Detienen en Guatemala a la ex candidata Sandra Torres
Pesaba una orden de captura por los delitos de "financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita".
La hasta hace tres semanas candidata a la Presidencia de Guatemala y ex primera dama Sandra Torres fue detenida acusada de financiación electoral ilícita y asociación ilícita. La dirigente de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) perdió recientemente la segunda vuelta electoral a manos de Alejandro Giammattei.
La ex primera dama (cuando era esposa del entonces presidente Álvaro Colom, entre 2008 y 2012) fue detenida en su residencia, ubicada en una colonia de la ruta hacia El Salvador, y luego trasladada hacia Tribunales, en el centro cívico de la capital del país.
Sobre Torres pesaba una orden de captura del Juzgado de Mayor Riesgo A desde el pasado viernes por los delitos de «financiamiento electoral no registrado y asociación ilícita».
El 16 de agosto último, poco después de perder el balotaje, Torres se puso a disposición del Juzgado y entregó su pasaporte, mientras denunciaba que las acusaciones en su contra eran una persecución política.
En febrero, la Corte Suprema de Justicia rechazó el proceso de desafuero solicitado por el Ministerio Público contra Torres, pero en mayo la Corte de Constitucionalidad allanó el camino para su detención.
Las instituciones que motorizaron la causa contra la ex candidata son la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), organismo creado en 2007 a instancias de la ONU y disuelto por el saliente Jimmy Morales en 2018.
La financiación electoral por la que se investiga a Torres corresponde a la campaña presidencial de 2015, cuando Torres perdió la presidencia frente a Jimmy Morales.
La captura de Torres coincidió con la salida del país de la Cicig, a la que el presidente Morales acusó de «retorcer» las leyes guatemaltecas y de «violar la soberanía de Guatemala».
La Cicig fue instalada en 2007 para investigar casos de terrorismo de Estado y crímenes de lesa humanidad, con acuerdo de todos los poderes del Estado en ese momento.
Luego se dedicó a indagar casos de corrupción con el aval de todos los poderes del Estado guatemalteco y fue un instrumento de ayuda para la Fiscalía General del país.
Según el último informe de la Cicig, Guatemala es un «Estado capturado» en el que la corrupción se encuentra enquistada y el poder en manos de un grupo que trata de perpetuar su «statu quo» de forma impune.
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