Maltratos físicos, abusos sexuales, psicológicos y corrupción, es la escena de los albergues en Panamá, presentada a través de un informe desde el año 2015 por un equipo de Diputadas de la Asamblea Nacional.

Un detallado informe de 700 páginas elaborado por la Comisión de la Mujer, Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional, se presentó al Ministerio Público.

Allí se detallan las horrendas violaciones a los derechos humanos cometidas contra los niños/as y adolescentes, quienes provienen de hogares en situaciones de extrema pobreza o en riesgo social.

Tales atrocidades se cometían en los albergues que están bajo la supervisión de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Senniaf).

En el informe se detallan algunos aspectos: “En la investigación de campo constatamos que existen evidencias concretas de abusos, violencia y maltratos físicos a niños, niñas y adolescentes albergados, sobre todo cuando tienen alguna condición de discapacidad intelectual».

La población de niñas, niños y adolescentes albergados con discapacidades, en base a las entrevistas realizadas a los administradores, no recibe atención especializada.

Existe una falta de protocolos de abordajes de situaciones, manuales de intervención, diagnósticos y evaluación, por parte de las organizaciones que administran estos espacios.

«La mayor parte de los albergues que visitamos están regentados por fundaciones, oenegés y organismos de corte religioso», señala el informe.

«Los (albergues) de denominación evangélica superan a las católicas. Descubrimos que muchos de los albergues operan sin permiso de funcionamiento o con permisos provisionales», agrega.

Advierte el informe que «a lo largo de la investigación descubrimos que a nivel nacional aparecen albergues en funcionamiento sin que SENNIAF supiese de su existencia”.

Se conoció también que en los albergues utilizaban los cheques de la beca universal de los niños sin rendir informes de su uso, mientras en varios de estos albergues no tenían internet ni estaban recibiendo las clases virtuales.

Lo que más ha indignado al pueblo panameño es cómo el gobierno de turno ha manejado este caso, encubriendo figuras del partido actual, otro caso más de corrupción que se suma a la larga lista.

Justo antes que estallara en los medios de comunicación, se remueven las principales autoridades de la institución: la subdirectora Carla García ahora es la Gobernadora de la provincia de Panamá y la anterior directora Sara Rodríguez.

Al silencio sepulcral del presidente Laurentino Cortizo ante un hecho que, mínimamente, debió pronunciarse de manera inmediata, se le suma la reacción tardía y contradictoria de la Directora actual.

La funcionaria manifestó que cerraron ocho albergues por irregularidades y, al ser cuestionada por los medios sobre estas irregularidades, afirmó que no se encontraron.

Ante estos actos repudiables, se han realizado protestas en las afueras de la sede del Senniaf en la capital panameña y en las provincias.

Escuchemos declaraciones de la diputada independiente Walkiria Chandler, integrante de la Comisión de la Mujer, Niñez, la Juventud y la Familia de la Asamblea Nacional:

Informe: Dania Betzy Batista Guevara

Foto: Nathanael García. Protesta en la Placita San Juan De Dios, Ciudad de Santiago de Veraguas.

Publicación original: Radio Temblor Internacional

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