Sucedió en Guernica, una localidad con barrios humildes, casi saliendo del conurbano de la provincia de Buenos Aires, Argentina.  Dentro de unas 100 hectáreas, este 29 de octubre las precarias viviendas amanecieron en llamas, con plásticos humeantes, personas detenidas y caravanas de expulsados que buscan un refugio que nadie les dará. Un fiscal se hace una selfie con los restos de la represión como fondo. Un ministro de Seguridad comanda la acción represiva in situ. Ante sus narices, la misma policía que hace algunas semanas protagonizó una sublevación y un hecho de desestabilización gravísimo, incendia todo a su paso. No importa el contexto, importan la acción y el cómo.

La argumentación de que una “resolución judicial” obliga al Estado a desalojar a personas que quedaron sin nada en plena pandemia es una farsa de la institucionalidad. El pretexto de “la propiedad privada” es más vil aún, argumentación que busca satisfacer la demanda perversa de gran parte de la sociedad explotada pero a su vez carente de conciencia de clase.

Al comienzo de la toma había más de 1200 familias. Cerca de la mitad accedió a ofrecimientos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, tras las negociaciones con el Ministro de Desarrollo de la Comunidad, y así unas 2000 personas abandonaron el predio de manera pacífica. Pero el resto no aceptó o no alcanzó a terminar la negociación. Contra ellas cayó el peso de la “institucionalidad” en nombre de la “propiedad privada”, con 4000 policías y un ministro de Seguridad.

¿Qué significa el desalojo de Guernica? ¿De verdad se puede creer que si no se cumplía la orden judicial, “la política entraba en desacato”? ¿Es tan grave que “la política entre en desacato” en plena pandemia? Si la Justica está corrompida, bien se podría pensar que el desacato es la vía más sensata para seguir avanzando en la solución pacífica. La toma no interrumpía el tránsito ni atentaba contra las libertades ni desestabilizaba a un gobierno ni cercenaba “el derecho a la libre circulación”. Nada de eso sucedía en Guernica.

El informe oficial revela la desproporcionalidad del operativo: de los 37 detenidos, uno de ellos tenía un cuchillo, un morral de tela con bulones y un rebenque (herramienta de cuero que se utiliza en el campo para domar animales). Sería risueño sino fuera por la desazón del momento.

¿A cambio de qué se reprimió en Guernica? ¿En nombre de qué, de quiénes? ¿Para satisfacer a quién, a quiénes? ¿Cómo se debe leer semejante acción? El hecho está consumado y es grave.

En Argentina, la propiedad privada se respeta cueste lo que cueste, es el mensaje. Como si este fuese el único derecho consagrado en la Constitución. “La propiedad privada” es el sitio más cómodo en el cual agachan la cabeza quienes no asumen que hay otros derechos como la vivienda digna, la tierra, el trabajo, los servicios básicos, la educación, la salud y todo aquello que, además, una toma de tierras no ofrece.

Cuando la imagen nos devuelve niños que comen, juegan y deambulan a la intemperie (en tiempos de pandemia), viviendas hechas con bolsas de residuos y cartones y una caravana de personas cargando colchones para dormir sin saber dónde, las palabras se vacían. No parece enriquecer el debate la mirada sesgada de cierta izquierda infantil y mucho menos acostumbrarse a ver imágenes como las de este jueves. Tampoco suma en este momento de dolor poner a prueba la coherencia entre ideología y praxis. Es hora de ejercer empatía, solidaridad y sensibilidad, sin que ello signifique abandonar los análisis de las cosas que nos trajeron hasta aquí.

Se trata, finalmente, de repudiar sin matices; alertar sobre las consecuencias de estos hechos; profundizar el debate sobre «la institucionalidad» como sitio de comodidad burguesa y no de reivindicación de derechos; (re)generar conciencia para identificar a los enemigos históricos de las causas populares y obligar a hacer públicas posiciones oficiales más claras que las que se escuchan por estas horas.

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