Colombia inicia el largo proceso de pacificación con la guerrilla

El 24 de noviembre Juan Manuel Santos y el representante de las Farc, Timochenko, firmaron el acuerdo definitivo de paz.

Santos cedió sólo en parte ante la derecha paramilitar. Acordó con las Farc algunas reformas al acuerdo original y envió el texto al Congreso para su aprobación y evitar un nuevo plebiscito. 

Cincuenta y tres días después de la conmoción mundial por el rechazo de los colombianos al acuerdo de paz, las Farc y el gobierno de Juan Manuel Santos firmaron el nuevo compromiso. “Este es definitivo, no hay marcha atrás”, aclararon los delegados de ambas partes.
El nuevo acuerdo, firmado en Bogotá el 24 de noviembre, sufrió algo menos de 200 modificaciones pero ninguna de ellas de fondo como para cambiar su alcance. La mayoría de los cambios fueron sugeridos por los sectores que impulsaron el No en el plebiscito del 2 de octubre aunque al final del proceso se mostraron igual de disconformes y acusaron a Santos de “engañar al pueblo”.
El jefe máximo de las Farc, Rodrigo Londoño, alias “Timochenko”, sugirió la conformación de un “gobierno de transición” para “el cumplimiento cabal de los acuerdos”. El presidente Santos no habló en esos términos pero adelantó que convocará a todos los partidos y a todos los sectores de la sociedad.
No habrá nuevo plebiscito. El texto del acuerdo fue entregado al Congreso Nacional para que inicie el trámite de refrendación e implementación que, una vez votado por los legisladores, daría paso al proceso de desmovilización de la guerrilla. Las milicias insurgentes se desplazarán hacia las zonas transitorias y luego dejarán las armas. “En tan sólo 150 días todas las armas de las Farc estarán en manos de las Naciones Unidas”, dijo el presidente Santos.
Lamentó que “algunos de los sectores más radicales del No se siguen oponiendo al nuevo acuerdo, a pesar de sus claros e importantes cambios y ajustes”. Se refería a los ex presidentes Andrés Pastrana y Álvaro Uribe quienes junto a representantes de sectas religiosas y a los sectores más conservadores de la iglesia católica volvieron a rechazar este segundo acuerdo. “Hubo temas graves que no se modificaron”, dijo Uribe y cuestionó además que sea el Congreso el que revalide el acuerdo. Denunció la decisión de elevar los acuerdos al nivel constitucional, generar “total impunidad” o “penas simbólicas” a los guerrilleros y “crear una justicia paralela a la medida de los intereses de la Farc”.

Ajustes

Pero los delegados de ambas partes remarcaron que este acuerdo con respecto al anterior tiene “cambios sustanciales”: fija espacios territoriales específicos para el cumplimiento de las sanciones y también especifica los tiempos que durarán las “las acciones reparadoras”, en referencia a las eventuales condenas que un tribunal especial determinará para delitos graves.
También se establecieron precisiones sobre la tenencia de la tierra ya que una comisión de expertos revisará el estado y la pertenencia agraria; se reafirmó el respeto a la propiedad privada y el derecho a la propiedad y se especificó el destino del dinero que pueda tener la guerrilla. Sobre este último punto, las Farc tendrán que declarar todos sus bienes, que se usarán para la reparación económica de las víctimas.
Otra especificación es que las organizaciones civiles (ONG) que desde hace años trabajan por la paz en Colombia podrán presentar información sobre actividades de grupos armados legales o ilegales pero no tendrán poder de fiscales. Otro de los pedidos del uribismo fue impedir que el tribunal de la llamada Jurisdicción Especial de Paz que juzgará eventuales delitos cometidos por los grupos armados esté compuesto por jueces internacionales: ahora se estableció que todos los jueces serán colombianos.
Santos tranquilizó al poder económico de Colombia (del cual él es parte) sobre los temores a que la aplicación del acuerdo de paz, el llamado pos conflicto, genere costos que impacten en la macroeconomía. “La implementación se hará en 10 años respetando la sostenibilidad fiscal”, dijo.
También fue revisada la participación de las Farc como partido político: tendrá la misma financiación que el resto de las agrupaciones partidarias y no habrá fondos adicionales. En este rubro lo más destacado es que no tendrán 16 bancas transitorias en el Congreso más allá del porcentaje de votos que logren. Se estableció que el partido político que surja de la guerrilla tendrá tantas bancas como votos obtenga. Los colombianos, esta vez sí, pueden mostrar al mundo el producto de cinco años de negociaciones.