Por primera vez Latinoamérica cuenta con una plataforma regional que sistematiza el impacto multidimensional de proyectos extractivos y de infraestructura en los derechos colectivos de pueblos indígenas, pueblos afrodescendientes y comunidades locales.

Se trata de la plataforma Derechos Colectivos Vulnerados que recopila y analiza información de 102 proyectos vinculados a conflictos con comunidades de Brasil, Colombia, Perú, Honduras, México y Guatemala, que condujeron a la violación de varios de sus derechos colectivos en simultáneo.

A través de gráficos y mapas interactivos, la plataforma da a conocer cuáles son las industrias que afectan a estas comunidades y los derechos que se violan comúnmente.

También exhibe los ataques que reciben los defensores así como los impactos sociales y ambientales que sufren las comunidades afectadas por cada proyecto.

Derechos Colectivos Vulnerados es una herramienta de libre acceso impulsada por Rights and Resources Initiative (RRI) con el apoyo de Amazon Conservation Team.

Permite visibilizar los conflictos socioambientales que afectan a los pueblos indígenas y se mantiene abierta para seguir incorporando nuevos casos. Para acceder a ella solo debe hacer clic en el siguiente enlace: https://bit.ly/3oEYKSY.

1. Plataforma de derechos vulnerados

La plataforma Derechos Colectivos Vulnerados revela que, desde enero del 2017 a noviembre de 2019, por lo menos 1164 comunidades se han visto afectadas por proyectos del sector minería, hidrocarburos, madera, agroindustria e infraestructura (transporte, construcción y energía).

Los proyectos de infraestructura (34.3% del total) y minería (34.3%) suman la mayor cantidad de conflictos, afectando respectivamente a 876 y 176 comunidades. Mientras que los primeros tuvieron un impacto inmediato y descomunal (afectación masiva); hallan que los segundos, por lo general, tuvieron un impacto a mediano y largo plazo.

La plataforma también identifica la participación de inversiones extranjeras que impulsan industrias en Latinoamérica, siendo, principalmente, empresas extranjeras de Estados Unidos (7 proyectos), Canadá (4 proyectos), China (3 proyectos), Noruega (2 proyectos), España y Suiza (3 proyectos), las que sostienen conflictos con al menos 674 comunidades.

2. Impacto multidimensional

Una de las características más notables del estudio es que analiza, por primera vez, el impacto de los proyectos extractivos y de infraestructura en las comunidades de forma multidimensional, es decir, considerando la violación simultánea que se realiza a varios derechos a raíz de un solo proyecto.

En ese sentido, la plataforma no solo identifica los derechos que se violan al atacar a un solo individuo o defensor de la comunidad donde se ubica el proyecto, sino también recoge la afectación que se genera de forma colectiva en la comunidad analizada, dando pie a otros derechos colectivos vulnerados.

Así, por un lado, revela que 295 personas miembros de alguna comunidad fueron atacadas como consecuencia de estos conflictos, siendo la violación del derecho a la integridad física y moral, y el derecho a la vida, los que más se vulneraron, al estar presentes en 41% y 38.2% de los casos, respectivamente.

Y, por otro lado, identifica que los derechos a un medio ambiente saludable, al consentimiento libre, previo e informado, y al dominio colectivo sobre el territorio, fueron violados en todos los países incluidos en el informe y son también los tres que encabezan la lista de los derechos que más se vulneran en las comunidades.

En cuanto a impactos ambientales, sostienen que hay una predominancia de la contaminación de agua y deforestación, las cuales presente en el 67.6% y 59.8% de los casos, respectivamente.

Mientras que, en el caso de impactos sociales, destacan la alteración de los medios de vida tradicionales (47.1%), la alteración de la disponibilidad de agua (41.2%), los problemas de salud (38.2%)y el desplazamiento de viviendas (36.3%).

3. Situación regional: América del Sur y Mesoamérica

Otra particularidad destacable del informe es su amplio nivel de estudio, puesto que el análisis de casos comprende a comunidades de seis países de Latinoamérica: Brasil, Colombia, Perú, Honduras, México y Guatemala.

Los tres primeros (Brasil, Colombia y Perú) conforman el bloque de América del Sur, la región que presenta industrias más variadas en el informe (minería, agroindustria, madera, hidrocarburo e infraestructura) y que concentra el 69% de comunidades vulneradas por los proyectos mapeados.

En esta región, que reúne 59 proyectos mapeados y 807 comunidades afectadas, la minería es considerada como una de las principales impulsoras de la economía.

La industria minera representa el 35.6% de los casos de la región y el 21% de las comunidades afectadas; mientras que los proyectos de infraestructura, representan solo el 15.2% de los casos, pero impactan al 71.9% de las comunidades registradas.

Además, registra como principales impactos sociales la alteración de los medios de vida tradicionales, y el desplazamiento de viviendas y tierras, presentes en el 54% y 45% de los casos; mientras que los impactos ambientales más frecuentes son la contaminación de agua (69.5%) y la deforestación (55.9%).

Estos impactos ambientales (contaminación de agua y deforestación) son también los que más afectan a las comunidades de los países comprendidos en el bloque de Mesoamérica: Honduras, México y Guatemala. En este caso, ambos impactos son identificados en el 65% de los casos.

A diferencia de América del Sur, Mesoamérica concentra 43 proyectos mapeados y concentra el 62% de los proyectos vinculados con ataques a individuos, afectando a 357 comunidades, pese a representar solo el 42% de los registros totales. Además, la alteración de la disponibilidad de agua y los problemas de salud son impactos sociales que prevalecen en el 55.8% y 53.5% de casos, respectivamente.

En esta zona de América, resalta la predominancia de conflictos mineros y de infraestructura, tal es así que, del total de proyectos de infraestructura registrados, el 74% está en Mesoamérica; mientras que la minería, es la segunda industria con más conflicto en la región, representando el 25% de los registros.

Publicado en Radio Temblor

Tomado de servindi.com – Servicios de Comunicación Intercultural

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