¿El último revés institucional para Fujimori tras la elección?
Más cerca de responder ante la Justicia por las causas de corrupción que de asumir la presidencia del Perú, Keiko Fujimori y la derecha que la acompaña agotó los pasos institucionales para ensuciar las elecciones en las que fue derrotada a manos del profesor Pedro Castillo.
Fueron cayendo una a una las jugadas para sostener su denuncia -sin pruebas casi un mes después de las elecciones- sobre un fraude en el balotaje presidencial del 6 de junio, que terminó con una ventaja de 44 mil votos para Castillo.
El jueves último, el gobierno rechazó el pedido de Keiko Fujimori de solicitar una auditoría internacional sobre el balotaje presidencial del 6 de junio, ya que eso violaría su «neutralidad» en el proceso electoral.
«En virtud del principio de neutralidad que debe respetar toda institución del Estado y encontrándose el proceso de elecciones generales en curso, no resulta posible jurídicamente atender el pedido formulado», señaló el ejecutivo.
En su respuesta, el ministro de Justicia, Eduardo Vega, acotó los caminos de la derecha: «las posibles irregularidades a las que hace referencia su carta, deben ser atendidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE)».
Recordó el funcionario que el JNE «viene evaluando y resolviendo las impugnaciones y pedidos de nulidad [de votos] formulados por las agrupaciones políticas». Como es bien sabido, todas las actas revisadas hasta el momento, no dejaron margen para la tesis golpista de la hija del dictador.
Otra dura derrota al golpismo fujimorista contra el triunfo de Castillo llegó desde la OEA cuando esta semana una «delegación» enviada por la candidata derrotada fue ignorada por el secretario general, Luis Almagro. Ni eso ocurrió.
Los intentos de Fujimori, aliada a fuerzas civiles y militares de extrema derecha, comenzaron al día siguiente de la segunda vuelta, con una conferencia donde denunciaron supuestas irregularidades que calificó de «fraude».
Luego, cientos de solicitudes de nulidad de actas que fueron desestimados por la junta electoral, dentro del marco institucional de Perú. La última etapa de revisión comenzó el lunes último.
A esto se sumaron otros recursos como campañas de desinformación en redes sociales y medios, cuestionamientos a la autoridad electoral, marchas y estigmatización de Castillo por ser de izquierda y por tener el apoyo de los sectores populares del Perú.
La palabra final la tiene el jurado electoral peruano que, casi un mes después de ocurrida la elección, nos recuerda que no tiene plazo perentorio para proclamar al vencedor. Castillo debe asumir como presidente el 28 de julio.
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