aciertos y desaciertos, obtenidos en procesos como Suráfrica, Irlanda, Angola, Sudán, Guatemala o El Salvador.
Pero el senador Álvaro Uribe sabe que un pueblo asustado e ignorante, sometido mediante la religión y la violencia, deformado en sus juicios políticos y en sus valores humanos, es terreno fértil para que prosperen la infamia, la manipulación y el oportunismo político. Su triunfo político no fue realmente un éxito electoral y menos aún democrático si se considera que el 62,59% de los colombianos habilitados para votar, poco más de 21 millones, no lo hizo. Sólo así pudo imponerse el mensaje de terror propagado por el uribismo con el apoyo de sectas cristianas y evangélicas.
La campaña del No sustentó su discurso en premisas falaces: el acuerdo conllevaría la implementación del socialismo en Colombia; habría impunidad para los desmovilizados responsables de graves crímenes; permitiría la indebida participación política para los guerrilleros; las pensiones de los trabajadores pasarían a la guerrilla y los campesinos y tenedores de tierra serían expropiados.

Compañías
El ex presidente Uribe no está sólo en esta cruzada. A su lado permanecen la extrema derecha, políticos investigados por sus prácticas corruptas y alianzas criminales y buena parte de las empresas nacionales que en mayor o menor medida también sostuvieron en el pasado alianzas con el paramilitarismo. Varios empresarios que habían declarado tímidamente su apoyo a los acuerdos, ofreciendo bajos empleos para los desmovilizados a cambio de beneficios tributarios, en realidad estaban con el No.
El gerente de la Campaña por el No, también senador por el uribismo Juan Carlos Vélez, admitió en una entrevista que su estrategia de campaña estuvo basada en alimentar la indignación del electorado para lograr que la gente acudiera furiosa a las urnas. También confirmó que “la campaña del No logró recaudar 1.300 millones de pesos (unos 430 mil dólares) de 30 personas naturales y 30 empresas”. Explicó que “los miembros de la junta de la Andi (Asociación Nacional de Industriales, el sector empresario más representativo) decían que iban a votar por el Sí pero realmente muchos iban por el No”. Otro dato: la campaña por el No sólo había registrado el ingreso de 250 millones de pesos, muy por debajo de los 1.300 que luego declaró Vélez.
“¿Por qué tergiversaron mensajes para hacer campaña?”, le preguntó a Vélez el diario La República. El uribista respondió: “unos estrategas de Panamá y Brasil nos dijeron que la estrategia era dejar de explicar los acuerdos para centrar el mensaje en la indignación. En emisoras de estratos medios y altos nos basamos en la no impunidad, la elegibilidad y la reforma tributaria, mientras en las emisoras de estratos bajos nos enfocamos en subsidios (que recibirían los ex guerrilleros). En la Costa individualizamos el mensaje de que nos íbamos a convertir en Venezuela”. Reafirmó que “estábamos buscando que la gente saliera a votar verraca (disgustada, de mal humor)”.

