Entre las protestas por el gasolinazo y los embates de Trump

Miles de personas salieron a las calles para manifestarse contra el Gobierno

El aumento de los combustibles desató marchas en todo México y expandió el rechazo al Presidente. Las nuevas amenazas de Estados Unidos afectan la economía de un país con mayoría de pobres.

Dos hechos sacudieron al territorio mexicano en el inicio de 2017: las fuertes protestas y movilizaciones en rechazo al aumento de los precios de la gasolina que rigen desde el 1 de enero y la asunción del nuevo presidente de Estados Unidos, el 20. Ambas minaron la credibilidad y los apoyos del ya cuestionado presidente, Enrique Peña Nieto.
El otro frente que afecta al gobierno del PRI es el económico, íntimamente relacionado con los dos anteriores. Según datos nacionales, entre 2008 y 2015 la pobreza pasó de 44,3% a 46,2%, pero según la organización latinoamericana Cepal la mayoría de los mexicanos ya es pobre –53,2% al terminar 2014– y uno de cada cinco es indigente (20,6%). Una de las causas de esta tragedia social es que México es el único país de América Latina donde el salario mínimo legal está por debajo de la línea de pobreza, aunque tiene una de las economías más desarrolladas de la región. Pese a esta situación, en los últimos dos años Peña Nieto recortó programas dependientes de la Secretaría de Desarrollo Social en 9.292 millones de pesos (434 millones de dólares).
Es sobre este delicado cuadro social que el aumento de los precios de las gasolinas y el diesel entre 14% y 20% disparó la indignación de amplios sectores de la población en todo el país, que se movilizaban de manera sostenida hasta el cierre de esta edición. Junto a las marchas pacíficas también se registraron saqueos en unos 800 comercios y hechos violentos, algunos de los cuales fueron motorizados por autoridades estatales, según pruebas evidentes difundidas por internet. Hubo al menos seis muertos y más de 1.500 detenidos.
Bloqueos de carreteras, vías de tren, gasolineras y oficinas de Petróleos Mexicanos (Pemex), fueron algunas de las medidas tomadas principalmente por transportistas y organizaciones campesinas, en manifestaciones que se expandieron rápidamente al conjunto social bajo la consigna “¡Fuera Peña Nieto!”.

Presidente debilitado

Pese a los intentos por explicar la medida y los anuncios de políticas compensatorias, la imagen gubernamental quedó seriamente dañada. Según una encuesta publicada en enero por el periódico Reforma, la aprobación de Enrique Peña Nieto es de apenas 12%.
El sentimiento generalizado es que se trata de un gobierno corrupto, aunque esa visión se extiende a toda la dirigencia política y los partidos tradicionales. Mientras unos pocos se enriquecen, el poder adquisitivo de las mayorías se derrumba y basta que una medida apriete más sobre estos magros ingresos para que explote la bronca social.
Además, los cambios en los precios de los combustibles terminan por repercutir en el conjunto de la economía y especialmente en rubros de la canasta básica como el transporte público y las tarifas de energía y gas. Por lo pronto ya fue aumentada la tarifa de energía eléctrica para industrias, comercios y una pequeña franja de hogares de alto consumo.
Este descontento llegó también a los empresarios y la Iglesia, que ven con preocupación el levantamiento de distintas poblaciones. La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) pidió “reconsiderar seriamente” el aumento de la gasolina, y la Confederación Patronal (Coparmex), que aglutina empresarios de todos los sectores, rechazó firmar el Acuerdo para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar que lanzó de apuro el Gobierno para calmar las aguas. “Los mexicanos necesitan urgentemente un liderazgo que ponga la mirada en los temas relevantes, que genere consensos sociales en todos los sectores, que verdaderamente coloque a México como prioridad”, le respondieron al Presidente. El bloque de poder quedó resquebrajado.
Detrás de estas tensiones está la enorme preocupación sobre las próximas decisiones políticas de Donald Trump. El anuncio de la automotriz Ford de cancelar una inversión de 1.600 millones de dólares en México antes del cambio presidencial llenó de preocupación a un país económicamente dependiente y subordinado a Washington.
La construcción “que pagará México” del muro fronterizo, un posible impuesto a las remesas, la renegociación de los tratados comerciales en beneficio estadounidense, la amenaza de imponer aranceles a exportaciones mexicanas, más las probables deportaciones masivas tienen en pánico a un gobierno que parece estar de rodillas ante el nuevo mandatario.