La dictadora y expresidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, y algunos de sus ministros fueron detenidos esta madrugada de sábado acusados de sedición, terrorismo y conspiración, durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019.

Áñez hizo uso de su derecho de no declarar ante la Fiscalía y permanecerá en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz.

Allí esperará que se defina su situación judicial tras la acusación de haber participado en el golpe que sacó del poder a Morales.

La autoproclamada presidenta en noviembre de 2019 fue detenida en su domicilio en Trinidad, capital del departamento Pando, y trasladada en avión a La Paz.

Allí, un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares, por la gravedad de los hechos imputados y ante la presunción de que podrían fugarse del país.

La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin esposas y escoltada por el actual ministro del Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías.

La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra Áñez y sus exministros Arturo Murillo, Yerko Núñez, Álvaro Coímbra, Fernando López y Rodrigo Guzmán, este último aprehendido en el departamento de Beni.

Esta orden se suma a otras similares emitidas esta semana contra civiles y militares en el marco de la investigación por el sangriento golpe de Estado registrado en noviembre de 2019 contra el presidente Evo Morales.

De acuerdo con la imputación fiscal existen los suficientes elementos de convicción respecto a la probable participación de los sindicados en los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

Asimismo, la orden de aprehensión establece el riesgo procesal de fuga debido a que los mencionados cuentan con un flujo migratorio activo, tal cual establece el certificado migratorio.

Estos documentos migratorios muestran en “extremo que acredita la facilidad que tienen de abandonar el país, lo que hace concurrente este riesgo procesal”, indica el documento que reproduce la Agencia Boliviana de Información (ABI).

También detalla que concurre el riesgo de obstaculización del proceso, tomando en cuenta que “al presente el Ministerio Público no ha acumulado prueba documental referente al caso, como son los registros que hubiesen firmado las ordenes del día en que se hubiese generado, donde se establezcan las circunstancias y las personas que directa e indirectamente participaron en la reunión de fecha 10 de noviembre de 2019 cuando se pidió la renuncia del presidente Evo Morales”.

“La obstaculización en el presente caso está fundamentada debido a que en la reunión (…) se identifican a otras personas como el Gral. (Williams) Kaliman así como el Gral (Sergio) Orellana, quienes al presente no han declarado”, refiere la imputación.

En la semana, la Fiscalía de Bolivia ordenó la captura del excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Williams Kaliman, y otros altos jefes militares y policiales por su participación en el sangriento golpe contra Evo Morales.

La noticia en audio (Voz: Salvatrice Sfilio)

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