Dilemas del Frente Amplio en Uruguay

La mano de Mario Irarrázabal. Escultura ubicada en Punta del Este, Uruguay.

Tabaré Vázquez tiene este año dos desafíos centrales: revertir una situación económica compleja y ubicarse en un panorama regional en ebullición.

Atrás quedaron los años de bonanza económica y alto crédito social. La regresión operada en varios países y la parálisis del Mercosur dejaron en situación de incertidumbre y debilidad a gobiernos como el de Uruguay, que quedaron a mitad de camino entre los procesos políticos de izquierda y el incipiente bloque que forman los nuevos dirigentes de derecha subordinados a Washington.
Para el año en curso el Gobierno se propuso tres objetivos principales: firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) con China; facilitar la instalación de la tercera planta de celulosa y de la regasificadora, un emprendimiento que está bajo la lupa de la oposición y ha perdido fuerza; abrir nuevos mercados para las exportaciones y atraer inversiones. Con el fin de avanzar en esta agenda, el 6 de febrero el presidente Tabaré Vázquez iniciará una gira con empresarios y sindicalistas por Alemania, Rusia y Finlandia.
En la política interna, el eje está en la propuesta presupuestal que debe aprobarse para el resto del período presidencial (culmina en 2020), ya que se había optado por armar un presupuesto sólo para el bienio 2016-2017.
El año pasado el Poder Ejecutivo quiso recortar partidas para la educación, lo que generó desacuerdo con la bancada parlamentaria. El debate fue finalmente zanjado con la intervención del propio Presidente. El ministro de economía, Danilo Astori, dijo que la expectativa es que el país tenga un crecimiento levemente superior al 0,5%. “Estamos cautelosamente confiados” comentó.
Pero ahora la novedad radica en que el Frente Amplio perdió en Diputados el voto 50 que le daba la mayoría, lo que obligará a realizar febriles negociaciones. Esto se entremezcla con dos ingredientes que van casi de la mano: la necesaria renovación de los máximos referentes (Vázquez, Mujica, Astori) y el trabajo con vistas a las próximas elecciones nacionales en 2019. Sobre fin de año –en variados encuentros– determinados actores plantearon posibles encuentros de la “tríada” para examinar la marcha del Gobierno y otros asuntos.

Mínimo crecimiento y derecha envalentonada

Los números de la economía, aunque marcan más bien una situación de estancamiento que de crecimiento, dan un poco de respiro al Gobierno en un contexto donde la situación de Brasil y Argentina comenzó a dar ánimo a la oposición de derecha, que sueña con su retorno. Hasta el momento, sólo golpea en temas complejos y de alta sensibilidad como la seguridad, la educación (ver recuadro) y la denuncia de posibles episodios de corrupción, instalando la idea que la izquierda no está vacunada contra ella.
Es verdad que Uruguay es un país relativamente seguro, cotejado con sus pares de América Latina. No obstante se observa cierto deterioro en la materia. Ahí machaca la derecha, que resuelve el asunto alimentando miedos y exigiendo mayores penas. Cabe resaltar que con tres millones 300 mil habitantes, el país tiene 10 mil presos, que equivalen al 0,3% de la población.
Ahora la oposición da un paso más y pide la renuncia del ministro del Interior, lo que por extensión es un disparo al ex presidente José Mujica, ya que Eduardo Bonomi pertenece a su organización, el Movimiento de Participación Popular (MPP).
La educación es otro espacio de disputa donde, por otro lado, el Gobierno también recibe críticas “por izquierda” desde el movimiento social y sindical. La oposición de derecha acusa que se vuelcan muchos recursos sin que haya resultados tangibles, aunque la inversión no llega al 6% del PIB, promesa aún incumplida el FA.

