Las razones para marchar y manifestarse públicamente contra el actual gobierno, son variadas y muchas, y cada una de ellas sería suficiente para que Duque abandonara la silla presidencial, fuese investigado, procesado y sancionado, y el país tuviera que llamar a nuevas elecciones.

El desprecio que ha expresado este gobierno por los principios básicos de una democracia, por la rama de la justicia y las altas cortes, por la diversidad étnica, política y cultural, por la vida de ciudadanos humildes, indígenas, campesinos, trabajadores, estudiantes, líderes sociales, defensores de derechos humanos, ambientalistas, sindicalistas que son asesinados en esa Colombia profunda y rural que no cabe en la agenda del actual gobierno (salvo para la explotación de recursos, la entrega a multinacionales extranjeras y las fumigaciones con glifosato) sumado a su reiterado intento por debilitar el proceso de paz, desconocer los derechos de las víctimas y cerrar la puerta a nuevos intentos de pacificación, más ese cinismo y esa soberbia entre perversa y estúpida -que tan bien ocultó en campaña- pero que hoy exhibe sin rubor cuando debe responder por masacres, ejecuciones, crímenes de lesa humanidad, desprotección social, miseria y desempleo, su turbio manejo de los recursos públicos al destinar gruesas sumas para favorecer sectores aliados de su gobierno y empresas que financiaron su campaña y sus audaces propuestas para eliminar los pocos derechos laborales que existen en el país, siendo ya considerada Colombia por el Índice Global de Derechos, como uno de los países con las peores condiciones para trabajar en el mundo, a la par de algunos de Oriente Medio y de África del Norte, merecería además una movilización rotunda e incidente (con medidas de bioseguridad) iniciar un proceso de revocatoria del mandato.

Duque no entiende ni entenderá ya cual es el rol del jefe de Estado ni la función y la dignidad de gobernar un país, tampoco que el deber con la ciudadanía está por encima de sus compromisos bursátiles con empresarios, banqueros y mafiosos que participaron en su campaña y con los clanes políticos que acicalan su vanidad y negociaron su posición. Duque cree que ser gobierno es gozar de poder para hacer y deshacer, desbaratar, quebrar, humillar, pasar por encima de todo, incluso de la constitución, la democracia y derechos reconocidos histórica e internacionalmente; para convertir el aparato institucional en guardián de sus intereses personales y en garante de impunidad para sí mismo y sus aliados. No quiere entender que el pueblo decide, y si quiere lo puede tumbar.

En un gobierno genuinamente democrático, los organismos de control fiscal, vigilancia administrativo y defensa del pueblo estarían al servicio de la nación, conducidos por funcionarios independientes, con suficiente solvencia moral y comprobada idoneidad intelectual, ética, administrativa y académica; jamás estarían bajo control de partidarios o siervos del jefe de Estado dispuestos a torcer la constitución y la ley para garantizarle impunidad a quien deben su puesto, sofocar denuncias y archivar investigaciones que comprometan al gobierno con diferentes crímenes, desde actos de corrupción, alianzas con actores armados y narcotraficantes, hasta de lesa humanidad.

La experiencia nacional nos indica que la Revocatoria, como otros instrumentos de participación y control ciudadano, está diseñada para no prosperar en la mayoría de los casos, de hecho, cumplir con sus requerimientos es casi que imposible. Lo vivimos cuando se intentó revocar al nefasto Enrique Peñalosa como alcalde mayor de Bogotá (que con un poco más de tiempo nos hubiera entregado una ciudad desértica, sin un sólo árbol y habitada por muertos malvivientes), pero las firmas recolectadas -en número superior al fijado por la ley- fueron manipuladas, se burló el clamor ciudadano y se movieron las oscuras cartas del lobby político bajo la mesa de la democracia para atornillarlo en su puesto hasta el final de su mandato. Pesaron más intereses particulares que la voluntad popular.

Según la Misión de Observación Electoral (MOE) entre 1991 y junio de 2012 se promovieron 132 iniciativas de revocatoria del mandato, ¿cuántas prosperaron? Tal vez ninguna, no tengo el dato. Sin embargo, un ejemplo pequeño que bien podría motivar un poco, fue la revocatoria que se logró en el municipio de Tasco, Boyacá el 29 de julio de 2018. Claro, una cosa es retirar al modesto alcalde de una esquinita municipal con poco más de seis mil habitantes y otra muy distinta es pretender la revocatoria de un presidente de la república, que cuenta con el apoyo de los grandes empresarios, multimillonarios clanes políticos, poderes mafiosos locales, ejércitos paramilitares, Fuerzas Militares, y que además “gobierna” o finge gobernar un país de cincuenta millones de habitantes, en promedio, y cuya mayoría vive en la marginalidad del pensamiento, casi en estado zoológico, y aun no es consciente de la importancia de la acción política concertada para propiciar cambios significativos que mejoren las condiciones y la calidad de vida de la ciudadanía, y permita realizar un verdadero Estado Social de derecho, como el que se afirma en nuestra Constitución.

La ley 1757 del 2015, diseñada para regular los mecanismos de participación ciudadana, modificó algunos de los requisitos existentes para solicitar la revocatoria del mandato, estableciendo su pertinencia cuando haya transcurrido por lo menos un año de mandato del gobernante a revocar.

La Registraduría del Estado Civil indica que el primer paso es inscribir un comité promotor ante la misma registraduría, que deberá recoger un número de firmas que corresponda al 30 por ciento “de los votos obtenidos por el elegido”. Es decir que para revocar a Duque se tendrían que recoger un promedio de 3 millones 500 mil firmas, lo cual si que necesita músculo financiero. Luego, estas planillas son revisadas y verificadas por la registraduría (que si es de bolsillo inventará cualquier cosa para anular un buen porcentaje de las firmas, pero se podría pedir veeduría internacional) y si son aprobadas se procede a votar la revocatoria, la que para triunfar en las urnas debe garantizar la participación del 40 por ciento “de la votación total válida registrada el día en que se eligió al respectivo mandatario”. En un país abstencionista como el nuestro, no es tarea fácil, pero si se lograra, la tendencia que obtenga “la mitad más uno de los votos ciudadanos” tendría el triunfo. Es una opción. Engorrosa, larga, que requiere muchos recursos y compromiso y tesón. No ofrece garantías plenas, pero es un instrumento democrático y el derecho ciudadano o un deber en casos de enorme peligro como el actual.

En Ecuador el pueblo unido derrocó tres mandatarios. No pidió permiso para hacerlo. Sólo lo hizo, y lo hizo en la calle, batallando, luchando y uniendo sectores comprometidos con superar el abuso y la corrupción, la ineficacia y la violencia de Estado, y proteger los derechos humanos y civiles de toda la población.

En Colombia ningún avance, ninguna conquista social en materia de derechos y justicia ha sido concesión de los gobiernos de turno. Todos los derechos de los que gozamos hoy día, (varios de los cuales se encuentran seriamente amenazados), son el resultado de largas y costosas luchas, en las que miles de personas dieron su vida como semilla para que germinara un mejor país para todos y todas.

“Parar para avanzar”, gritamos en el 2019. Hoy con más fuerza y decisión tenemos que hacerlo y tenemos seguir gritándolo hasta que cambie el rumbo de este país.

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