Telecomunicaciones: Clarín y Telefónica disputan el mercado argentino

El Gobierno abrió la competencia entre el grupo argentino y la empresa española. Ambos podrán expandirse y brindar servicios de telefonía móvil, fija, televisión e internet. Más concentración.

El pasado 30 de diciembre, último día hábil de 2016, el presidente Mauricio Macri firmó el Decreto 1340/16 que determina cambios estructurales en la legislación sobre telecomunicaciones de Argentina y bajo el paraguas de la “convergencia tecnológica” favorece una mayor concentración del mercado en manos de dos oligopolios: Clarín y Telefónica. Mientras tanto, el anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes sigue discutiéndose en comisiones del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom), organismo creado hace un año por el gobierno de Cambiemos.
El comunicado oficial del Ministerio de Comunicaciones presentó el decreto como “reglamentario” de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (2009) y la Ley de Telecomunicaciones (2014), sancionadas durante el gobierno de Cristina Fernández. El ministro Oscar Aguad aseguró que la nueva norma define “reglas claras para que el mercado de las telecomunicaciones se desarrolle en condiciones de competencia y las empresas hagan inversiones que lleven trabajo y conectividad a todo el país”.
En lo concreto, el decreto tiene como objetivo “fijar las condiciones básicas para alcanzar un mayor grado de convergencia de redes y servicios en condiciones de competencia, promover el despliegue de redes de próxima generación, facilitar la penetración del acceso a internet de banda ancha en todo el territorio nacional y mejorar la calidad y cantidad de servicios de comunicaciones móviles para la convergencia”.

Puntos claves

De la lectura detallada de cada uno de los artículos que componen el decreto se desprende que:
• Autoriza a las empresas telefónicas a brindar televisión por cable, salvo en las localidades de menos de 80 mil habitantes. Esta reglamentación pretende proteger a las cooperativas del interior, mientras que le permite a Telefónica, Telecom y Claro ingresar a partir de 2018 a las grandes ciudades a ofrecer televisión por cable.
• El Grupo Clarín (que provee internet y televisión por cable) podrá formalizar la compra de licencias del espectro de banda 2.5 Ghz para usarlo con Nextel, empresa recientemente adquirida que tiene 2% del mercado de telefonía móvil; y en menos de dos años tendrá la posibilidad de dar internet 4G en las grandes ciudades. Esto posibilita que cuente con la ventaja de comenzar a brindar cuádruple play (telefonía fija y móvil, acceso a internet, televisión digital).
• Autoriza a las empresas de televisión satelital a proveer internet por satélite. Esto implica que DirecTV (de la estadounidense AT&T) pueda brindar internet y entrar en el mercado de cooperativas. Según abogados especialistas en telecomunicaciones esto contradice la regulación anterior, promovida al inicio del gobierno de Cambiemos (Decreto 267/15) para desbaratar la política de telecomunicaciones del kirchnerismo.
• Además, el decreto le otorga a los operadores que construyan redes de última generación la protección por 15 años de última milla (tramo final que llega al usuario) para banda ancha. Esto significa un bloqueo de la competencia en el servicio que llega a los usuarios, en un plazo inédito en el mundo. Si bien es una medida que puede ser auspiciosa para inversores, no beneficia a los consumidores, que quedarán presos de los precios del prestador del servicio durante 15 años. Sólo Telefónica y Clarín estarían hoy en condiciones de construir estas redes.

Convergencia y competencia

Sin pasar por el Congreso de la Nación el decreto presidencial justifica la medida con la excusa de adecuar la legislación a las nuevas tecnologías.
Hoy el Grupo Clarín posee el 40% del mercado de televisión por cable a través de Cablevisión, seguido por Direct TV (31%), Supercanal (7%) y Telecentro (6%). En la telefonía fija, Telefónica es el actor dominante con el 45% del mercado, seguido por Telecom (39%). Pero hay una particularidad: Telecom es hoy controlado por el Fondo Fintech, de David Martínez, que a su vez es socio en una porción minoritaria de Clarín en Cablevisión.
La telefonía celular presenta un esquema de tres grandes empresas con partes iguales de mercado: Claro (34%), Telefónica (32%) y Telecom (31%). En cuarto lugar aparece Nextel, recién adquirido por el Grupo Clarín. Algo similar ocurre con la banda ancha fija: el 28% del mercado es dominado por Fibertel (Grupo Clarín), Telefónica tiene 27% y Telecom 26%. La diferencia en este segmento es que existen numerosas cooperativas en el interior del país que brindan el servicio.
A mediados de 2016 Arsat, la compañía estatal de satélites, se presentó como un proveedor de internet mayorista comprometiéndose a través del Plan Federal de Internet a establecer una tarifa base para bajar los precios en aquellos lugares donde existía un solo oferente privado y a brindar el servicio de última milla (conexión al usuario) donde no hubiera proveedores.
En un mercado con una marcada concentración, el gobierno argentino propone acordar con los protagonistas del sector cada reglamentación, bajo la premisa de que a menor intervención del Estado mayor es la posibilidad de que lleguen inversiones, haya más competencia y mayores beneficios para los usuarios. Sin embargo, en el esquema argentino, donde sólo son atractivas para las empresas cuatro áreas metropolitanas del país (Gran Buenos Aires, Córdoba, Rosario y Mendoza), esta política tendrá dificultades para atraer nuevas inversiones. Hasta ahora se limita a proteger y otorgar ventajas a Telefónica y Clarín, que se trenzarán por ver quién predomina en un mercado que –debido a la convergencia tecnológica– obliga a que ambos avancen sobre el negocio del otro.
Según el decreto del gobierno de Cambiemos, el propósito es “proteger a los usuarios de prácticas anticompetitivas”. No obstante, esta regulación avanza en la posibilidad de que Telefónica y Clarín se expandan hacia una competencia mutua.
Mientras las tecnologías convergen, las voluntades políticas se muestran dispares y el anteproyecto de Ley de Comunicaciones Convergentes prometido por el presidente Macri en marzo de 2016 continúa sin ver la luz.

Desde Buenos Aires,
Iván Gómez

Libertad de expresión versus libertad de empresa

Alentar a una mayor concentración de los medios atenta contra el derecho a la libertad de expresión. Así lo plantea la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (2000) al afirmar que “los monopolios u oligopolios en la propiedad y control de los medios de comunicación deben estar sujetos a leyes antimonopólicas por cuanto conspiran contra la democracia al restringir la pluralidad y diversidad…”. En Argentina, en línea con la jurisprudencia americana, la Corte Suprema de Justicia señaló en 2013 a la concentración de medios y tecnologías de la información en pocas manos como una de las amenazas indirectas a la libertad de expresión del conjunto social.
Tres días después del polémico decreto 1340, el Enacom permitió a entidades públicas no estatales (a las que les corresponde por ley un tercio de las frecuencias del espectro radioeléctrico) acceder a las frecuencias para la televisión digital abierta (TDA). La resolución incluyó a las señales Barricada TV, el Canal de la Villa 31, la Cooperativa de Trabajo Pares Limitada y la Cooperativa de Trabajo Martín Castelucci Televisión Limitada.
Este grano de arena en un mar revuelto de grandes buques parece dar aliento a aquellos pequeños protagonistas de medios alternativos que hace años sostienen espacios fuera del circuito comercial.