El presidente de Colombia, Iván Duque, intenta sortear su enésimo escándalo en poco más de un año de Gobierno. Mucho se parecen a los denunciados en su momento contra el ultraderechista Álvaro Uribe: asesinatos de líderes sociales, impunidad, corrupción, apoyo implícito (y a veces explícito) a los paramilitares, violaciones a los derechos humanos por parte de fuerzas militares y policiales y, ahora, escuchas ilegales (conocidas en Colombia como chuzadas).

Ninguna denuncia es más grave que la otra; todas lo son. La renuncia, hace un par de semanas, del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, («mi general Nicacio», como lo llamó Duque) muestra la magnitud de las denuncias por las chuzadas.

Duque mintió cuando dijo que la salida del general Martínez se debía a asuntos familiares. “Mi general Nicacio, de nuevo mi admiración, mi amistad, mi reconocimiento por su labor al servicio de Colombia», dijo al despedirlo con todos los honores.

Pero varios informes periodísticos y denuncias de la oposición aseguran que «mi general Nicacio» se precipitó a tierra en medio del escándalo por las escuchas ilegales que rememoran a Álvaro Uribe, como se sabe, constructor y productor general de su versión más endeble: Duque.

En su edición de este domingo, la revista Semana publicó un informe que sostiene que el relevo de «mi general Nicacio», cuestionado desde siempre por su política de derechos humanos, fue acelerado en diciembre pasado por las chuzadas.

Según el artículo, esas escuchas ilegales fueron realizadas el año pasado y ocurrieron en instalaciones de dos unidades del Ejército “como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”.

La publicación, que suele exhibir buenas fuentes de información, asegura que miembros de inteligencia militar detallaron cómo utilizaron de manera ilegal “sofisticados equipos” donados por organismos de inteligencia de Estados Unidos.

Una fuente militar le aseguró a Semana que le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución y resultó ser Cristina Lombana, jueza de la Corte Suprema de Justicia y hasta hace poco mayor del Ejército.

“Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos. Y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, dijo la fuente.

El Centro Democrático es el partido de Iván Duque; fue fundado por Álvaro Uribe y reune lo más rancio y guerrerista de la derecha colombiana.

Tras la publicación de Semana, el flamante alcalde de Cali, Jorge Ospina, denunció el hallazgo de dos micrófonos ocultos en su despacho. Ospina ya fue alcalde entre 2008 y 2011 y senador entre 2014 y 2018.

El descubridor de los micrófonos pertenece al Partido Alianza Verde, un espacio de centroizquierda en un país donde, como se sabe, todo lo que se mueva a la izquierda de la extrema derecha es pasible de ser tildado de terrorista, subversivo o chavista.

“Revisando nuestra oficina el día de hoy han encontrado instalados micrófonos”, afirmó Ospina y se preguntó: “¿Fueron instalados para chuzar a nuestro gobierno? ¿Espiaban a (su antecesor, Maurice) Armitage?”.

Armitage, alcalde hasta el 31 de diciembre pasado, es un empresario millonario que no pertenece a la élite política gobernante (aunque sí a la oligarquía empresaria), de un movimiento «independiente». Bien podría haber sido chuzado por la extrema derecha, aún sin ser santo de la devoción.

Ospina dijo que informó sobre el caso a la Fiscalía General de la Nación y al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, tan cuestionado como el propio Iván Duque.

La alcaldía de Cali detalló que los micrófonos, con alcance entre cinco y 10 metros, fueron encontrados debajo de una mesa y en un reloj de pared por los miembros de un equipo que estaba decorando la oficina.

En 2009 se develó un caso de escuchas telefónicas y seguimientos ilegales a políticos y periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia) durante el gobierno de Uribe (2002-2010).

Ese escándalo derivó algún tiempo después en la detención de varios altos funcionarios, entre ellos la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, y la disolución en 2011 de ese organismo por parte del sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos.

Pese a que el DAS dependía directamente de Presidencia, de aquel escándalo el entonces Presidente salió bien parado. Nadie aventura que la versión más torpe de Uribe, Iván Duque, tenga la suerte de su padrino político.

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