Desafíos sociales

El año pasado el Gobierno pudo cerrar las negociaciones salariales, particularmente con el potente sindicato de la construcción, Sunca. De todas maneras la central obrera Pit-Cnt vislumbra que en 2017 el Gobierno vivirá una disyuntiva clave: si no grava al capital no podrá cumplir sus compromisos. “Nosotros vamos a pelear para que en la educación haya una inversión del 6% del PIB, convencidos de que sólo con presupuesto no se arregla el problema educativo, pero sin presupuesto es imposible arreglarlo”, dijo Fernando Pereira, presidente de la central sindical. Agregó que no es posible que un maestro gane 23 mil pesos (menos de mil dólares).
El Pit-Cnt ya entregó al Gobierno sus propuestas de modificaciones tributarias y acordó con los funcionarios y las patronales la convocatoria del Consejo Superior de Trabajo.
Otro asunto en el que se ha avanzado poco, y desde donde las organizaciones defensoras de los derechos humanos cuestionan al Gobierno, es la investigación de las causas de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura cívico-militar.
En la cara opuesta, una apuesta fuerte del presidente Vázquez es la inversión millonaria –unos 12 mil millones de dólares– prevista para mejorar la infraestructura vial, muy deteriorada por el uso de grandes vehículos, falta de mantenimiento y casi inexistente servicios de trenes de carga. Esta inversión moverá la economía, si se concreta, y reactivará la construcción.
A ello hay que agregar modificaciones en las escalas del Impuesto a las Retribuciones Personales que abonan los trabajadores: subió la franja salarial a partir de la cual se tributa. Ahora se paga a partir de de los 50 mil pesos mensuales (1.660 dólares).
De todas maneras el escenario luce complejo. Concretar los planes diseñados, recuperar iniciativa política, armonizar el diálogo con la fuerza partidaria, su militancia y bases de sustentación social, ahora que se ha perdido la mayoría en la Cámara de Diputados, son los pilares que determinarán la dinámica del año y la evaluación que se hará del gobierno nacional. Todo ello mirando de reojo la situación regional y mundial.

Desde Montevideo,
Darío Rodríguez Techera

Seguridad y educación, los temas de la oposición

La seguridad polariza políticamente el escenario. El Gobierno, al igual que en la educación, invirtió muchos recursos y, en este caso, ha dado continuidad al ministro del Interior, Eduardo Bonomi. La derecha hace foco en los delitos de menores, un problema agravado por los fracasos de los organismos a cargo de la rehabilitación.
En enero, tras diversos cambios operativos en la policía nacional y la creciente incorporación de tecnología –vigilancia aérea incluida– y mejora salarial del personal, el Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad mostró bajas en algunos delitos, particularmente homicidios y rapiñas de fuerte preocupación ciudadana.
El Ministerio del Interior destacó que “los homicidios registraron una baja del 9,6% respecto a los cometidos en 2015 (265 frente a los 293 de aquel año). Ello representa una tasa de 7,6 homicidios cada 100 mil habitantes, lo que ubica al país por debajo de la tasa promedio mundial (8/100 mil habitantes), y un descenso significativo respecto a la tasa registrada en 2015 (8,5/100 mil habitantes)”. Marcan que en la capital del país fue mayor la baja de este delito y lo atribuyen al impacto ocasionado por el Pado (Programa de Alta Dedicación Operativa), que se aplica en la zona metropolitana.
Por otra parte, las rapiñas decrecieron un 3,7%. Bajó un punto más en el área metropolitana, Canelones y Montevideo.
La educación es otro campo de fuertes debates. En la última interpelación realizada por la oposición a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, se pudo ver que se parte de diagnósticos diferentes y de concepciones disímiles.
Rezagado por años, el sistema educativo requiere mayores recursos, examinar gastos, mejorar salarios y hacer foco en el modelo que se quiere impulsar. La educación pública no puede suplir políticas sociales, enmendar fractura social, carencias de todo tipo de los sectores más postergados. Si bien es cierto que se ha bajado la cantidad de asentamientos irregulares y que en muchos de ellos se ha mejorado la infraestructura y otros servicios, sigue habiendo 589 asentamientos irregulares, donde residen 165.271 personas. El 78% de estos uruguayos viven en asentamientos ubicados en Montevideo y Canelones. Las políticas sociales, que le han dado una impronta al Gobierno, no han permeado el “núcleo duro” de la pobreza.
Parte de los problemas, que no hay que minimizar, tienen que ver con el mejoramiento de la infraestructura. El Gobierno señala una fuerte inversión y la construcción de decenas de Centros de Atención a la Infancia y la Familia (Caif) en el quinquenio en curso. Esto enmarcado en su nuevo “buque” insignia, el sistema nacional de cuidados que prioriza a la primera infancia y los adultos mayores.