Colombia: otra grave denuncia contra Duque y su Ejército
Un listado con nombres de opositores, elaborado por militares, desató un nuevo escándalo en el país. ¿Más chuzadas?
El Ejército de Colombia publicó a través de su cuenta oficial de Twitter, y luego borró tras el escándalo, un listado de periodistas, partidos, políticos de izquierda y agrupaciones de campesinos.
Esa lista, en la que varias personas son consideradas como elementos de «oposición», provocó un fuerte rechazo entre políticos, campesinos y líderes sociales y sindicales.
Esto ocurrió, además, en medio de investigaciones y nuevas revelaciones que sostienen que el presidente Iván Duque recibió dinero del narcotráfico para su campaña y que accedió a la Presidencia mediante fraude.
El portal de noticias Cuestión Pública denunció la publicación de la lista, de la que esta web formaba parte después de haber denunciado un supuesto fraude electoral en las elecciones de 2018 a favor del actual presidente derechista Iván Duque.
Si bien el Ejército eliminó la publicación tan pronto como ese medio se hizo eco de la misma, el portal tuvo tiempo de recopilar una serie de nombres que son mencionados en esa lista.
Allí aparecen periodistas, partidos políticos, dirigentes partidarios y asociaciones campesinas que habían sido también señalados por los militares como «oposición».
Entre ellos, figuraban senadores de izquierdas o progresistas (que para la derecha más recalcitrante también son parte de la izquierda) como Aída Avella, de Unión Patriótica; el excandidato presidencial en 2018 Gustavo Petro; Gustavo Bolívar, de la coalición Decentes; e Iván Cepeda, del Polo Democrático.
También integra la lista el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), la formación política emergente de la ex guerrilla, varios de cuyos miembros ya desmovilizados fueron asesinados a manos de militares o de grupos de extrema derecha.
Allí figuran, entre otros, Jorge Torres Victoria, alias Pablo Catatumbo; Rodrigo Londoño, alias Timochenko; o Pastor Alape.
Según Cuestión Pública, ese registro estaba formado por una treintena de cuentas, entre las cuales también estaba la de Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el organismo nacido de los acuerdos de paz en La Habana que la extrema derecha siempre repudió.
También aparecen en la lista varias organizaciones campesinas, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, y la de periodistas de medios de comunicación como la revista Semana o la emisora Caracol Radio, entre otros.
El escándalo se generó, entre otras cosas, porque la Constitución de Colombia refleja en su artículo 219 límites a la intervención de los militares en asuntos políticos.
Tras la difusión de este miércoles, el Ejército emitió un inconsistente comunicado en el que apenas reconoce que «se erró en la utilización del término (oposición)» y que desde la institución ya se ordenó «iniciar la indagación disciplinaria correspondiente».
El Ejército colombiano admitió que «la denominación que se destinó fue un desacierto y una falta de criterio absoluto» del administrador de su cuenta de Twitter y añadió que el único objetivo era «informarse acerca de contenidos ya públicos, sin ningún otro fin».
“Chuzadas” e “inteligencia”, de Uribe a Duque
En tiempos de Álvaro Uribe el seguimiento de opositores se hacía a través del personal civil de inteligencia y de oficinas vinculadas directamente por el entonces presidente, en lo que se conoció como “chuzadas”.
En 2009 se develó un caso de escuchas telefónicas y seguimientos ilegales a políticos y periodistas por parte del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS, central de inteligencia) durante el gobierno de Uribe (2002-2010).
Ese escándalo derivó algún tiempo después en la detención de varios altos funcionarios, entre ellos la ex directora del DAS María del Pilar Hurtado, y la disolución en 2011 de ese organismo por parte del sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos.
Pese a que el DAS dependía directamente de Presidencia, de aquel escándalo el entonces Presidente salió bien parado. Nadie aventura que la versión más torpe de Uribe, Iván Duque, tenga la suerte de su padrino político.
En los últimos meses se conocieron nuevas denuncias en Colombia que le atribuyen al actual presidente Duque, haber sido responsable político del nuevas chuzadas, esta vez a manos del Ejército (ver más adelante).
A comienzos de este año, varios medios de prensa en Colombia, entre ellos Semana (que integra la lista de “oposición” elaborada por el Ejército), relacionó la renuncia, a fines de 2019, del comandante del Ejército, Nicacio Martínez, con las denuncias de nuevas chuzadas. Duque mintió cuando dijo que la salida del general Martínez se debía a asuntos familiares.
En su edición del domingo 12 de enero, la revista Semana publicó un informe que sostiene que el relevo de Martínez, cuestionado desde siempre por su política de derechos humanos, fue acelerado en diciembre pasado por las chuzadas.
Según el artículo, esas escuchas ilegales fueron realizadas el año pasado y ocurrieron en instalaciones de dos unidades del Ejército “como una manera de blindarlas y evitar un allanamiento sorpresivo de la justicia o el fisgoneo de los medios de comunicación”.
La publicación, que suele exhibir buenas fuentes de información, aseguró que miembros de inteligencia militar detallaron cómo utilizaron de manera ilegal “sofisticados equipos” donados por organismos de inteligencia de Estados Unidos.
Una fuente militar le aseguró a Semana que le asignaron el seguimiento de una oficial que supuestamente estaba afectando los intereses de la institución y resultó ser Cristina Lombana, jueza de la Corte Suprema de Justicia y hasta hace poco mayor del Ejército.
“Nos dieron la orden de continuar el monitoreo, los seguimientos. Y lo más grave de todo es que nos ordenaron entregar esa información directamente a un reconocido político del Centro Democrático”, dijo la fuente.
El Centro Democrático es el partido de Iván Duque; fue fundado por Álvaro Uribe y reúne lo más rancio, extremista y guerrerista de la derecha colombiana.
Tras la publicación de Semana, el entonces flamante alcalde de Cali, Jorge Ospina, denunció el hallazgo de dos micrófonos ocultos en su despacho. Ospina ya fue alcalde entre 2008 y 2011 y senador entre 2014 y 2018.
El descubridor de los micrófonos pertenece al Partido Alianza Verde, un espacio de centroizquierda en un país donde, como se sabe, todo lo que se mueva a la izquierda de la extrema derecha es pasible de ser tildado de terrorista, subversivo o chavista.
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