Menem y los delitos de lesa humanidad

Este fin de semana murió en Argentina el expresidente Carlos Menem, que gobernó entre julio de 1989 y diciembre de 1999. Fue el mayor artífice hasta entonces de lo que genéricamente se llama «neoliberalismo», concepto que no viene al caso debatir en este momento. A lo largo de su gobierno, al que llegó como máximo candidato del Partido Justicialista (peronismo), dejó innumerables heridas que son recordadas en estos días para acompañar la crónica de su muerte y de sus honores como jefe de Estado electo dos veces por voto popular. El siguiente artículo hace referencia a uno de los momentos más dolorosos del gobierno de Menem, al indultar a militares y civiles relacionados con la violencia política de las últimas décadas en Argentina. Entre los indultados estaban los máximos genocidas que conoció la historia reciente de América Latina.

El texto fue publicado por Revista Cítrica, una cooperativa de periodistas de Argentina.

NEOLIBERALISMO NUNCA MÁS

Podríamos hablar de Río Tercero, Amia, Embajada de Israel, relaciones carnales con EEUU, contrabando de armas a Croacia y Ecuador, la venta del predio de la Rural, el uno a uno que derivó en corralito y después en la peor matanza contemporánea que vivió Argentina. El pacto de Olivos, el neoliberalismo, la Carpa Blanca docente, las marchas de los jubilados, Norma Plá, la pizza con champán, la Bonaerense, la cocaína, José Luis Cabezas, la pobreza, desocupación, informalidad laboral y criminalidad crecientes, privatizaciones de empresas y fondos estatales, despidos masivos, protestas, marchas y represiones. También de corrupción al palo, La Corte Suprema adicta de 9 miembros, la Reforma Constitucional del 94, la autonomía de CABA, recesión económica, el aumento de la deuda externa, el Plan Bonex, el Swiftgate, Terence Todman, la renuncia de todo el gabinete, de José Luis Manzano diciendo «yo robo para la corona», de Corach, Ruckauf, Cavallo, Erman González, Camilión, Rapanelli, Triaca, Dromi, Decibe…
Pero decidimos poner la lupa en esto:
El 7 de octubre de 1989 el presidente Menem sancionó cuatro decretos indultando a doscientos veinte militares y setenta civiles.
Decreto 1002/89: indultó a todos los jefes militares procesados que no habían sido beneficiados por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, excepto el exgeneral de división Guillermo Suárez Mason, que había sido extraditado de los Estados Unidos.
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Decreto 1003/89: indultó a líderes y miembros de los grupos guerrilleros y otras personas acusadas de subversión, entre ellas personas que se encontraban muertas o «desaparecidas». También indultó a militares uruguayos.
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Decreto 1004/89: indultó a todos los participantes de las rebeliones militares carapintadas de Semana Santa y Monte Caseros en 1987 y de Villa Martelli en 1988.
Decreto 1005/89: indultó a los exmiembros de la Junta de Comandantes Leopoldo Galtieri, Jorge Isaac Anaya y Basilio Lami Dozo, condenados por los delitos cometidos en la conducción de la Guerra de las Malvinas.
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El 29 de diciembre de 1990 el presidente Menem sancionó otros decretos indultando -entre otros- a:
Decreto 2741/90: indultó a los exmiembros de las juntas de comandantes condenados en el Juicio a las Juntas de 1985 Jorge Rafael Videla, Emilio Massera, Orlando Ramón Agosti, Roberto Viola, y Armando Lambruschini. Indultó también a los militares condenados en crímenes de lesa humanidad Ramón Camps y Ovidio Riccheri.
Decreto 2745/90: indultó al exministro de Economía José Alfredo Martínez de Hoz procesado por participación en los delitos de lesa humanidad (secuestro y torturas) contra Federico y Miguel Ernesto Guthein.
Decreto 2746/90: indultó al exmilitar Guillermo Suárez Mason por delitos de lesa humanidad.
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En 2003 el Congreso declaró la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. El 15 de junio de 2006 la Cámara de Casación Penal consideró que los indultos por delitos de lesa humanidad eran inconstitucionales. El 31 de agosto de 2010 la Corte Suprema de Justicia confirmó sentencias de tribunales inferiores, dictando que los indultos no fueron constitucionales y las condenas que anularon debían ser cumplidas.

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