Ignacio Díaz – América XXI

La Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, encabezada por Michelle Bachelet, presentó este jueves el informe solicitado por el Consejo de Derechos Humanos sobre la situación de Venezuela.

Para la elaboración, la propia Bachelet y técnicos del organismo visitaron el país en junio y continúan realizando tareas de investigación. La expresidenta chilena lo hizo del 19 al 21 de junio.

El texto está basado en entrevistas a 558 personas consideradas “víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica en Venezuela y otros ocho países” (muchos de ellos dirigentes políticos opositores), además de otras fuentes variadas. El período estudiado es de enero a mayo de este año.

La labor del organismo en el país continúa, ya que se da en el marco de un acuerdo entre el Gobierno y la ONU para prestar asesoramiento y asistencia técnica en materia de derechos humanos, mientras monitorean la situación.

Ejes principales

Según el documento oficial de la ONU, particularmente desde 2016 el gobierno venezolano y las instituciones estatales habrían puesto en marcha una estrategia para “neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”.

Esta política de persecución estaría amparada en un conjunto de leyes y prácticas políticas que reducen el ámbito democrático, según la Oficina que dirige Bachelet.

Una de las principales denuncias del informe es que el sistema institucional que debería funcionar para controlar la labor del poder ejecutivo y proteger los derechos humanos habría sido desmontado.

En el plano económico, el documento aborda la profunda crisis que atraviesa el país y advierte de los problemas de alimentación y cuidados médicos que padece la población. A su vez, resalta que las últimas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos contra la exportación de petróleo venezolano agravan todavía más los efectos de la crisis preexistente.

Pese a reconocer que el bloqueo provoca la agudización de los problemas económicos y que el Gobierno se esfuerza por afrontar la situación, el organismo responsabiliza al Estado venezolano por los problemas de alimentación y atención sanitaria existentes. “La escasez creciente de alimentos y su precio cada vez más alto se han traducido en un número menor de comidas con menos valor nutricional, elevados índices de desnutrición y una repercusión especialmente adversa sobre las mujeres”, se lee en la nota oficial publicada por la ONU.

Según el grupo de trabajo de la expresidenta chilena, “amplios sectores de la población carecen de acceso a la distribución de comida y las personas entrevistadas acusaron a las autoridades de excluirles porque no eran partidarias del Gobierno”.

En el plano de la salud, el informe denuncia que falta personal en los hospitales, así como también medicamentos y otros suministros, además de las afectaciones causadas por los problemas eléctricos.

Según los datos del informe, en los cuatro meses que van de noviembre de 2018 a febrero de 2019 hubo en los hospitales 1.557 fallecimientos por falta de suministros, aunque no se menciona la fuente de estos datos.

Otra alerta que lanza el documento es respecto a territorios poblados por comunidades indígenas, donde se han asentado algunas bandas delincuenciales y grupos paramilitares.

Cuadro y números

En definitiva, el organismo consideró que hay “transgresiones graves de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales que se han documentado en el país”, por lo que el Gobierno debería actuar “sin dilaciones”.

De continuar esta situación económica y social, la Oficina de la ONU considera que continuará la emigración y el empeoramiento de la calidad de vida dentro de Venezuela.

Otro dato importante es que el informe denuncia la presencia de 793 personas “privadas arbitrariamente de la libertad” y afirma que hay grupos armados progubernamentales que “ayudan a reprimir las manifestaciones”.

De las 66 muertes registradas en los primeros cinco meses del año, según el informe 52 “son atribuibles a las fuerzas de seguridad del gobierno o a los colectivos”.

También la Oficina de Bachelet señaló con preocupación un dato oficial del propio Gobierno: hubo 5.287 muertos por “resistencia a la autoridad” en 2018, en el marco de operaciones policiales.

Recomendaciones

“Espero sinceramente que las autoridades examinen con detenimiento toda la información contenida en este documento y apliquen sus recomendaciones. Todos deberíamos estar de acuerdo en que todos los venezolanos merecen una vida mejor, sin miedo y con acceso a los alimentos, el agua, la atención médica y la vivienda adecuados, así como a otras necesidades básicas”, declaró Bachelet durante la presentación del informe.

Según sus palabras, el documento solo aborda cuestiones de derechos humanos y no de “política, geopolítica o relaciones internacionales”. El problema es que Venezuela sufre un gravísimo bloqueo financiero y económica que agrava enormemente la situación social interna, por lo que todas estas áreas están íntimamente relacionadas.

“Exhorto a todas las personas con poder e influencia –tanto en Venezuela como en el resto del mundo—a que colaboren y contraigan los compromisos necesarios para solucionar esta crisis que está arrasándolo todo. Mi Oficina está lista para seguir apoyando”, concluyó Bachelet.

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