Mentiras
Sobran pruebas para sostener que la campaña del No engañó e intimidó al país. Nada de lo acordado en la Mesa compromete al Estado capitalista ni implica la entrega del país a las Farc. Uno de los argumentos del uribismo, que habría impunidad para desmovilizados responsables de graves crímenes, choca con el texto del Acuerdo. El punto 5 aclara que “no serán objeto de amnistía ni indulto ni de beneficios equivalentes los delitos de lesa humanidad, el genocidio, los graves crímenes de guerra, la toma de rehenes u otra privación grave de la libertad, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, la desaparición forzada, el acceso carnal violento y otras formas de violencia sexual, la sustracción de menores, el desplazamiento forzado, además del reclutamiento de menores conforme a lo establecido en el Estatuto de Roma”. La Corte Penal Internacional de La Haya se mostró satisfecha con este texto.
Para que no haya impunidad el Acuerdo propone la creación de una Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que se encargará de juzgar a los combatientes y decidir el tipo de pena que deben pagar por sus delitos. Aquí reside la real causa para la oposición de Uribe a la creación del Tribunal: él podría ser llamado a declarar y podría terminar en prisión. El ex presidente tiene más de 186 procesos en su contra en la Comisión de Acusaciones, en la Corte Suprema y en la Fiscalía, por corrupción, escuchas ilegales, favorecimiento del paramilitarismo, indebida celebración de contratos, cohecho, violaciones al derecho internacional humanitario y crímenes de lesa humanidad.
Sobre participación política para los ex combatientes, el punto 2 del Acuerdo de Paz establece para los guerrilleros desmovilizados la posibilidad de crear nuevos partidos, circunscripciones especiales de paz en las regiones más duramente golpeadas por el conflicto, participación incidente de las comunidades en los procesos de planeación territorial y regional, veeduría ciudadana para asegurar el buen uso de los recursos, garantías para el ejercicio de la oposición política, fortalecimiento de los medios de comunicación comunitarios y regionales, etc.
Sólo en esta etapa de transición las Farc gozarán del derecho a tres voceros en Senado y Cámara de Representantes, con voz pero sin voto, para diseñar las leyes y reformas necesarias tendientes a aterrizar lo acordado en La Habana. Propone también que en caso de no lograr resultados electorales en los próximos comicios se les asignaran de modo directo 10 curules durante las legislaturas de 2018 y 2022 (cinco en Senado y cinco en Cámara de Representantes). Son concesiones de participación ínfimas si se comparan con otros procesos de paz en el mundo como Sudán, Sierra Leona, Nepal o Angola.
Respecto al pago que recibirán los desmovilizados de las Farc por dejar las armas no es cierto que se les entregaría unos 600 dólares a cada uno. El Acuerdo establece que recibirán el equivalente al 90% de un salario mínimo vigente, es decir 620 mil pesos (186 dólares), siempre y cuando no tengan un vínculo contractual que les genere ingresos. Ningún colombiano podría vivir decorosamente con ese dinero.

Razones ocultas
Los intereses de Uribe y los de sus viejos amigos están en juego. Los principales objetivos ocultos tras su campaña por el No, son: 1) ofrecer y asegurar beneficios a sus presentes y futuros financiadores para la campaña del Centro Democrático en 2018 y asegurar el recorte de impuestos para el sector empresarial del país (según manifestó en su primera alocución tras la derrota de la paz); 2) incluir lo que él llama “alivio judicial” para garantizar impunidad a empresarios, terratenientes y ganaderos que patrocinaron el paramilitarismo y a los agentes del Estado que cometieron crímenes de lesa humanidad en el marco del conflicto armado; 3) evitar que las tierras en proceso de restitución, muchas de las cuales fueron objeto de violento despojo, pasen al fondo agrario para los campesinos sin tierra sean formalizadas; 4) impedir que el Tribunal para la paz lo cite a declarar y le exija verdad y reparación para sus víctimas. Teme ser judicializado por sus múltiples crímenes.
Los uribistas saben que el Fondo de Tierras planteado en el Acuerdo de Paz no menciona entrega de tierras a las Farc, como aseguraron en su campaña. Se habla de formalización, reintegro y restitución de tierras para las familias campesinas desplazadas y despojadas a la fuerza, la mayoría por acciones criminales perpetradas por grandes terratenientes, como el primo del ex presidente, Mario Uribe, además de multinacionales, empresarios y grupos paramilitares.
El uribismo no busca la paz sino su muerte aunque intenta ser cauto y mostrarse conciliador ante la comunidad internacional que lo observa con desconfianza. Sólo el pueblo fundamentalmente el que no participó del plebiscito o que votó equivocadamente azuzado por el miedo y la manipulación puede lograr que se imponga la paz. Así lo indican las numerosas manifestaciones que se celebran en las principales ciudades del país desde el 2 de octubre.

Desde Bogotá, Maureén Maya