El Salvador: Bukele ante su primer escándalo institucional
La Asamblea Legislativa condenó la militarización del Parlamento y pidió al presidente "desistir de sus amenazas".
La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó al presidente Nayib Bukele por haber ingresado al Parlamento con elementos de las Fuerzas Armadas para presionar a los diputados a discutir y aprobar su plan de seguridad.
En una sesión extraordinaria, el Parlamento exigió al mandatario salvadoreño que desista de sus amenazas, ultimátum y uso de las Fuerzas Armadas para disolver el órgano legislativo.
Además, el Poder Legislativo condenó «enérgicamente» la irrupción de las instalaciones y repudió «el constante insulto y amenazas» a las diputadas y diputados, así como su persecución.
Además, el Grupo Parlamentario de Mujeres —integrado por diputadas de todas las fuerzas políticas— denunció hechos de violencia y acoso.
Las denuncias incluyeron acciones de vigilancia afuera de sus viviendas con la finalidad de intimidarlas a ellas y sus familias para que sesionaran el domingo.
Bukele, que asumió en junio pasado, fue cuestionado este lunes por legisladores de izquierda, del Frente Martí de Liberación Nacional; de derecha, de la Alianza Republicana Nacionalista (Arena); y hasta por el Partido Demócrata Cristiano.
En contexto
El viernes pasado, Bukele y el Consejo de Ministros se ampararon en el artículo 167 de la Constitución para convocar de forma extraordinaria a los diputados y obligarlos a sesionar el domingo para aprobar su plan de seguridad.
Esta iniciativa del Ejecutivo, llamada ‘Control Territorial’, implica un crédito de 109 millones de dólares para fortalecer la seguridad del país y luchar contra las pandillas.
Bukele asistió acompañado por oficiales de Policía y militares armados y, tras una oración en el lugar reservado para el presidente de la Asamblea, ordenó el inicio de la sesión aunque no se pudo celebrar por no haber quórum.
Rechazos contundentes
Hasta la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ordenó a Bukele abstenerse de usar a las Fuerzas Armadas para fines que no son los establecidos en la Constitución.
La Sala de lo Constitucional admitió una demanda de inconstitucionalidad presentada por dos ciudadanos ante la irrupción de Bukele en la Asamblea Legislativa.
El órgano judicial ordenó al Ejecutivo a que «se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos».
La Corte también ordenó al ministro de Defensa Nacional, René Merino, y al director de la Policía Nacional Civil, Mauricio Arriaza, a no ejercer «funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados».
El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, afirmó que investigará «si hay delito» en la militarización del parlamento ordenada por el presidente Nayib Bukele, en el contexto de un conflicto de poderes que mereció renovadas críticas de gobiernos y organismos internacionales.
«Si hay delito, eso es algo que se deberá analizar; un equipo de fiscales estuvo siguiendo con detenimiento todo lo que estaba sucediendo; hay denuncias que ya han sido interpuestas el día de ayer ante la Fiscalía General y se van a analizar», afirmó.
«Lamento el uso excesivo que se dio de la Fuerza Armada; hubo un exceso del director de la Policía Nacional Civil (PNC, Mauricio Arriaza), hubo un exceso del ministro de Defensa (almirante René Merino)», agregó.
Melara subrayó que la visita que Bukele hizo ayer a la sede de la Asamblea Legislativa (AL, parlamento unicameral) rozó una «línea muy delgada» y sostuvo que la presencia de militares y policías armados allí fue «algo que no se debe repetir».
Bukele minimizó su decisión y acusó a algunos legisladores de “negociar” con las pandillas de violencia urbana. «Si fuera un dictador habría tomado el control de todo el gobierno anoche», dijo.
